La asfixia municipal

La Constitución Española ha permitido que nuestro país se convierta en uno de los más descentralizados del mundo. El reparto competencial que su aplicación ha conllevado supone también en la práctica la asunción de un esfuerzo de gasto por parte de las Administraciones que ostentan esa responsabilidad. Y en esa materia todavía tenemos mucho camino que recorrer para llegar a una meta de eficacia.

El foco principal tanto de los políticos como de los medios de comunicación se centra en la financiación autonómica y no faltan razones para ello. Hay regiones como la valenciana que están muy lejos de alcanzar un estatus similar al de la media nacional pero no es menos cierto que la legislatura pasada fue de emergencia para evitar el rescate financiero de España que habría traído graves consecuencias. Repartir miseria es complicado y es lo que le tocó gestionar a Mariano Rajoy.

En la actual legislatura, con independencia de lo corto o largo del mandato, ya se ha establecido la prioridad de mejorar el sistema actual ahora que la situación económica empieza a permitir revertir el modelo perverso y plagado de agravios que dejó en herencia José Luis Rodríguez Zapatero. La negociación a varias bandas entre Gobierno y representantes autonómicos enriquecerá ese modelo y permitirá, sin duda, acortar las distancias que hoy en día se han establecido.

Es hora, centrado ese debate, de ampliar el foco y situar la lupa en la situación financiera de los ayuntamientos sobre los que se sustenta la base de nuestro modelo territorial. El elemento vertebrador de España son sus municipios y si reclamamos con fuerza la mejora de la financiación autonómica hay que elevar la voz para que ese mismo compromiso alcance a los consistorios.

El binomio letal para los intereses de los valencianos que forman Ximo Puig y Mónica Oltra ha conformado un discurso que exclusivamente mira a la financiación autonómica para que solucione su nula capacidad de gestionar las competencias de la Generalitat Valenciana. Es más, ante su escasa planificación ha ido derivando la carga económica de esas competencias en los ayuntamientos, convirtiéndolos en una suerte de bancos públicos que sufraguen la debilidad del Gobierno valenciano.

No se puede perder más tiempo. Por eso el PP presentó en las Cortes Valencianas una proposición de ley para que se garantice la financiación de los ayuntamientos en función de una serie de requisitos y de esta manera aflojar la soga que los está asfixiando. Puig y Oltra, tal como sucede en otros territorios españoles, están traspasando competencias como la prestación de servicios sociales, proyectos como “Xarxallibres” –que persiguen aligerar a los padres del pago de los libros de texto–, o la lucha contra la pobreza energética, sin acompañarlos de una dotación presupuestaria.

Afirman defender a los municipios pero en realidad los ahogan al condenarlos al pago de competencias impropias sin recursos financieros para afrontarlos lo que ha provocado la indignación de alcaldes y alcaldesas. Pedimos en nuestra propuesta legislativa que no haya sectarismo y que se justifique por qué unas inversiones van a un sitio y no a otro. También garantizar un porcentaje de la recaudación de la Generalitat para que se destine a los ayuntamientos y que ciframos en el 12% de los tributos propios (unos 380 millones de euros anuales). Al igual que lo es establecer unos criterios de distribución claros y que provoquen el consenso generalizado.

La población debería ser uno de esos criterios fundamentales atendiendo a su grado de diseminación, a su tamaño, e incluso a su fluctuación debido al carácter turístico de la Comunidad Valenciana. Diferenciar entre los municipios de costa y los de interior es otro de esos criterios para evitar que estos últimos queden despoblados.

Son cuestiones que nadie puede poner en solfa porque son objetivas y de esa manera se evitarían escándalos como la inversión de la Generalitat en el matadero de Morella, que presidía anteriormente Ximo Puig, en detrimento de otros más viables. Hay que aparcar el sectarismo de las inversiones y con esta ley, en caso de salir adelante, se garantizarían los servicios básicos y la capacidad financiera de los ayuntamientos de una manera sólida.

Esperamos que la cordura impulse el acuerdo sobre esta propuesta de financiación municipal, aunque la praxis de Puig y Oltra va en sentido contrario, ya que no pagan la dependencia pero se permiten el lujo de gastarse 384 millones de euros en crear más organismos públicos (un banco, empresas, agencias y en el intento de reapertura de una nueva televisión pendiente aún de procesos judiciales).

Tampoco es buena señal que en el Consejo de Política Fiscal y Financiera el consejero de Hacienda valenciano no respetara el techo de gasto acordado a nivel nacional entre PP y PSOE. Ximo Puig se entregó a Compromís, cerró los ojos y se opuso, decantándose así por mantener su sillón presidencial hasta 2019 aún a costa de ir socavando las posibilidades de su partido en la región en favor de los nacionalistas.