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RJ

artiendo del derecho de las víc-

timas de cualquier tipo de acci-

dente a exigir la íntegra com-

pensación por los daños sufri-

dos al responsable o en su caso,

a su compañía aseguradora, el principio de

la «restitutio in integrum» o «compensatio

in integrum» ha sido tradicionalmente un

concepto más jurídico que real, y así lo en-

tienden la mayoría de los agentes sociales,

principalmentelasasociacionesdevíctimas,

pero también los juzgados y tribunales.

La función de valorar y cuantificar los

daños es una tarea que corresponde de for-

ma soberana a los órganos jurisdiccionales,

quienes han encontrado en el Sistema para

laValoración de los Daños y Perjuicios cau-

sados a las personas enaccidentes de circu-

lación, conocido como baremo, una herra-

mienta objetiva y útil para efectuar estas

complejas valoraciones, de modo que pro-

gresivamentesuempleotraspasólasfronte-

ras propias de los accidentes de circulación

para convertirse en un instrumento de uso

generalizadoparalavaloracióndelosdaños

resultantes de otros hechos susceptibles de

causar daños a las personas tales como caí-

dasenlavíapúblicaonegligenciasmédicas,

incluso accidentes laborales.

Estaaplicación transversal del baremono

soloofrececerteza jurídicaa laspartes invo-

lucradas en un siniestro, sino que al mismo

tiempo facilita el cálculo de riesgos a los

agentes, públicos y privados, que regulan y

actúan en el sistema de compensaciones,

garantizando la seguridad jurídica.

Ante las controversias sobre la aplicación

de este baremo fuera del ámbito estricto de

la circulación de vehículos a motor, la Sala

Primera(ámbitocivil)delTribunalSupremo

se vio obligada a pronunciarse sobre el ca-

rácter orientativo de este sistema y lo hizo

ensentidopositivo, entreotras ensentencia

262/2015de27demayo,sibien,exigíacomo

premisa que la aplicación lo fuera en todos

los aspectos de la reclamación y no sólo a

aquellosquepudieranresultarbeneficiosos

para el reclamante.

La progresiva y extensiva aplicación del

baremofueradelámbitodelacirculaciónde

vehículos a motor dejó patente sus propias

limitaciones y motivó que tras años de de-

bate, grupos de trabajo, críticas yhalagos, el

1 de enero de 2016 entrara en vigor la Ley

35/2015de 22de septiembrede reformadel

sistema para la valoración de los daños y

perjuicios causados a las personas en acci-

dentes de circulación.

Partiendo de la premisa de que la norma

inicial data del año 1995, era clamorosa la

necesidad de adaptarla a una sociedad dis-

tinta, que ha evolucionado y que exige un

sistema de indemnizaciones que cubra las

necesidades actuales de las víctimas. La re-

forma pretende, y logra, actualizar concep-

tos y sobre todo aumenta de manera muy

significativa las cuantías indemnizatorias

para los familiares de las víctimas mortales

e indemniza de forma más realista las pér-

didas económicas futuras.

La nueva norma supone claramente el

robustecimiento en términos cuantitativos

de las indemnizaciones globales a sufragar

por las entidades aseguradoras, especial-

mente en casos de fallecimiento y grandes

lesionados, garantizando el respeto de los

principios básicos que rige nuestro sistema

de compensación de daños y al que nos re-

feríamos anteriormente, la reparación inte-

gral del daño para las víctimas.

Laaplicaciónmeramenteorientativaypor

lo tanto, noobligatoria, del baremo fuerade

esteámbitocuyasujecióndevieneobligato-

ria por ley, quedó patente con la reciente

sentencia 662/2016 del Tribunal de Justicia

de Madrid de 22 de diciembre de 2016. En

este caso, el lesionado, un militar de profe-

sión que había sido destinado, entre otros

sitios, al Líbano y a Kosovo, falleció en pre-

sencia de sus dos hijos menores (de 1 y 4

años de edad) en el Parque del Retiro cuan-

do le cayó en el abdomen una rama de 400

kilos.

En este caso, la aseguradora recurrió en

más de una ocasión la cuantía con la que la

administraciónhabía decidido indemnizar

a los familiares del fallecido en la suma de

710.000 euros, alegando la estricta aplica-

ción del baremo. El Tribunal, sin embargo,

recordó que el mismo baremo dispone ex-

plícitamentequenotienecarácterobligato-

rio en áreas distintas a la de accidentes de

tráfico y que la misma jurisprudencia ha

venido afirmando que en esos casos el ba-

remo debe sólo servir de referencia para

cuantificar las indemnizaciones.

En efecto, el TSJ de Madrid triplicó la in-

demnización que hubiera correspondido

ante la rigurosa aplicación del baremo vi-

gentea la fechadeocurrenciade loshechos,

yqueentérminoscuantitativosseaproxima

a la que resultaría de la aplicación del bare-

mo actual, vigente desde el 1 de enero de

2016.

En conclusión, es patente que confluyen

enestasentenciadoscuestionesdemáxima

relevancia: por un lado, la cuantía en la que

finalmente se indemnizó a los familiares de

un fallecido y que comporta un notorio

aumento respecto a la indemnización que

le hubiera correspondido si los juzgadores

hubieran optado por la aplicación estricta

del baremo vigente en el año 2014, y la se-

gunda cuestión es la cercanía entre esta

cuantía y la que los reclamantes recibirían

actualmente, tras la reforma del sistema en

vigor desde el 1 de enero de 2016.

CÓMOSEAPLICA

ELBAREMODE

TRÁFICOAOTROS

ACCIDENTES

La función de

valorar y

cuantificar los

daños es una

tarea que

corresponde

de forma

soberana a

los órganos

jurisdiccionales,

quienes han

encontrado

en el Sistema

para la

Valoración de

los Daños y

Perjuicios

causados a

las personas

en accidentes

de

circulación, el

baremo, una

herramienta

objetiva y útil

para estas

complejas

valoraciones

P

Natalia ASTIRRAGA BRONTE

Abogada de Cremades &Calvo-Sotelo

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Jurídico

Martes. 18 de abril de 2017

• LA RAZÓN