El desafío independentista
Andrés Rojo

Las otras Cataluña de Europa

Si las demandas del bloque secesionista son atendidas, aunque sólo fuera en parte, se mandaría un mensaje peligroso a los focos de nacionalismo disgregador que existen en Europa. Con el proyecto europeo en entredicho tras el terremoto del Brexit, Bruselas se juega su futuro tanto como España en la crisis desatada por los separatistas catalanes

Más alla de la lealtad institucional que se da por supuesta entre las autoridades de la Unión Europea y los dirigentes de los estados miembros, existe una razón de peso para que Bruselas y las principales capitales del continente hayan apoyado sin fisuras al Gobierno de España en la crisis desatada por desafío independentista. Y esta no es otra que una constelación de focos de nacionalismo que, en estado más o menos latente, perviven aún en Europa.

En una época marcada por los esfuerzos por salir definitivamente de la crisis económica, cualquier foco de inestabilidad es visto con preocupación por los dirigentes europeos. Los últimos acontecimientos en Cataluña han provocado fuertes caídas en el índice de referencia en España y en otros indicadores bursátiles europeos. Si las demandas de los independentistas son atendidas, aunque sea sólo en parte, desde el Gobierno central, el resultado ineludible será mandar un mensaje claro a todos los partidos nacionalistas del continente: se abre la veda de las reivindicaciones de independencia. Córcega, Flandes, la «Padania» en el norte de Italia y Baviera son únicamente algunos de los rincones de Europa donde el fuego del secesionismo se extendería.

Además, se da la circunstancia de que el proyecto de la Unión Europea, tras el terremoto provocado por el Brexit, se encuentra en un momento de encrucijada. Los líderes europeos quieren replantear la Unión para que vuelva a ser un proyecto atractivo. ¿Y cómo plantearse una mayor integración política si los mismos estados miembros luchan para no desintegrarse? A todas luces, en la crisis catalana no sólo es España quien se juega su futuro, sino también el suelo europeo.

En pleno desafío separatista catalán, el próximo domingo 22 de octubre las regiones italianas de Véneto y Lombardía celebrarán, por separado, un referéndum no vinculante para pedir más autonomía al Gobierno de Roma. Lo cual tendrá lugar tan sólo tres semanas después del referéndum inconstitucional del pasado domingo en Cataluña. Y las analogías son inevitables. Por esta razón, los Ejecutivos de las dos regiones italianas, ambas gobernadas por la Liga Norte, han querido lanzar un mensaje de tranquilidad reafirmando en más de uno ocasión que se trata de un referéndum «radicalmente diferente» al de Cataluña, ya que está «perfectamente en línea con la Constitución italiana» y «no pretende ninguna independencia».

En la opinión pública italiana, aun así, han surgido dudas acerca de si los referéndum del Véneto y Lombardía pretenden simplemente más autonomía en determinadas materias –sanidad, educación y medio ambiente, entre otras– o el comienzo paulatino de una independencia, justificable dentro de muchas décadas, a favor de la «Padania», la extravagante patria del río Po. Independencia latente o no, el pasado mes de febrero el Gobierno italiano de Paolo Gentiloni tuvo que impugnar una ley del Véneto que preveía reconocer su población como una «minoría nacional» presente dentro del Estado italiano.

Igualmente, ¿por qué el referéndum de Véneto y Lombardía no es inconstitucional? Porque la Carta Magna itálica prevé, en su Artículo 116, la posibilidad de un mayor grado de autonomía para las regiones que no disfrutan de un Estatuto especial, como es el caso de los territorios de Valle D’Aosta, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia-Giulia, Cerdeña y Sicilia.

Las dos consultas norteñas no serán vinculantes, no permitirán a ambas regiones tener un Estatuto especial y no cambiará el panorama de inmediato. Pero de ganar el «sí», el Gobierno regional véneto y lombardo podrán empezar sus conversaciones con el Ejecutivo italiano para ir encaminando un mayor grado de autonomía. Las votaciones, que tendrán lugar el 22 de octubre, costarán en total unos 64 millones de euros. La más cara de las dos será la lombarda, ya que sólo 24 millones de euros han sido destinados para la compra de 24.000 tabletas para votar por primera vez en esa región de forma electrónica.

