Teddy Bautista saqueó a la SGAE 21 millones

El juez José de la Mata procesa al ex presidente de la entidad y once personas más por organización criminal, falsedad en documento mercantil, administración desleal y apropiación indebida.

Las aguas vuelven a bajar revueltas para la entidad de gestión de derechos de los autores pues el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata propuso ayer procesar a Eduardo Bautista, ex presidente de la SGAE (y que fue arrestado en 2011, cuando estalló la operación), junto a once personas más, entre las que se encuentra el que fuera director de la SDAE (Sociedad Digital de Autores de España), filial digital de SGAE, José Luis Rodríguez Neri, y varios de sus familiares. Es decir, que al cabo de seis años desde que se inició la investigación, el juez cierra la misma y propone que buena parte de la antigua cúpula sea juzgada por el constante saqueo de dinero de la entidad. En un auto de paso a procedimiento abreviado, paso similar al procesamiento en el sumario, el magistrado propone juzgar además a varios familiares de Neri –su pareja, su hija, su hermana y su cuñada– e imputa a los procesados por delitos de pertenencia a asociación ilícita u organización criminal, falsedad en documento mercantil, administración desleal y apropiación indebida. El auto, que consta de 129 páginas, relata cómo Bautista, que fue presidente del Consejo de Dirección de la Sociedad de Gestión de Autores de España desde 1988, introdujo a Rodríguez Neri y su empresa Microgénesis S.A. con el objetivo de abordar líneas de investigación y desarrollo en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones. En el año 2000 se crea SDAE para llevar a cabo la transición de la entidad de gestión hacia un nuevo modelo en esa línea.

Parapeto y entramado

En el auto se puede leer que «desde el comienzo SDAE fue concebida como un mero artificio, sin existencia real, con capacidad instalada, sin actividad propia y sin empleados», y añade que la única finalidad de la misma era rubricar contratos con la Sociedad General de Autores, para «con carácter inmediato, ese mismo día, firmar un contrato de idéntico contenido con Microgénesis (excepto en el importe), burlando el marco estatutario y los mecanismos de control de SGAE» y apostilla que no consta que a lo largo de esa relación, que se extendió como un monopolio de 1998 a 2011, se realizaran nunca procesos de petición y selección de ofertas de contratación entre SDAE y la citada Microgénesis, ni que la oferta de esta última se hiciera a precio de mercado o contratado con otras, ni de que se siguiera la regla de pedir al menos tres presupuestos que existía en SGAE. Señala el juez que Rodríguez Neri y Ramos Díaz, con el apoyo de sus parientes, crearon un conjunto de sociedades alrededor del grupo Microgénesis (a las que ellos mimos denominaron «muralla china») para desviar fondos a estas sociedades mediante un sistema de falsos contratos y sobrefacturaciones», unas sociedades cuya vida fuera de este entramado no existía. Gracias a este conglomerado de sociedades interpuestas se pudo realizar un sistema de subcontrataciones entre Microgénesis y otras sociedades y cruzar la facturación entre ellas. El resultado fue la consecución de márgenes de beneficio constantes con el consiguiente perjuicio también permanente para la SGAE, que era fuente de financiación: aparentes negocios jurídicos mercantiles suscritos entre sociedades interpuestas por ellos dominadas; contratos de prestación de servicios y consultoría; facturación justificativa de las operaciones; imputación de costes laborales; concesión de préstamos; fijación de salarios a discreción...», a lo que el juez José de la Mata añade que en muchos de los casos las prestaciones objetos de los contratos no fueron realizadas y eran meramente ficticios.

El auto señala que Bautista (con el consentimiento y conocimiento de Loras García y Azcoaga Quincones) y Rodríguez Neri se encargaron de poner en marcha una «sofisticada estratagema para derivar masivamente fondos de SGAE a la organización comandada por Rodríguez Neri y Ramos Díaz, asignando arbitrariamente a Microgénesis (pero también a otras sociedades de este grupo) decenas de millones de euros supuestamente para el desarrollo de soluciones tecnológicas para el grupo, causando perjuicios y pérdidas constantes para SGAE y, por el contrario beneficios también constantes para las empresas del grupo Microgénesis. Según el juez las pruebas periciales practicadas en relación con el coste de los desarrollos informáticos han evaluado que la diferencia entre las cantidades pagadas por SGAE y el coste estimado de los entregables recibidos a cambio de la entidad de gestión de derechos supera los 21,5 millones de euros, que constituirían perjuicios sufridos por el grupo SGAE como consecuencia de los hechos investigados y que el auto no duda en calificar de «conducta depredatoria». El auto detalla que la SGAE pagó a SDAE al menos 57.154.984,40 euros, según datos de la Agencia Tributaria, aunque según la contabilidad fueron 71.700.561,36 euros.

La reacción de la SGAE ante la decisión del juez de la Audiencia Nacional no se ha hecho esperar. En un comunicado «celebra» que, tras «más de seis años» del inicio de la instrucción del caso SGAE, la denominada Operación Saga, «esté próxima» la apertura del juicio y recuerda que reclamará los perjuicios económicos a los responsables como «parte perjudicada». Para la entidad de gestión, «desde el inicio de la instrucción» se «ha volcado» en colaborar con la administración de Justicia y ha ofrecido la información y documentación disponible para «tratar de agilizar un proceso que se ha dilatado durante tanto tiempo».