El impuesto de la intransigencia

La penúltima ocurrencia de los gobiernos del cambio en España pasa por ser una de las más injustas y sectarias. El Ayuntamiento de Valencia, encabezado por Joan Ribó, ha planteado emprender acciones políticas y legislativas para hacer que la Iglesia pague el Impuesto de Bienes Inmuebles correspondiente a su patrimonio en la ciudad.

Esta moción salió adelante en el pleno del Ayuntamiento de Valencia con los votos de Compromís, PSOE y Podemos –fue rechazada por PP y Ciudadanos– y persigue eliminar las exenciones fiscales de la Iglesia, por un lado, y pedir al Gobierno que renegocie el Concordato con la Santa Sede, por otro. Este debate, una vez más, no está en la sociedad pero exhibe el talante intolerante y la intransigencia de los partidos de izquierda que se van escorando en sus posiciones.

El acuerdo plantea que nada más queden exentos del IBI aquellos inmuebles que se destinan al culto para lo que se solicita al Ministerio de Hacienda que haga público el listado de propiedades eclesiásticas. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, se ha adherido a esta petición y ambos se han convertido en el ariete de la ofensiva contra la Iglesia católica en España.

Sus propuestas no pasan de ser más que un intento de traspasar la ideología rancia de los partidos que las impulsan hacia la gestión municipal. Y no pasa de ser un intento porque la regulación de los valores del IBI es competencia del Gobierno de España y no de los Ayuntamientos, como también sucede con cualquier negociación del Concordato con la Santa Sede.

¿Qué buscan pues? Simplemente hacer ruido. Dirigirse a sus bases más intolerantes para intentar consolidar un voto que, aunque no lo mediten, se va alejando del centro democrático que es el verdadero impulsor de la convivencia de las diferentes ideologías, religiones y razas en nuestro país. Y es que hay que ser muy obtuso para no ver la labor social que realiza la Iglesia y que va mucho más allá de sus inmuebles.

La ayuda al prójimo que define el sentido fundacional de la Iglesia se desarrolla no solo en los lugares destinados al culto sino que se ejemplifica en sus centros sociales, en sus colegios y hospitales. Éstas iniciativas eclesiásticas suponen un ahorro mucho mayor a las arcas del Estado que lo que se recaudaría con la aplicación de este IBI selectivo, tal y como reconocen los principales expertos económicos españoles.

El contrasentido de esta moción resulta aberrante si se piensa que el Ayuntamiento de Valencia impulsa subvenciones a ONG’s –que por otro lado resultan necesarias y deseables–, mientras que a la Iglesia se le quiere cobrar por hacer esa misma labor que ha podido ser contrastada durante décadas mediante instituciones como Cáritas.

Pretende también el Ayuntamiento de Valencia cobrar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles a la Universidad Católica de la ciudad cuando potencia la calidad de la educación. Sólo por tener el sello de la Iglesia tendría que abonar este impuesto del que están exentas las universidades públicas y que, en mi opinión, debería extenderse a todas las instituciones que forman a nuestros jóvenes en su último estadio antes de entrar al mercado laboral.

El tripartito del Ayuntamiento de Valencia continúa generando división en la sociedad en la creencia de que así obtendrá más rédito electoral. La realidad, sin embargo, es que pone en riesgo un modelo de convivencia y confunde que España sea un Estado aconfesional con el laicismo que pretende imponer.

La Iglesia tiene a día de hoy los mismos beneficios fiscales en materia de IBI que las fundaciones (incluidas las de partidos políticos y sindicatos). Está en la misma situación tributaria que ONG´s e instituciones como Cruz Roja y la ONCE. Sin embargo, Ribó solo tiene fijación con la Iglesia. Las exenciones abarcan también a los bienes propiedad del Estado, centros educativos, embajadas, consulados o bienes comunales, lo que deja aún más en evidencia que es una medida de Compromís y Podemos para penalizar a la religión libremente practicada por la mayoría de los españoles.

Los socialistas, por su debilidad extrema, se han visto arrastrados a aprobar esta moción y su portavoz en el Ayuntamiento de Valencia, Sandra Gómez, solo acierta a decir que la agenda del gobierno municipal “debería ser otra” aunque finalmente la apoyó. Igual que el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, que secunda “con matices” la propuesta de Ribó pero no se atreve a criticarla porque es rehén de Compromís para seguir en la Presidencia.

Lo tenían fácil para oponerse.Y es que hasta las sentencias juegan a favor de quienes pensamos que la labor social de la Iglesia no puede ser penalizada. El Tribunal Supremo y también el Constitucional se han pronunciado a favor de liberar a la Iglesia católica del pago del IBI en todos sus inmuebles al ser entidad sin fines lucrativos con la lógica excepción de aquellos afectos a explotaciones económicas.