Economía
La Razón

El juez imputa a Alfonso Grau delito electoral, malversación y cohecho

También imputa al exedil Eduardo Santón y a los gerentes del PP, José Moscardó y Carmen Navarro

El auto del juez de Instrucción número 18 de Valencia emitido en relación al último informe de la Unidad Central Operativa de la UCO, imputa al exteniente de alcalde, Alfonso Grau, los delitos de malversación, cohecho y delito electoral por la «existencia de un actuar, concertado y de cierta complejidad, para la obtención de fondos con los que financiar por encima del límite legal de gasto, ilícitamente por lo tanto, gasto electoral de la campaña de las elecciones de 2007».

Dicho informe de la UCO se elaboró tras la entrega al juez por parte del testigo Ramón Gordillo de la documentación de la empresa Laterne en la que se recogían pagos de empresas a dicha entidad por servicios no prestados, y cuyo montante se utilizaba, presuntamente, para pagar el gasto electoral del PP en 2007.

Además, el auto imputa al exconcejal del Ayuntamiento de Valencia, Juan Eduardo Santón, como responsable de una fundación (CEyD) vinculada al Ayuntamiento de Valencia que habría hecho aportaciones dinerarias «que no obedecerían a servicios efectivamente prestados a los mismos por Laterne». Es decir, dichas fundaciones o empresas vinculadas por el Ayuntamiento también pagaban a Laterne por servicios no prestados, y este capital iba destinado al pago de gastos electorales del partido en Valencia, supuestamente.

En cualquier caso, el auto hace referencia a dos cifras distintas a la hora de cifrar el gasto del PP en aquella campaña electoral. Por una parte, recoge los 150.000 euros a los que siempre ha hecho alusión la secretaria del grupo municipal del PP, Maricarmen García Fuster, y que fue la cantidad que el propio Gordillo reconoce que Fuster le entregó en una cheque; y por otra parte los desorbitados 2.683.750 euros que afirman los investigadores que se podrían haber recaudado en 2007. En ningún momento se aclara si todos ellos fueron destinados a la campaña electoral, o si se fueron quedando en las diversas manos por las que pasaron.

Por otra parte, su señoría cita también a declarar al que fuera gerente del partido en 2007, José Moscardó, por omisión de su deber de control, y a la actual gerente del partido en el ámbito nacional, Carmen Navarro.

Considera también el instructor, que la responsabilidad de los empresarios que, supuestamente, habrían entregado dádivas, estaría prescrita, por lo que advierte que solo podrán ser citados a declarar como testigos y no como imputados.

El juez advierte de que sus valoraciones no son definitivas.

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