Impuesto de Sucesiones
La Razón

Las cuentas que «culminan» la legislatura

En Ciudadanoss asumen que el presupuesto de 2018 es probablemente el último antes de las próximas elecciones

Los dirigentes de Ciudadanos y del PSOE que comparecieron el miércoles en el Parlamento se congratularon por haber conseguido un acuerdo histórico con la exención del pago del impuesto de sucesiones a las herencias de hasta un millón de euros, una medida que abre las puertas al Gobierno de Susana Díaz para aprobar sin sobresaltos el Presupuesto de 2018. Ése fue el mensaje oficial, el más repetido, pero entre líneas quedó claro que éstas serán muy probablemente las últimas cuentas de una legislatura que llegará a término en 2019. Así lo asumen también internamente en Ciudadanos.

«Hemos dado un paso de gigante», deslizó el portavoz parlamentario del PSOE-A, Mario Jiménez, antes de que o bien le fallara el subconsciente o dijera lo que realmente quería decir: «Estas cuentas permiten culminar una legislatura». La frase esconde el meollo del pacto presupuestario porque ciertamente tanto Mario Jiménez como la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, y el líder regional de Ciudadanos, Juan Marín, presentaron un escenario de obra acabada, de legislatura conclusa. Ambas partes se han beneficiado en un reparto equilibrado del acuerdo de investidura, una situación que dista mucho de lo que ocurrió con el bipartito PSOE-IU entre 2012 y 2015. De una parte, la Junta ha conseguido una estabilidad que no abunda en el complicado tablero político actual, lo que permite a Susana Díaz seguir presentándose como una alternativa de calma institucional no sólo frente a Mariano Rajoy y al resto de autonomías, sino también –y sobre todo– frente a Pedro Sánchez. Conviene no perder de vista que la última batalla de la guerra entre los dos dirigentes aún está por librar. Ambos esperan a lo que ocurra en las próximas elecciones autonómicas y generales. Los dos esperan, como en un reto de resistencia, a ver quién cae primero. Así quedó claro en el XIII congreso regional del PSOE andaluz. En este sentido, no es casualidad que tras el oxígeno que le ha dado el pacto presupuestario, Díaz haya aprovechado el desafío catalán para retomar con más fuerza su discurso nacional. Mientras el PSOE se desmarca del PP en el Congreso en la defensa del Estado de Derecho y la actuación del Gobierno en Cataluña, la Junta mantiene un discurso claro sobre la aplicación del artículo 151 si finalmente la situación se va de las manos. Ésta es la otra oposición –a su propio partido– en la que Díaz sigue insistiendo. Y ahora, con un horizonte despejado hasta que lleguen las autonómicas, tendrá más margen para afanarse.

Ciudadanos, por su parte, se ha llevado del pacto presupuestario una potente munición electoral. La exención del impuesto de sucesiones a las herencias de un millón de euros es en sí mismo un eslogan de campaña. Además, con el doble efecto de que ha descolocado al Partido Popular, que lleva pidiendo desde hace más de una década –al menos desde 2004– la supresión de este tributo. Es cierto que la petición del PP es más ambiciosa porque aboga por la bonificación al 99 por ciento y la extensión a más grados de consanguinidad -hermanos y sobrinos-, pero con la reforma pactada entre PSOE y Cs el impuesto queda semienterrado. La paternidad, por muchas iniciativas que plantee ahora el PP, ya se la ha apuntado Ciudadanos. Éste será el galón político, la flor en la solapa, por los servicios prestados: el apoyo al Partido Socialista.

En el caso del bipartito PSOE-IU la situación fue muy distinta. La coalición de izquierdas se quedó dormida en el confort de sus tres consejerías. Se le pasaron casi tres años riñendo amistosamente al Gobierno andaluz para que sacara adelante algunas de sus medidas estrella como la Ley de Agricultura, la Ley de Renta Básica, el banco de tierras o la banca pública. Dieron el apoyo a los presupuestos de 2015 y, antes de que pudieran reaccionar, Díaz adelantó las elecciones autonómicas para aprovechar su mejor coyuntura política: IU pasó de 12 a 5 diputados, y se quedó en el cajón la mayor parte de sus reclamaciones. ¿Cuál es el legado de IU en el Gobierno bipartito? Quizá la ley antidesahucios que suspendió el Constitucional, pero la impronta es difusa. Diego Valderas, en la primera rueda de prensa que ofreció despojado de los galones de vicepresidente, se quejó de no haber metido antes presión. Cs ha evitado graves errores del pasado.

Ciudadanos ha rentabilizado la exención del impuesto de sucesiones más allá de lo que supone económicamente, que sólo alcanza los 83 millones. Una cifra menor teniendo en cuenta que el Presupuesto de 2018 volverá a superar los 30.000 millones. De hecho, la Junta se ha reservado una medida mucho más cuantiosa –casi 200 millones– como es la puesta en marcha de la renta mínima de inserción que por otra parte no es nada más que una redefinición del ingreso mínimo de solidaridad que ya existe. La campaña mediática ha contribuido a la mayor resonancia del logro del impuesto de sucesiones. Y a ejercer un un efecto sordina sobre otras muchas exigencias de Ciudadanos que corren el serio peligro de quedar arrumbadas. La más beneficiosa para Ciudadanos es la reforma de la Ley Electoral. Una medida a la que se comprometió personalmente Díaz en la reunión que mantuvo con Juan Marín el pasado 24 de mayo en el Palacio de San Telmo, así como a la supresión de los aforamientos. Cs también ha exigido leyes como la de Formación, la de Agricultura o la de Mecenazgo que salvo sorpresa no entrarán en vigor esta legislatura. De hecho, ni siquiera han iniciado el trámite parlamentario. Como difícilmente tampoco reducirá en un 25 por ciento la administración paralela, que fue otro de los compromisos entre los dos partidos. Muy al contrario, las subvenciones y transferencias para consorcios, fundaciones, agencias y empresas públicas han crecido en los últimos años hasta llegar a los 3.311 millones, 389 más que cuando llegó Díaz a San Telmo. En la cola de los compromisos pendientes está también la reforma de la Cámara de Cuentas o la renovación del consejo de administración de la RTVA.

Los Presupuestos de 2018 por tanto apuntan a ser los últimos de la legislatura. Cs y PSOE difícilmente pueden presentarse juntos con unas nuevas cuentas en puertas de las elecciones. De ahí que éste fuera el momento de apretar. Aunque el pacto está cerrado el Consejo de Gobierno apurará los plazos para aprobar el proyecto de ley. La fecha más probable es en una reunión extraordinaria al final de la cuarta semana de octubre: el día 27 o el 28. En cualquier caso, no antes del día 25. El Ejecutivo autonómico podrá ver las cuentas del Gobierno central, que se están retrasando por la cuestión catalana. De hecho, estaba previsto que las aprobara el viernes el Consejo de Ministros. La Junta tiene hasta el 31 de octubre; el Gobierno, hasta el 30 de septiembre.

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