Alejandro Ordóñez: «Una tregua bilateral con las FARC sería un gravísimo error»

El procurador general de Colombia propone el 31 de diciembre como fecha límite del diálogo con la guerrilla

Alejandro Ordóñez (Bucaramanga, 1955), procurador general de Colombia desde 2013, asegura que la sociedad colombiana se ha vuelto escéptica frente al proceso de paz con las FARC por la postura de la guerrilla, que "sigue reclutando a niños, poniendo minas antipersonas y traficando con coca". En una entrevista con LA RAZÓN en Madrid, tras un acto en la Universidad Nebrija, Ordóñez afirma que el proceso tiene que tener una fecha límite que le correspondería fijar al Gobierno. Él sugiere el 31 de diciembre de este año. Considerado uno de los tres hombres más poderosos de Colombia, sostiene que la suspensión de las fumigaciones de las plantaciones en Colombia "va a inundar al país de coca".

-¿Qué supondría una tregua bilateral entre el Estado colombiano y las FARC?

-El cese bilateral implica una suspensión de las hostilidades durante la guerra. Ello quiere decir que las FARC se estaría blindando durante el término de la tregua. En Colombia hay antecedentes del cese bilateral. En el año 1980 hubo una cese bilateral en el Caguán. La consecuencia fue que la guerrilla multiplicó en cerca del 500% sus estructuras militares y a partir de ese momento, de ese fortalecimiento, empezó a tener la posibilidad de dar sustanciales golpes a la infraestructura del país, a las fuerzas militares y a la sociedad civil. Por tanto, una suspensión bilateral o una tregua bilateral sería una gravísimo error en medio de las hostilidades. Habría no un centro sino muchos centros de concentración de la guerrilla, lo cual generaría unas circunstancias muy similares a las del Caguán, pero multiplicado por diez o por quince. Lo que plantea las FARC es un cese bilateral para llegar a un armisticio, es decir, para no entregar las armas. Lo que la sociedad colombiana quiere es que haya un cese bilateral definitivo e irreversible una vez se firme en La Habana, pero no el cese bilateral que plantean las FARC, que es un cese para llegar a un armisticio, es decir, para continuar con el enfrentamiento sin entregar las armas.

-Parece que la firma de la paz con las FARC es casi algo irreversible. ¿Cree que las FARC podrían levantarse de la mesa?

-No sé si las FARC van a asumir esa conducta. Lo que me preocupa son las exigencias de las FARC de absoluta impunidad. Esa es una línea roja que el Estado colombiano no puede transgredir. El presidente, pública y privadamente, ha dicho que no va a conceder la impunidad absoluta que piden las FARC. Yo creo al presidente, salvo que pase lo contrario.

-¿Cuál sería un grado de impunidad razonable para usted, entre cinco y siete años de cárcel como pasó con los paramilitares tras la Ley de Justicia y Paz?

-Yo pienso en impunidades razonables, que son penas mínimas. La casación de esas penas estará dentro de la prudencia gubernativa, necesaria para evitar llegar a escenarios de impunidad absoluta. El Gobierno lo sabe y así se lo ha notificado la Corte Penal Internacional, que no va a admitir penas simbólicas y menos ausencia de cárcel. Nosotros tenemos la experiencia de la Ley de Justicia y Paz a la que usted se refiere. Puede ser más o puede ser menos, pero tienen que ser penas privativas de la libertad.

-¿Las FARC podrían haber sido derrotadas por la fuerza sin un proceso paz?

-Yo creo que sí. Si se mantiene la presión militar que se mantuvo durante muchos años, donde las FARC pasaron a la defensiva y fueron replegada, se hubiera obtenido, si no la derrota definitiva, sí unas más fáciles negociaciones, porque las FARC, al momento de iniciar las conversaciones, era una organización criminal diezmada.

-¿A qué se debe el cansancio de la opinión pública colombiana sobre el proceso de paz?

-Hay un escepticismo generalizado, que viene de la actitud de las FARC, porque siguen con el reclutamiento de niños, con las minas antipersona, traficando con coca, y mantienen los actos criminales contra la sociedad civil. Durante el cese unilateral murieron más de 30 militares y una buena cantidad de civiles. Por eso hay que relegitimarse, darle vigor al proceso para lograr que llegue a puerto seguro.

-¿Cómo se puede dar impulso a los diálogos de La Habana?

-Es indudable que se deben corregir los errores del proceso de paz. No puede ser un instrumento para dividir al país, sino para concitar la unidad nacional. Yo creo que el proceso de paz debe ser un escenario para que se escuche a toda la sociedad, incluidos los críticos del proceso. Es necesario ejercer un liderazgo para lograr concretar un pacto para la paz que comprometa a todos los colombianos. Y, desde luego, el presidente debería ejercer ese liderazgo y estar dispuesto a oír, a escuchar y a corregir. Porque el país está dispuesto. No hay un solo colombiano que no haya sufrido los horrores de la violencia. En los colombianos hay hastío de la violencia y desesperación. Las FARC no pueden pretender que el Estado y la sociedad se vayan a postrar a sus exigencias. Creo que el Gobierno y la opinión pública lo tienen suficientemente claro. Se equivoca las FARC si creen que con mayor violencia van a postrar a los colombianos.