La «Padania», inventada a caballo entre los años 80 y 90 y promovida entonces por el fundador de la Liga Norte, Umberto Bossi, supuestamente ya no tiene los mismos seguidores que hace dos décadas. El actual secretario general de la formación, Matteo Salvini, hoy ciñe su discurso más hacia el «federalismo» que hacia la «independencia», aunque esta última sigue siendo un objetivo más o menos latente entre muchos votantes «leguistas».

Córcerga es la única región, aparte de los territorios de ultramar, que dispone de un estatuto particular en Francia. Eso sí, de competencias bastante limitadas para su gobierno. Precisamente el pasado mes de junio, tras la llegada de Macron al poder, se eligió por primera vez a tres diputados nacionalistas de esta isla de 300.000 habitantes. Fue hace tres años cuando el Frente Nacional de Liberación de Córcega (FNLC) , que durante décadas llevó a cabo aproximadamente un millar de asaltos, atentados con dinamita y robos a mano armada contra bancos y estructuras turísticas, anunció que deponía las armas.

Desde finales de los años 90, la organización arrastraba fuertes disputas internas. Las distintas corrientes dentro de la organización llegaron incluso a enfrentarse en una «guerra abierta» en 1995, que acabó con 15 muertos y varios heridos. El 25 de junio de 2014, mediante un comunicado de 14 páginas, el FLNC anunció a los medios de comunicación de Córcega su intención de abandonar la práctica de la lucha armada y el inicio de un «proceso de desmilitarización». Un año después, en 2015, una alianza de nacionalistas de perfil más moderado accedió al gobierno territorial. La Asamblea de Córcega lleva años reclamando que el corso sea reconocido como idioma oficial junto al francés y que la isla pueda dotarse de un estatuto fiscal específico. Pero París sólo ha ido accediendo a pequeñas concesiones. A partir de enero de 2018 se va a instaurar una colectividad única en sustitución de los dos departamentos actuales. Pese a que Macron ha destacado por su firme apoyo al estado constitucional unitario en España durante estas últimas semanas, la «excepción» francesa también vino de la isla: el pasado 22 de septiembre, la Asamblea regional destacó la «legitimidad incontestable del Gobierno de Cataluña». Los principales líderes nacionalistas corsos aplauden el viento a favor que puede otorgarles el desafío catalán. Siempre han mostrado un notable interés por la hoja de ruta independentista catalana. Sin embargo, se cuidan en explicar en los medios bastantes diferencias entre las décadas de experiencia autonómica catalana y sus instituciones y lo lejos que están ellos de eso. Los analistas coinciden en que la viabilidad económica sería complicada y que no existe una sólida mayoría nacionalista.

Jean-Guy Talamoni, el independentista corso del partido Corsica Libre que preside la Asamblea, ha señalado que no tienen previsto iniciar un pulso de desconexión con el Estado francés, pero siempre añadiendo que ese debate, tarde o temprano, también aquí llegará. La clase política francesa lleva años concentrada en estudiar las claves del avance del Frente Nacional. Varios analistas apuntan que por ello, apenas se ha reparado en los últimos éxitos electorales del nacionalismo .

El desafío independentista catalán ha devuelto a la sociedad alemana cuestiones zanjadas desde hace meses. «¿Sería posible que los bávaros se independizaran?», se preguntó ayer el periódico «Bild», para seguidamente responder con un «no» rotundo al «estar prohibido por la Ley y la Constitución germana». Una circunstancia de la que se sirvió el Tribunal Constitucional Federal el pasado mes de enero para desestimar el recurso presentado por el pro independentista Partido de Baviera para la celebración de un referendo de independencia en ese Estado federado. En su breve argumentación, el Alto Tribunal, con sede en Karlsruhe, señaló que en la Carta Magna alemana no caben «las aspiraciones secesionistas». Una decisión con la que se puso punto y final a la ambición de unos pocos que creen de verdad en la independencia de Baviera y que basan sus argumentos en la complejidad de una historia política a partir de la cual se desarrolló un sentimiento patriótico regionalista.

