Cultura digital: el gran robo a los creadores

Los artistas y creadores claman por una retribución justa por el uso de su obra en canales como Spotify, Netflix y YouTube, cuya facturación se multiplica pero su retribución por derechos de autor es arbitraria o inexistente. La solución la tiene Bruselas, que se ha mostrado connivente con el sector tecnológico.

El mercado digital crece a un ritmo vertiginoso. En la música ya ha superado al físico en el porcentaje de ingresos, que crecen exponencialmente en servicios como Spotify, mientras que en el audiovisual, la experiencia de Netflix o HBO apunta hacia esa dirección. Luego están las facturaciones monstruosas de YouTube y Facebook, plagados de contenidos culturales. Sin embargo, de ese volumen creciente, la parte que reciben los artistas sigue siendo insignificante. Varias campañas europeas piden que Bruselas legisle para conseguir un «Internet justo», mientras el lobby tecnológico presiona para lo contrario. La Comisión Europea se ha mostrado «complaciente» con el sector frente a los creadores, según explica un abogado español que trata de exponer esta situación a los eurodiputados para que regulen un sector que, cuando no es opaco, es arbitrario. «El consumidor, que se ha abonado a estos servicios porque quiere que el artista reciba algo después de años de ‘‘piratería’’, debe saber que de la cuota que paga va a parar casi íntegramente a las productoras y discográficas, no a sus artistas favoritos», explica José María Montes, representante de Aisge implicado en la campaña «Fair Internet for Performers», que agrupa a 500.000 intérpretes europeos. Ayer mismo, los autores agrupados en las entidades de gestión como la Sgae (un millón de asociados en 27 entidades) pidieron en Bruselas un mercado digital justo.

Salario mínimo

Lo que late en el trasfondo del asunto es el poder los gigantes tecnológicos, monopolios de la era de internet, y la capacidad de las instituciones para regularlos. La campaña en marcha pide que exista una retribución equitativa y obligatoria (no renunciable, para evitar presiones de las compañías a los creadores) por cada acceso (cada clic) a la obra de un artista y que eso se recoja en la directiva comunitaria sobre derechos de autor, cuyo debate está abierto actualmente. Reclaman un pequeño porcentaje del total de ingresos de estas plataformas que rechazan precisar pero que podría ser inferior al cinco por ciento anual y que estaría destinado a este concepto independientemente del contrato que vincule a un actor o músico con su productor. Desde hace años los intérpretes se quejan de que no reciben apenas nada por sus obras en Spotify. En 2015, el servicio de streaming facturó la nada despreciable cantidad de 1.900 millones de euros. Y, sin embargo, como desde el primer día, anunció pérdidas de 173 millones. Si una compañía está en rojo, parece poco viable que reparta sus ingresos entre los artistas. «Bueno, esta es la trampa –dice Montes–. La pregunta es quién se queda el dinero que produce, quién está detrás de Spotify. Las multinacionacionales discográficas, claro. La pregunta es adónde van esos derechos, porque ya no pueden decir que no ganen dinero». Los ingresos de la compañía aumentaron un 80 por ciento y los pagos por «royalties» de la compañía en 2015 ascendieron a 1.623 millones, casi el doble que el año anterior. En cambio, la campaña presentada ayer, «Meet The Authors», basa sus peticiones en los servicios sin licencia, como YouTube. Consideran cubiertas sus reclamaciones como autores en los servicios como Netflix o Spotify, al contrario que los intérpretes. «Spotify es un ejemplo legal», afirmó ayer el vicepresidente de la Sgae, Javier Losada. «Sin embargo, los autores han perdido poder adquisitivo a un ritmo apabullante», lamentó. El 99 por ciento de los artistas que licencian su música en Tunecore, una agregadora que permite a los artistas difundir su obra en plataformas digitales, cobra por debajo del salario mínimo. Al uno por ciento restante, esta situación no les preocupa, son estrellas. Mark Kitcatt, director de Popstock y Everlasting, y miembro de las asociaciones UFI e Impala, que agrupan a las discográficas independientes española y europea, reconoce la situación pero es más benévolo: «El pago de Spotify es a través de miles de líneas de cantidades ínfimas de dinero. Así que preparar esa información es un trabajo enorme», constata. Sin embargo, es tajante: «Antes de poder valorar si la retribución es justa o injusta necesitamos poder modificar la ley. Justa será cuando podamos negociar de igual a igual».

La situación real la corrobora Leo Mateos, cantante de Nudozurdo. «Liquidan por debajo de 100 euros al mes, que es algo así como lo que antes obtenías por vender diez discos». La compañía asegura que paga 0,0072 dólares por canción reproducida, aunque esa cantidad no es objetiva, depende de cada caso. «Desde el sector de las discográficas independientes llevamos muchos meses trabajando con los artistas, preparando un convenio o un acuerdo de mínimos sobre cómo deben ser las relaciones entre productores e intérpretes en esta era tecnológica», dice Kitcatt.

«En general, tanto Spotify como Deezer son transparentes, porque no tienen necesidad de no serlo. El problema es legal. La transparencia puede existir, pero si hay desportección del artista... Si no se corrige en la fuerza negociadora del productor, siempre tendrán todos los derechos», apunta el abogado. Lichis, cantante de La Cabra Mecánica y ahora en solitario, lo explica así: «Antes, la discográfica te daba entre el 8 y el 20 por ciento de lo que se vendía. Y ellos pagaban el disco y la promoción. Spotify o YouTube hacen ingresos millonarios y te dan un porcentaje francamente ridículo. La música ha sido el reclamo de las tecnológicas porque, sin ella y sin las series, sus aparatos no sirven para nada. Y ellos se llenan los bolsillos».

