En manos de insensatos

Poner a prueba la paciencia de los ciudadanos es el experimento que ha puesto en marcha el Gobierno autonómico valenciano que encabeza Ximo Puig y que secunda Mónica Oltra. El arte de crear problemas donde antes no los había es una especialidad de este Ejecutivo en el que los impulsos ideológicos están por encima del raciocinio y la legalidad.

Ya advertíamos desde el minuto uno de esta legislatura que la falta de experiencia de los gobernantes era una dificultad añadida en tiempos de crisis para obtener buenos resultados. A ese cóctel (el tripartito conformado por PSPV, Compromís y Podemos) le ha añadido una gran dosis de revanchismo e imposición a partes iguales y el resultado no puede ser más letal para los ciudadanos.

El control de la educación es el gran objetivo que se han marcado los actuales dirigentes autonómicos, conscientes de que la transformación de la sociedad hacia el pensamiento único pasa por el adoctrinamiento en las aulas y por cercenar la libre elección de los padres. El Ejecutivo de Puig creó así el primer gran conflicto educativo al no renovar numerosos conciertos y enfrentar al modelo público con el concertado pese a que ambos han convivido con éxito en la Comunidad Valenciana durante décadas, avalados por la Constitución.

La presión popular no ha servido de nada y las decenas de miles de personas que salieron a la calle a exigir libertad y a rechazar esta intromisión de la Generalitat no ha hecho mella en la hoja de ruta del tripartito.

Alejados de cualquier argumento razonable –que no sea su lógica de utilizar la educación como una herramienta para hacer llegar sus postulados a la población desde las edades más tempranas– el tripartito avanza a golpe de decreto por esta peligrosa senda que ya se ensayó en Cataluña y en el País Vasco con los réditos de división entre la población y un sentimiento nacionalista que nunca ha albergado la Comunidad Valenciana.

La culminación de ese despropósito llegó con el decreto de plurilingüismo que premia a los alumnos que estudian en valenciano frente a los que lo hacen en castellano, ya que tienen menos horas lectivas en inglés, la primera lengua extranjera que se utiliza en el mundo, al margen del chino.

Este nuevo atropello a la igualdad de las dos lenguas cooficiales y que genera agravios inasumibles en democracia ha sido recurrido con éxito y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha paralizado cautelarmente el decreto. El tripartito, lejos de rectificar siguió adelante y recurrió esa suspensión, nuevamente sin éxito.

En pleno mes de junio y a punto de entrar en el de julio, donde los colegios organizan el curso, las tareas del profesorado, y los padres matriculan a sus hijos y compran los libros, el Gobierno autonómico no puede mirar hacia otro lado. Aseguran que van a recurrir al Tribunal Supremo. Bien. ¿Y mientras? Estamos ante la aplicación de un modelo fraudulento que la Justicia ha paralizado.

¿Qué va a suceder en septiembre cuando los alumnos estén matriculados para realizar un curso que no se puede impartir de la manera programada por el tripartito? Esas preguntas no tienen respuesta porque la Generalitat no la sabe y por eso hemos pedido la comparecencia urgente de Ximo Puig en las Cortes Valencianas. Resulta patético ver como la Consejería de Educación ha encargado un informe a la Abogacía de la Generalitat para ver el alcance de la suspensión cautelar y afirma que en función de ello dará las instrucciones pertinentes a los centros. Son legión ya en la comunidad educativa quienes piden la dimisión del consejero, como también reclama el PP, y lamentan el problema gigantesco en el que el sectarismo de Puig y Oltra les ha sumido.

El que fuera primer ministro belga y presidente del Parlamento Europeo, Paul-Henri Spaak, aseguró que: "La tontería es la más extraña de las enfermedades. El enfermo nunca sufre, los que de verdad la padecen son los demás". Y he aquí que más de cincuenta años después de esa aseveración hay quienes se empeñan en que tenga plena vigencia.

Los valencianos no podemos seguir en manos de insensatos que gobiernan a golpe de rancios impulsos, de espaldas a la ciudadanía e ignorando lo que los tribunales dictan. Las familias necesitan tener certidumbre sobre las cuestiones básicas y la educación es una de ellas. Persistir en el error solo conducirá a un comienzo de curso caótico que puede devenir en un aluvión de demandas individuales de los padres que son engañados en el proceso de matriculación.

Hay que recuperar la normalidad en las relaciones entre dirigentes y ciudadanos y el decreto de plurilingüismo de 2012 impulsado por el PPCV, ahora vigente tras la decisión del TSJ, obtuvo consenso. Decisiones como el actual decreto paralizado solo hacen que tensionar y romper la convivencia. El PP exige que vuelva la cordura a la gestión pero se antoja difícil con los actuales patrones rupturistas del tripartito.