-Uno de los pilares del proceso de paz son las víctimas. Usted dice que el proceso de paz "va a ser algo dramático"para ellas.

-El centro del proceso no pueden ser los victimarios, sino las víctimas. Las víctimas tiene derecho a al verdad, a la justicia y a la reparación, al máximo de verdad, a medios de reparación y a mínimos de justicia. No se puede pretender que la justicia sea meramente restaurativa, es necesario no olvidar que la justicia retributiva le concede legitimidad a la justicia restaurativa. No basta conceder la verdad y repararla. Las FARC no pueden pretender negar su condición de victimaria, debe reconocer su responsabilidad en crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad y genocidio, y no lo han hecho. Y reparar con sus dineros, porque la mayor fortuna que existe en Colombia y en Latinoamérica, creo que es la de las FARC. Con el narcotráfico y la minería ilegal han construido una fortuna. Ese dinero es de las víctimas. Y si no es así estaremos ante la más grande operación de lavado de activos. No olvidemos que el secuestro, la extorsión y el reclutamiento de niños son instrumentos que las FARC han escogido para sus acciones criminales.

-De los más de ocho millones de hectáreas desposeídas, sólo algo más de 20.000 hectáreas han sido restituidas judicialmente. ¿La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras aprobada en 2011 ha sido efectiva?

-Tiene muchas falencias. Ha sido un instrumento y una política pública concebida para reparar a las víctimas del despojo. Ha venido funcionando con mucha precariedad. La Procuraduría ha sido muy activa en esa materia, se han presentado numerosos inconvenientes en el cumplimiento de las sentencias porque se han presentado estrategias por parte de algunos despojadores a efectos de impedir el cumplimiento de las sentencias, así como estrategias de falsos afectados. Son temas en los que el Estado colombiano debe realizar las correcciones necesarias a efectos de lograr que realmente les repare a quienes realmente fueron afectados.

-¿Existe una persecución política de los miembros del uribismo por parte de instancias judiciales?

-Es un tema muy dramático de expresar. Realmente, con los roles que tengo yo prefiero no expresarme. En eso hay mucho debate en Colombia y ya están acudiendo a la justicia internacional. Yo soy parte de esos procesos y prefiero no hablar.

-El Gobierno ha disminuido la fumigación de los cultivos de coca. ¿Qué efectos prevé usted?

-Vamos a estar inundados en coca. Creo que no se ha calibrado esa medida. Se ha tomado con premura y, por tanto, ha sido improvisada. Se tendría que haber diseñado previamente la estrategia para reemplazar el glifosato (un potente herbicida). Ahora se está pensando en la estrategia para escoger el instrumento que va a reemplazar a la fumigación, pero el impacto va a ser dramático porque va a haber más coca. Si resulta eficaz la interdicción aérea -que es lo que se dice que se va a hacer- se buscará el mercado interno. Y hoy en día, Colombia no sólo es productor sino que es consumidor, y eso tendrá implicaciones sociales, relativas al fortalecimiento de la delincuencia urbana y a la seguridad ciudadana. Si se ha notado con la reducción de la fumigación en los años anteriores, cómo será sin la fumigación. A algunos sectores les ha escandalizado lo que he dicho, pero vamos a nadar en coca. Habrá un acceso mucho más fácil. Esto responde al desarrollo de una estrategia del Gobierno sobre la legalización de la droga. El Gobierno, desde hace varios años, se ha mostrado favorable a estos procesos legalizadores. La suspensión de la fumigación es parte de ello. Se va a incrementar el consumo de droga, y el consumo de droga reduce el rechazo social frente al consumo. Y es el presupuesto social necesario para derruir los obstáculos frente a la legalización. En Colombia se han hecho varios intentos de despenalización, pero siempre ha fracasado.

-¿Le sorprendió leer la noticia sobre los supuestos vínculos de militares y dirigentes venezolanos con el narcotráfico? En Venezuela se ha dicho que es un secreto a voces.

-Yo no tengo pruebas, pero ese secreto a voces es igualmente conocido en Colombia. La existencia de una triangulación entre los narcotraficantes colombianos, es decir las FARC, con los sectores venezolanos que se han denunciado en los medios de comunicación y los carteles de Jalisco de México.

-¿Hasta cuándo debería seguir negociando con las FARC el Gobierno colombiano?