El independentismo bávaro tiene una larga trayectoria que en los últimos años ha desembocado no en una cuestión identitaria, sino en el rechazo a financiar a las regiones alemanas más humildes o en la animadversión contra las políticas de integración de la Unión Europea (UE). Antes de la unificación alemana en 1871, Baviera fue por un breve tiempo un reino independiente pero ya en aquel momento, muchos bávaros se sentían más próximos a la Austria católica, que a los prusianos protestantes. Más tarde, tras la Segunda Guerra Mundial, algunas voces pidieron la creación de la República Soviética de Baviera que no trascendió exceptuando pequeñas artimañas como la que en enero zanjó de un mazazo el Alto Tribunal. La batuta de este movimiento independentista residual la porta el Partido de Baviera. Una pequeña formación que en las elecciones municipales celebradas hace tres años logró sólo el 2,1% de los sufragios, que no tiene representación en ningún Parlamento germano pero que animada por la salida de Gran Bretaña de la UE empezó una campaña titulada «Libertad para Baviera».En ella remitió al derecho de autodeterminación de los pueblos que figura en la Carta de las Naciones Unidas para reclamar la independencia de Baviera y ahora está utilizando el desafío independientista catalán para hacer oír de nuevo sus demandas y dar su apoyo a los independentistas catalanes. Su líder, Florian Weber, tachó de vergonzoso el comportamiento de la UE y aseguró, desde la página web de su formación, que «los derechos fundamentales no deben ser objeto de ninguna conveniencia política» aunque como señaló ayer «Bild», solo un tercio de los bávaros –según una reciente encuesta–, estaría a favor de la independencia de este Land.

Fue hace más de una década, en diciembre del año 2006. Un programa de televisión en la cadena pública de habla francesa, RTBF, simuló la independencia de Flandes con el formato de un especial informativo que interrumpió bruscamente la programación habitual. Media hora después del comienzo del programa, un cartel anunciaba que se trataba de una ficción, con el objetivo de dinamizar un sano debate en el país. Ya era demasiado tarde. Muchas personas creyeron que era verdad. El propio primer ministro en esos momentos, el liberal Guy Verhofstadt, reaccionó airado. En el programa participaron numerosos rostros conocidos que dieron verosimilitud a lo que supuestamente estaba sucediendo: un periodista conectó con el Palacio Real para anunciar que el monarca por aquel entonces, Alberto II, había decidido huir a la antigua colonia del Congo, también aparecieron imágenes de ministros refugiados en el edificio del Atomium, trenes bloqueados en la frontera lingüística, la sede de la OTAN en alerta... En una de esas piruetas diabólicas del destino, el programa conectó con el eurodiputado de Esquerra Republicana Bernat Joan que felicitó a los flamencos y mostró sus deseos de que los catalanes, en un futuro, pudieran seguir el mismo camino. Como muestra de la idiosincrasia belga, los directamente concernidos, los flamencos, no se enteraron de nada ya que los medios de habla neerlandesa no se hicieron eco de la supuesta noticia.

Una década después, el principal partido nacionalista flamenco (N-VA) es una de los cuatro fuerzas de la coalición del Gobierno presidido por el liberal francófono Charles Michel y, ya sea por convicción o pragmatismo, ha abandonado ( no se sabe si temporalmente) sus ansías independentistas. El eje de su programa consiste en que el sui generis Estado Federal Federal Belga acaben convirtiéndose en un Estado confederal. Una opción que supone una continuidad lógica ya que el país en los últimos 50 años ha vivido seis reformas constitucionales que han ido desposeyendo poco a poco de competencias al Ejecutivo central. Flamencos (al norte del país y de habla neerlandesa y ricos ) y valones (francófonos, que viven al sur, y pobres tras una dolorosa reconversión industrial) comparten el mismo territorio en dos estructuras estatales prácticamente duplicadas. Hablan diferentes idiomas, ven programas de televisión distintos, van a diferentes universidades y colegios, se afilian a diferentes partidos, votan a diferentes fuerzas políticas (no hay partidos de implantación nacional) y como colofón, no tienen demasiado interés en conocerse. No hay apenas matrimonios mixtos y las tensiones separatistas parecen olvidadas. O al menos, adormecidas.

Outbrain