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Renta Básica Universal: No prejuzguemos, no es “podemismo”

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Sobre el autor

Juan Carlos Alcaide

Uno de los consultores de referencia en Marketing de Servicios, Servicio al Cliente, Transformación Digital, Fidelización y Experiencia de Clientes. Sociólogo por la Universidad Complutense. Fundador y director de MdS - Marketing de Servicios. Escritor, conferenciante internacional (miembro de Thinking Heads) y profesor en varias escuelas de negocio.

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La renta básica universal ha sido una demanda asociada a los grupos y partidos políticos de izquierda y de extrema izquierda; aunque grupos cristianos de base, entre otros, así como intelectuales y economistas de variada posición ideológica han hecho apología de la RBU, durante los primeros años de este siglo. Desde la aplicación en Finlandia por un gobierno de centro derecha, la percepción de la idea, a mi juicio, ha cambiado. Los argumentos argüidos por los partidarios, hasta ahora, han sido, de carácter ético más que económico.

Desde el punto de vista ético, su aplicación no dejaría en la indigencia o a merced del destino a ningún ciudadano, garantizando los mínimos vitales a todos (los ciudadanos con papeles).

A nivel económico, se cree que mejoraría la capacidad de negociación de los trabajadores cuya necesidad o desesperación, sería menor, facilitando por ello el reparto de la riqueza entre propietarios de la empresa y empleados. Los partidarios de este tipo de renta, añaden que quizá se incrementaría el autoempleo y se facilitaría (con menor desesperación o necesidad extrema de éxito, “¡susto o muerte!”, se ha llamado) la creación de pymes y proyectos empresariales. Será necesario averiguar la cantidad precisa para que las personas encuentren cierta seguridad y a la vez sigan buscando empleo, en lugar de quedarse en casa sin hacer nada.

También, hay también detractores con argumentos éticos y económicos. Éticamente se difunde la idea de que no es necesario educarse, instruirse, ni esforzarse para sobrevivir, para buscarse la vida, lo que afecta a la movilidad social. En nuestra sociedad actual hay muchas personas sin papeles, quedarían sin acceso a dicha renta, los trabajos desagradables no desaparecerán, sino que se adjudicarán por una suerte de asignación automática a los malditos sin suerte ni carta de ciudadanía.

Se generaría, según argumentan algunos detractores, un incremento de las clases pasivas dependientes del Estado y, por tanto, dependiendo de quienes contribuyen. Pero esto genera una disminución del estrés,mayores incentivos por encontrar trabajo,y más tiempo para buscar buenas ideas de negocioy ser emprendedor. Y esos que contribuyen, tendrían mercado (o más mercado) para vender sus servicios y productos.

Desde el punto de vista económico, se argumenta que supondría un gasto considerable con el que podrían financiarse, alternativamente, programas de incentivación del autoempleo y la instrucción ciudadana. Programas que darían la caña, no el pescado, por usar un argumento que se suele emplear.

Pero lo cierto es que, en los últimos años, hemos vivido cambios, transformaciones y sucesos que nos hacen que nos repensemos los lugares comunes. Lo que servía en 2005, no tiene vigencia automáticamente, o merece ser repensado, al menos, por mor de la digitalización.

Nuestra sociedad es crecientemente desigual, los efectos de la crisis económica han dejado en la cuneta, con dificultades de regreso a la vida laboral a una pléyade de zombis sociales en desempleo de larga duración. Y muy especialmente, los efectos de la globalización y deslocalización, de un lado, y de la robotización y de la transformación digital (con la pérdida de empleo que en el corto plazo conlleva) hacen que sea necesario reflexionar de nuevo sobre este tema.

El incremento de costes y el impacto en la gestión fiscal del estado, es evidente, nos sitúa frente a un nuevo paradigma que los detractores sitúan cerca del gran hermano orwelliano: según estudios adaptados a España supondría sobre el 25% del PIB español destinado a este socorro social garantizado (mercado garantizado, las delicias de los marketinianos), y un desplazamiento de la presión fiscal de un 40% a más de un 55%.

Este escenario puede ser desincentivador del trabajo: desempeño mi labor profesional para alimentar y sostener otros, pensarán o pensaremos algunos. Sin embargo, en mi opinión, es posible que sea la única forma de mantener contenida la estructura social, envejecida y envilecida por la desigualdad y la marginalidad del “no futuro”: la tecnología nos desplaza definitivamente del modo de vida del siglo XX. Si la vida no es como en el siglo XX, quizá tampoco puedan serlo nuestras estructuras estatales, fiscales y/o del bienestar.

Posiblemente sea el modo de crear y mantener mercado para productos y servicios que, de otro modo, no tendrán consumidores: habrá, sin renta básica en el medio y largo plazos, ciudadanos ansiosos de usar y consumir servicios y productos que no podrán pagar. Viviríamos en riesgo de revolución, tal sería el malestar, en mi opinión.

Hay alternativas intermedias, y merece estudio con especial interés la propuesta de Ciudadanos y su gurú económico Luis Garicano de un “complemento salarial para crear empleo y luchar contra la desigualdad”. Este complemento salarial anual garantizado serviría de compensación a los ingresos laborales de los hogares y se beneficiarían los trabajadores con salarios más bajos y empleos más precarios; sería una suerte de “impuesto negativo” o transferencia neta del Estado que se ofrece a los que no llegan a un nivel de renta determinado.

Creo que ha llegado el momento de pensar y decidir qué hacer. Porque hay que hacer algo, en Europa y, de manera muy particular, en España con la distribución de la renta y el efecto de la digitalización.

Analicemos si soluciones a medio camino, como los complementos salariales, pueden ser la fase inicial de una renta básica universal, más a largo plazo. Se puede enfocar en varias etapas, creando al principio complementos y similares, pero creo que no hay escapatoria a una renta universal, único medio factible, pensando en el futuro a largo para equilibrar la renta (piénsese que es “universal” y por tanto también lo cobran los “ricos”) y garantizar los mínimos de amplias capas sociales. Garantizando un porqué, una razón de ser para la empresa que tendrá a quién destinar servicios y productos; a personas que pueden pagarlos porque, además, son crecientemente baratos por mor de la automatización y la tecnología.

No será “un mundo feliz”, pero será un mundo de vivos. Evitaremos así el descontento, y la quiebra social, y garantizamos mercado, insisto, para nuestras empresas. No es muy liberal, es intervencionismo; el mínimo necesario para evitar la desaparición total de nuestro modo de vida, mientras nos acostumbramos a ver cadáveres (metafóricos o reales) en las cunetas del sistema.

En mi opinión, los resultados positivos de los experimentos realizados en Canadá y en Finlandia, de un lado, y la evolución social (envejecimiento y desigualdad, fundamentalmente) hará que los partidos políticos de todo el arco ideológico acaben asumiendo que la transformación que implica la Renta Básica Universal, es el cambio menor necesario para mantener la libre empresa (con mercado de clientes y potenciales) y la sociedad del bienestar parecida a la actual en un nuevo contexto.

Empecemos, en la siguiente legislatura con el complemento planteado por Ciudadanos y vayamos sentando las bases de una solución duradera que se anticipe a las urgencias que, sin duda, traerá la revolución digital que vivimos. No es podemismo. Es conservadurismo. En realidad, da un poco igual lo que sea, y quizá no sirvan los clichés izquierda-derecha de los dos siglos precedentes del mileniuo anterior.

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