¿Por qué la izquierda está obsesionada con Franco?

El derribo y vejación de la estatua del dictador exhibida en Barcelona muestra que la nueva izquierda traiciona los esfuerzos por la reconciliación, «sin vencedores ni vencidos», que realizaron comunistas y socialistas junto con notables falangistas a espaldas de Franco para preparar la democracia

El vandalismo en Barcelona contra la estatua del dictador Franco, muerto hace 41 años, es la manifestación de una de las señas de identidad emotiva del populismo socialista y del independentismo izquierdista, herederos del relato revolucionario y terrorista de la década de 1970. Socialistas y comunistas habían renunciado mucho antes del fallecimiento del dictador al uso del recuerdo de la guerra y de la dura represión como arma política. Dirigieron sus esfuerzos hacia la reconciliación. Américo Castro escribió en 1943 que la culpa era de todos, y el socialista Indalecio Prieto definió la contienda como «inconcebible», y promovió el manifiesto de 1948, con Gil Robles, antiguo líder de la CEDA, llamando a una amnistía para todos los «delitos cometidos durante la guerra civil». El escritor comunista Ramón J. Sénder se arrepentía de la crueldad «sin justificación», y el antiguo largocaballerista Luis Araquistain confesaba el error y el absurdo de haber provocado la guerra.

La generación que llegó a la escena pública en las décadas de 1950 y 1960 no estaba animada por el deseo de vengarse de Franco y de sus seguidores, sino por dos aspiraciones: la equiparación de España a los países europeos más avanzados, y la superación del «fracaso colectivo», una idea permanente desde el 98, que implicaba también a la Segunda República. Aquellos antifranquistas del interior y del exilio abrazaron la política de Reconciliación Nacional que el PCE de Santiago Carrillo declaró en 1956. Los comunistas dijeron que estaban dispuestos a «contribuir sin reservas a la reconciliación y a terminar la división abierta durante la Guerra Civil». Esta propuesta fue confirmada en el IV congreso del PCE, en 1960, con el llamamiento a una «amnistía general» que fuera «extensiva a todas las responsabilidades derivadas de la Guerra Civil». El objetivo lo explicaba entonces el socialista Elías Díaz: «Que el pasado no nos ahogue un posible futuro democrático».

El exilio republicano funcionó igual: el antifranquismo se definía por la idea de paz, perdón y piedad, que dijo Manuel Azaña. La reconciliación era la clave para la reconstrucción democrática de España. Incluso los disidentes del franquismo como Dionisio Ridruejo, Ruiz-Giménez, López Aranguren, Menéndez Pidal o Laín Entralgo habían llegado a la misma conclusión. Oponerse a Franco y defender la democracia debía ser luchar por la unidad nacional, sin venganzas, y mirando al futuro. El profesor Tierno Galván y su grupúsculo socialista insistieron ya en 1964 en que la Guerra Civil era un «hecho histórico» con una «culpa colectiva». No podía haber, decían, «vencedores» ni «vencidos».

- El «contubernio»

Esa idea de unir el antifranquismo de uno y otro lado animó el Congreso del Movimiento Europeo en Múnich en 1962, al que el régimen denominó «contubernio». Allí se reunió el democristiano Gil Robles, con Ridruejo y Joaquín Satrústegi –falangistas–, y republicanos y socialistas como Rodolfo Llopis y Salvador de Madariaga. El objetivo era la reconciliación para la democracia, sin venganzas, y con asunción mutua de culpas. Madariaga dijo que el régimen franquista había mantenido «artificialmente» el conflicto para legitimar su poder. El antifranquismo, en cambio, insistía en la reconciliación, la culpa general, el fracaso histórico colectivo, el miedo al conflicto, y en arrinconar el odio, para lo cual era preciso una «amnistía general». Es más; estos antifranquistas, incluso los de generaciones que no habían vivido el conflicto bélico, señalaban la Guerra Civil como un episodio histórico tan lejano como la Guerra de la Independencia. El cine antifranquista de entonces, que lo había, como el de Carlos Saura, evocaba la guerra y la represión franquista desde el victimismo, pero no con un mensaje revanchista.

Los antifranquistas instaban al perdón de sus represores del mismo modo que en sus relatos se orillaban los hechos criminales y vergonzosos, como la liquidación del clero durante la guerra, las sacas, las checas, las purgas, los asesinatos masivos como en Paracuellos, o la contienda armada entre comunistas y anarquistas. Hubo un pacto implícito para el perdón y el olvido durante la Transición en aras a la construcción de un marco de convivencia democrático. No fue el resultado de una presión externa; sino la convicción de que el antifranquismo se circunscribía a procurar la democracia, no a un ajuste de cuentas.

Otra cosa fueron los grupos influidos por la Nueva Izquierda de la década de 1960, comprensivos con la violencia como motor de cambio, y con el terrorismo como respuesta a la represión. Así, frente a la Reconciliación Nacional propugnada por el PCE y la concordia propugnada por la Junta y la Plataforma democráticas, surgió una disidencia que los tachaba de «revisionistas»: la Liga Comunista Revolucionaria, que constituyó ETA VI Asamblea. A esto se unieron el GRAPO y el FRAP, ambos marxistas-leninistas, que consideraban «oportunista» a Santiago Carrillo, y se decantaron por el terrorismo. Se definían como antifranquistas, herederos auténticos de la Segunda República, que debían ajustar cuentas con los represores.

Felipe González hablaba en 1976 de «asumir el pasado para superarlo», y Carrillo de que la Guerra Civil ya estaba «superada». La idea de la reconciliación triunfó en la Transición, e instauró la democracia, mientras que el antifranquismo perduró en el mundo etarra y en la extrema izquierda. Para estos el franquismo había perdurado sin hacer «justicia» y hurtando la «democracia popular». Hoy es éste, curiosamente, el relato resucitado por el antifranquismo sobrevenido de generaciones educadas en democracia, que, en contra de los que verdaderamente se opusieron a Franco, enarbolan el populismo socialista y sus acompañantes.