Grasas trans, vacío legal para las más nocivas

Se «esconden» en los alimentos más apetecibles que, por norma general, suelen ser los menos saludables. Alimentos procesados como bollería, galletas, salsas, platos preparados y aperitivos comparten grasas trans en su composición. Pese a que sus efectos perjudiciales sobre la salud están más que demostrados, en la actualidad no hay una legislación específica sobre su uso en la alimentación.

En Europa sólo existe una directiva que limita la cantidad de ácidos grasos trans en preparados para lactantes y de continuación (no pudiendo superar el 3 por ciento de contenido graso total) y sólo cuatro países (Dinamarca, Austria, Suiza e Islandia) han establecido un marco legal que obliga a la industria a limitar la cantidad de grasa trans utilizada en productos alimentarios, no pudiendo superar el 2 por ciento. La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que el consumo de grasas trans debe representar menos del 1 por ciento de las calorías diarias ingeridas.

Salvo estas excepciones, no hay ninguna otra regulación europea vigente, ni siquiera la obligatoriedad de mostrar en el etiquetado del producto la cantidad de grasas trans que contiene el mismo. Y es que éstas quedan integradas dentro del porcentaje de grasas saturadas.

Ausencia

De hecho, en 2011 la Fundación Española del Corazón (FEC), a través de la European Heart Network, solicitó a la Comisión Europea una regulación en este sentido, pero a día de hoy este marco legal aún no ha sido establecido. El doctor Leandro Plaza, presidente de la FEC, explica que «el pasado diciembre, debería haberse hecho público un informe sobre la presencia de las grasas trans en los productos alimentarios de la Unión Europea. Este documento serviría para determinar qué legislación es necesaria a nivel europeo pero, desafortunadamente, este informe aún no se ha presentado».

En Estados Unidos, el pasado mes de julio, la U.S. Food and Drug Administration (FDA) prohibió el uso de las grasas trans. Esta medida, adoptada tras considerar esta sustancia como una amenaza para la salud pública, se aplicará de manera progresiva durante los próximos tres años. De hecho, la FDA en un comunicado reconoce que «los aceites parcialmente hidrogenados no serán reconocidos como seguros».

Obligatorio

Las grasas trans son de origen vegetal, pero están transformadas mediante un proceso de hidrogenación y pasan de un estado líquido a sólido, logrando así mejorar el sabor, la textura y la durabilidad de los alimentos cocinados o elaborados con ellas. Es por ello que son muy útiles para la industria alimentaria. Sin embargo, se ha demostrado en diversas ocasiones que son las peores grasas para la salud cardiovascular.

De hecho, su consumo está directamente relacionado con un mayor riesgo cardiovascular. En concreto, 5 gramos diarios de grasa trans puede llegar a aumentar en un 23 por ciento el riesgo de sufrir enfermedad cardiaca coronaria. Según la FEC, la reducción de un 1 por ciento del consumo de las grasas trans supondría grandes beneficios: se reduciría entre un 2-3 por ciento la enfermedad cardiovascular y su principal complicación, es decir, el número de infartos.

«En una primera fase, la industria debería estar obligada, no sólo a reflejar en la etiqueta la cantidad de grasas saturadas que contiene el alimento en cuestión, sino también a indicar el porcentaje de grasas trans del mismo. De esta manera, el consumidor estaría más informado y podría escoger con más libertad qué alimento quiere consumir», y añade que, «este debería ser sólo el primer paso para que, de manera progresiva, se vaya reduciendo la cantidad de grasas trans hasta eliminarlas por completo», recuerda Plaza.

Esta misma opinión la comparte Alma Palau, presidenta del Consejo General de Dietistas-Nutricionistas de España, quien añade que «apoyaría totalmente una normativa que prohibiera las grasas trans en los alimentos. Durante años no hemos sido conscientes y las hemos ingerido, pero actualmente, que ya se conocen sus efectos negativos para la salud, es inconcebible que la industria siga produciéndolas. Por ello, es imprescindible una normativa que las prohíba y también un órgano que controle y sancione».

Iniciativa propia

Ante este vacío legal y consciente de los efectos que genera su consumo en la salud de los consumidores, a la industria alimentaria no le ha quedado más remedio que actuar por su cuenta. En este sentido, la doctora Irene Bretón, del área de Nutrición y Obesidad de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), sostiene que «en muchos países industrializados, incluido España, el contenido de grasas trans en los alimentos que habitualmente lo contenían ha disminuido de manera considerable, debido especialmente a los cambios tecnológicos desarrollados por la industria alimentaria. Disponemos de estudios recientes que indican que la mayor parte de los alimentos comercializados en España no contienen grasas trans, incluyendo las margarinas». Precisamente, las margarinas encabezan el listado de productos que mejor han hecho los deberes. Tal y como explica Diana Roig, responsable del área de Nutrición de Unilever, «actualmente no se incluye ningún proceso de hidrogenación parcial en la elaboración de las margarinas, lo que hace que el porcentaje de grasas trans que contienen sea inferior al uno por ciento que marca la OMS, y por debajo del dos por ciento que acaba de aprobar la FDA en Estados Unidos».

Pero no son los únicos. Fuentes de la industria alimentaria recuerdan que «por ejemplo, el 55 por ciento del volumen total del mercado de los platos con base de carne han reducido la cantidad de grasas trans en un 75 por ciento, y los productos de bollería han disminuido su contenido en ácidos grasos trans a menos del dos por ciento».

Estas acciones,las valora Palau de forma positiva, pero recuerda que «no son suficiente porque siguen estando presentes en muchos otros productos del mercado. Tampoco debería ser un paso que dieran algunas empresas como un beneficio para el consumidor, sino que debería ser una obligación de toda la industria, como requisito básico e indiscutible, como un derecho del consumidor de ser protegido de sustancias potencialmente peligrosas».