Sucede algo parecido con los actores, que, actualmente, ceden al productor sus derechos de propiedad intelectual para que éste pueda explotar una película. Los contratos lo establecen así, porque sería imposible vender un filme a distintas plataformas si hiciera falta el consentimiento expreso de todo el reparto cada vez que se licencie la película. Sin embargo, la legislación comunitaria reconoce el derecho de remuneración por la puesta a disposición de la obra... desde tiempos del VHS. En 1992 se aprobó que los intérpretes obtuvieran una pequeña parte de los ingresos si se alquilaba una película en un Blockbuster o un videoclub de toda la vida. La legislación actual no lo reconoce para el entorno digital. «Hay que dejar claro que la compensación sería sólo si la obra tiene accesos. Si no, el artista no recibe nada. Por eso nos sorprende el rechazo de la actual Comisión Europea», comenta Montes. «Este cambio afectaría a todos los actores por igual, pero no hay duda de que es más decisivo para la clase media y baja».

El caso de YouTube es más sangrante y se va a convertir en el siguiente caballo de batalla del sector porque es un monumento a la desregulación. El portal de vídeos tiene, según sus datos corporativos, más de mil millones de usuarios en el mundo. Durante el año pasado, pagó en concepto de copyright (otra vez, según su web) 2.000 millones de dólares. Es decir, dos dólares por usuario al año (Spotify paga 18 a la industria). El consumo de música es una de las principales fuentes de tráfico de la compañía pero, a pesar de ello, se producen paradojas como la que ha sorprendido a la industria musical británica, que facturó más el año pasado por la venta de vinilos (41,7 millones de libras) que por la categoría de «streaming de vídeos musicales» (25,5 millones) en la que la compañía de Google posee el control total del mercado. No parece muy acorde a los tiempos. «Ofrecen música sin pedir permiso a sus creadores, porque dicen que no son responsables del contenido. Y es imposible retirarla, necesitarías a decenas de personas denunciando que tu obra está sin permiso», dice Kitcatt.

Frenar a Youtube

¿Pero es imposible de regular? Por supuesto que no, pero hay que tener agallas. Gema (la Sgae alemana) impidió a YouTube alojar vídeos del repertorio protegido por esta entidad. Desde 2009, cualquier usuario desde territorio alemán veía bloqueado el contenido debido a las retribuciones que ofrecía el portal de vídeos por su visionado. En octubre del año pasado, ambas partes llegaron a un acuerdo por unas cantidades no reveladas. Sin embargo, en su último balance de cuentas, Gema ha hecho público que su recaudación (a repartir entre los artistas que representa) ha pasado de 893 a 1.024 millones. Y demostraron que a Google también se le puede parar. La nueva directiva, que está bajo discusión en Bruselas, es «parte de la solución», como indica Montes. «Teníamos mejores perspectivas antes, pero el parlamento actual está muy fragmentado, lleno de discursos contradictorios. Y desde que llegó Juncker con su equipo, la postura ha sido de total alineamiento con las multinacionales tecnológicas. Una dependencia del sector descarada», asegura. Ningún grupo del europarlamento ha recogido las reclamaciones de los artistas en conjunto. Lamentan que el modelo de negocio en internet se ha configurado como todo lo demás en la economía de mercado. Algunos pensaban que la red iba a permitir mayor democratización y libertad de acceso a las canciones, pero lo que ha pasado es que se han constituido monopolios, idénticos a los de cualquier otro sector mercantil. «No sé quién podía pensar todas esas cosas buenas –dice Kitcatt–. Pero se necesita un acuerdo de personas en la sociedad, y un marco legal para que nadie explote el trabajo de un tercero sin permiso. Esto va, más que por la música, por la vida».

La cultura de la masa

El sistema solo es rentable el sistema a precios bajos, pero con grandes masas de suscriptores. Convertir a los servicios de «streaming» en una «commodity», como el recibo del agua o del gas. Pero claro, estamos hablando de cultura. Todo el sistema se configura en torno a las grandes masas, las que logran millones de visionados, las únicas que producirán beneficios mientras el resto de artistas y canciones tendrán que estar agradecidos con la posibilidad de ser accesibles. El servicio de reproducción que obtenga la hegemonía será el filtro de lo que se puede escuchar y lo que no. Esa es la única lógica posible en un contexto de número de canciones infinitas y una cantidad de oyentes que suena a irreal. «Antes tenías un frágil equilibrio entre lo que ganabas por las actuaciones y lo que te liquidaban de autores. Ahora todo eso lo han arrasado. ¿Conclusión? Los músicos nos hemos convertido en unos mendigos del ‘’crowdfunding’’. Y lo peor es que luego vas a tocar tus canciones a un lugar donde nadie te hace ni caso porque está hablando o con el teléfono. Lo primero que tiene que hacer la música, si quiere tener futuro, es ganarse el respeto de la sociedad», resume Lichis. «Esas compañías se han vuelto superpoderosas y facturan cantidades enormes de dinero» por los contenidos de autores, denunció ayer el instrumentista flamenco Jorge Pardo durante la presentación en Bruselas de «meet The Authors», informa Europa Press. Pardo insistió en que es un problema que afecta a «todos los creadores». «Es de sentido común: Si existe un beneficio, que haya un reparto sería lo justo», dijo. «Estas compañías están operando en una especie de alegalidad».