La opacidad del “cambio”

La llegada de los autodenominados “gobiernos del cambio” a las instituciones españolas no ha traído una ola de aire fresco como vociferaban sus representantes cuando estaban en la oposición. La realidad de la gestión diaria de esos gobiernos –la mayoría de ellos conformados por multipartitos devenidos en matrimonio político merced a la firma de pactos antinatura–, ha mostrado a la ciudadanía que el aire está viciado y que la opacidad es un sello de los defensores del populismo.

El oscurantismo es una práctica habitual durante sus mandatos y ponen trabas a la tarea de fiscalización de aquellos que ahora desempeñamos la tarea de oposición, dificultando así nuestro legítimo objetivo de preservar los intereses de los ciudadanos.

Recientemente era el sector cultural en la capital de España el que se levantaba en contra de la política de la alcaldesa, Manuela Carmena, al considerar que se ha producido una falta de transparencia en el acceso a la documentación oficial sobre las condiciones para contratar con el Ayuntamiento de Madrid. El “modus operandi” denunciado consistiría en que las compañías que quisieran acceder a información sobre licitaciones deberían antes entregar datos de carácter privado, lo que permitiría a Carmena hacer un filtro previo en la selección de empresas.

También resulta de sentido común pensar que las solicitudes de documentación deben ser atendidas en un Estado de derecho como el español y no está siendo así. El grupo parlamentario popular en las Cortes Valencianas está sufriendo esta legislatura un calvario a la hora de poder acceder a informes clave para fiscalizar la actuación del Gobierno regional que encabezan Ximo Puig y Mónica Oltra.

Ya hemos tenido que presentar un total de diez contenciosos contra la Generalitat Valenciana por negar información y uno de ellos ya se ha ganado. La opacidad y el sectarismo son la moneda de pago contra el PP por el mero hecho de no coincidir con el pensamiento único que emana del Pacto de Botánico. En este convenio de interés, basado en alcanzar el poder a cualquier precio, es donde Compromís y Podemos han maniatado al PSOE regional y lo han convencido de la necesidad de mantener una especie de cordón sanitario preventivo contra el partido más votado en la Comunidad Valenciana.

Ese veto continuo ha aumentado con el paso de los meses y esta semana hemos denunciado que son 600 las solicitudes presentadas hace más de un mes por el grupo parlamentario popular que se han retenido sin justificación alguna. Entre esas peticiones se encuentran las relacionadas con las facturas de la caja fija en el periodo gestionado por el tripartito, las subvenciones a la organización Acció Cultural del País Valencià (que es el ariete del pancatalanismo de Carles Puigdemont en la Comunidad Valenciana) y la residencia de Carlet, donde se han producido actuaciones lamentables con los pacientes.

La denuncia pública de esta cuestión ha provocado excusas variopintas como las esgrimidas por el portavoz socialista en la Cámara autonómica, Manolo Mata, quien aseguró que a “alguien se le olvidó en un rincón el paquete con las propuestas del PP”. También se parapetaron detrás de una actividad frenética tras del Debate de Política General como imposibilidad de atender la avalancha de peticiones. Es un engaño y una burla para todos los valencianos que depositaron en el PP su apoyo para que defendamos sus intereses y la de todos los que tampoco nos votaron pero que necesitan que ejerzamos una oposición responsable.

El presidente de las Cortes, Enric Morera, es el máximo responsable en este atropello y vamos a analizar la presentación de acciones judiciales porque está claro que se están vulnerando derechos fundamentales como es la solicitud de información. Corresponderá a los estamentos judiciales competentes determinar si existe o no la comisión de un delito. Estamos ante una discriminación reiterada y no frente a una cuestión aislada, máxime cuando sí se ha dado trámite a otras solicitudes en ese periodo definido como de “actividad frenética” y con fecha de registro posterior a las presentadas por el grupo parlamentario popular.

Las alianzas a varias bandas para desbancar al PP de las instituciones son un fraude para los ciudadanos. Gestión nula, titulares grandilocuentes y revisión permanente del pasado son los únicos motores de la “política del cambio”. Ahora más que nunca es importante tener un Gobierno en España fuerte y coherente y respetar la voluntad mayoritaria de la ciudadanía. Será un contrapeso de dignidad frente a los gobiernos autonómicos y locales que se amparan en la fórmula de unir el puzle de la izquierda política donde Podemos, incluso, ampara actuaciones execrables como el violento boicot al expresidente del Gobierno Felipe González en su participación en un acto universitario. El PSOE el próximo domingo debería dar el primer paso hacia un mapa político que recupere los valores democráticos en nuestro país.