El pago por circular por las autovías españolas, que se agitó durante los años más duros de la crisis, vuelve a estar sobre la mesa. Ahora, las grandes constructoras resucitan la «vieja» propuesta con el objetivo de financiar el coste del mantenimiento y liberar fondos públicos, lo que según sus cálculos exigiría peajes de diez céntimos de euro por kilómetro, una medida que en Castilla y León afectaría a una extensa red, estatal y autonómica, que supera los 2.000 kilómetros.

Seopan, la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras, trabaja ya en un estudio detallado sobre el impacto que tendría en España la articulación de peajes en la red de autovías, así como los ingresos que generaría y sus retornos fiscales para las arcas públicas.

Según sus cálculos, para recaudar el importe necesario para mantener las autovías sólo sería necesario un peaje de diez céntimos, «menos de la mitad de lo que los camiones pagan en las autopistas», según la patronal.

También Seopan advirtió del coste de 400 millones de euros anuales que, según sus cálculos, supondrá para el Estado hacerse cargo y mantener las cuatro autopistas de peaje cuyo plazo de concesión vence en los próximos años, en caso de que en esa fecha se suprima el pago. Se trata de la AP-1 (Burgos-Armiñón), de la AP-7 (Tarragona-Alicante), de la AP-4 (Sevilla-Cádiz), dos tramos de la AP-7 (La Jonquera-Barcelona) y la AP-2 Zaragoza-Mediterráneo.

Sin embargo, la Cámara de Contratistas de Castilla y León rechaza esta medida ya que considera que sería «contraproducente» puesto que generaría «desigualdades». «Las autovías en Castilla y León están dentro de lo que podemos considerar infraestructuras básicas y prioritarias, necesarias para el desarrollo económico y social», señaló a Ical su presidente, Enrique Pascual. «Nuestra economía necesita bajada de impuestos, y decisiones de este tipo irían en la dirección contraria», añadió. Castilla y León se vería así afectada por el cobro en los 2.075 kilómetros de autovías que cruzan las nueve provincias, 1.793 de titularidad estatal y 282 autonómica. Los recorridos hasta Madrid desde las tres ciudades situadas más al norte, León, Palencia y Burgos, serían los más afectadas.

Medida disuasoria

«Establecer peajes no deja de ser una medida disuasoria para el uso de una determinada infraestructura, y esto limitaría el movimiento de personas y mercancías, lo que afectaría negativamente al desarrollo de la Comunidad», añadió el presidente de los contratistas castellanos y leoneses. Además, alertó del problema de seguridad vial que podría generar ya que recordó que las vías convencionales registran el 80 por ciento de los siniestros, pese a que reciben el 40 por ciento del tráfico.

La capital de provincia más afectada por el posible establecimiento de un peaje sería León puesto que el viaje desde esta ciudad a Madrid requeriría un desembolso de 38,05 euros, incluidos los 12,25 euros de la AP-6 (Villalba-Adanero). De la misma forma los palentinos tendrían que hacer frente al pago de 29,25 euros y los burgaleses, a 24. Desde Ávila el viaje a la capital española pasaría d ellos 9,25 euros de la tarifa normal de Iberpistas, a los 13,25 euros.

El viaje desde la ciudad de Soria, que en 2015 quedó conectada por autovía con Madrid, tendría un coste aproximado de 23 euros. También otros itinerarios intrautonómicos se verían gravados por este peaje, como el de Palencia-Valladolid, con un coste de 5,1 euros; el de Salamanca-Valladolid, con 12 euros, o el de Zamora-Salamanca, con 5,6 euros.