-Ese es uno de los errores que cometió el Gobierno al iniciar el proceso, que está saliendo costoso. Llevamos dos años y medio de negociaciones públicas. El Gobierno dijo que duraría seis meses y pienso que debe colocar un término porque no se puede hacer indefinida esta incertidumbre que afecta la credibilidad institucional y que supone un desgaste para las mismas conversaciones de paz pero también un desgaste para la gobernabilidad. Usted me pregunta fecha; puedo decir el 31 de diciembre del presente año, pero eso le correspondería al presidente, que tiene que leer la realidad y leer las exigencias de la desazón de la opinión pública, que mucho tiene que ver con que estemos enfrentado a lo que en Colombia se llamó una vez resistencia frente al Estado dialogante, un Estado que dialoga permanentemente con la empresa criminal, que son las FARC. Nos estamos convirtiendo en un Estado dialogante con el delito, y esto genera precisamente el desconcierto en la sociedad. El Gobierno debe poner límites pronto.

-¿Quién está dividiendo al país con el proceso de paz, el Gobierno, el uribismo?

-Mire, ni el proceso es perverso per se, ni los críticos son enemigos de la paz. Ni lo uno ni lo otro.

-¿El enconamiento entre Santos y Uribe es insalvable?

-Hoy ya no es problema de Uribe y de Santos. Lo pudo ser inicialmente. Es un problema de cansancio de la opinión pública frente al riesgo del Estado dialogante. Una de las formas más fáciles de relegitimar al proceso es promoviendo un pacto para la paz, que incluya a los críticos del proceso. Es que se están oyendo pero no escuchando. Es necesario, primero, que los críticos acepten las explicaciones cuando sean razonables, y que el Gobierno acepte las críticas y esté dispuesto a corregir. Este no es un problema entre la élite gobernante y la élite de una empresa criminal, las FARC, es de todos los colombianos. Entonces, obstinarse en dividir al país con esto, no. Esto no puede ser una imposición. Si se asume con esa actitud, ya estamos viento lo que está pasando.

-¿Cuánto tiempo necesitará Colombia para cicatrizar sus heridas si hubiera un acuerdo de paz definitivo?

-Imagínese. Las víctimas están dispuestas a aceptar dosis razonables de impunidad. No son las sanciones que deberían ser para crímenes de guerra, pero están dispuestas a admitir que en el tránsito de la guerra a la paz haya una dosis de impunidad, y si se logra esas penas mínimas con alta dosis de verdad y con reparación efectiva, pienso que eso sería un escenario fácil para lograr la concreción de la paz. En Colombia, algunos sectores judiciales creen que la justicia es un obstáculo para la paz, cuando la paz es el fruto de la justicia; el fundamento de la paz es la justicia. Si sacrificamos la justicia como quieren desafortunadamente algunos sectores judiciales, se indigna a las víctimas, es jugar con fuego. Aquí hay quienes creen, personas que ostentan altísimas funciones judiciales, que frente a los crímenes de guerra, trabajo social.

-Usted propone cárcel para los autores de crímenes de lesa humanidad, una pena que cumplirían en otros países con el fin de evitar que sufran venganza. ¿Es viable esa propuesta?

-Si el temor es que los maten y que los extraditen, se puede plantear que cumplan la pena privativas de libertad en un país extranjero.

-¿Podría ser España uno de esos países?

-Podría ser, ¿por qué no? España o cualquier país. Es una propuesta desde la sociedad civil.

-Usted dice que los mayores beneficiarios del cumplimiento de penas de cárcel serían los criminales de las FARC. ¿Por qué?

-La única forma de blindarse es esa, porque los estados ya no son soberanos en eso. Supongamos que finalmente hay impunidad absoluta, y a los tres años cualquier juez de Colombia, de España o de China no puede aplicarlo, incluso que el propio Gobierno podría no aplicarlo. Eso no da sostenibilidad. Mire lo que ha pasado en Argentina, El Salvador, Guatemala, Uruguay, Perú.

-¿El Gobierno ha variado de posición frente a las penas de cárcel para los criminales de las FARC?

-Sí, el Gobierno ha cambiado. Hubo una época que decía: "Toda la justicia que sea posible". Sólo se asumía la justicia retributiva, sólo con la verdad y con la reparación, nada de penas. Pero después le ha tocado variar subrepticiamente. Bienvenido. Se han dado pasos. Uribe también ha dado pasos, Santos también. Uribe habla ya de concentración de las FARC en zonas, de la participación política de la guerrilla, de una constituyente pare refrendar el acuerdo. Santos ya no habla de enemigos de la paz. El ministro del Interior habla de que Uribe es un patriota y de cárcel. Se han dado pasos esperanzadores, aunque que hay momentos explosivos. Yo creo que se tendrían que aprovechar las crisis para hacer rectificaciones.

-Usted ha destituido a más de 800 alcaldes, 18 gobernadores y 23 congresistas. Tiene fama de duro.

-Son los roles previstos por la ley, eso está desde la Constitución de 1991. La ley ha previsto fortalecer la Procuraduría y fortalecerla en todas sus misiones. Pero en lo que se refiere a lo disciplinario, le ha otorgado dientes para sanciones e inhabilitar a los funcionarios públicos. Ello no es por la persona sino por la función.