F. C. Barcelona

Neymar aún puede ir a juicio

La Fiscalía recurre el archivo de la causa e insiste en que hubo «conductas claramente delictivas» en su fichaje por el Barcelona.

Fotografía de archivo (Barcelona, 08/04/2016) del delantero brasileño Neymar Jr
Fotografía de archivo (Barcelona, 08/04/2016) del delantero brasileño Neymar Jrlarazon

La Fiscalía recurre el archivo de la causa e insiste en que hubo «conductas claramente delictivas» en su fichaje por el Barcelona.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional insiste en sentar en el banquillo a Neymar por un delito de corrupción en los negocios a cuenta de su fichaje por el Fútbol Club Barcelona. El fiscal José Perals ha recurrido la decisión del juez José de la Mata de dar carpetazo a la investigación y mantiene que en la contratación se produjeron «conductas claramente delictivas». El jugador y el club azulgrana, sostiene, «incumplieron palmariamente las normas de la FIFA» y alteraron el libre mercado de fichajes de futbolistas (al adquirir la entidad por 40 millones de euros sus derechos federativos cuando aún era jugador del Santos). Un comportamiento, dice Perals, que no puede reducirse a «meros incumplimientos éticos o morales», sino que esos indicios apuntan a la comisión de «un acto típico de corrupción en los negocios».

De hecho, la Fiscalía pone sobre la mesa la oferta de 36 millones del Real Madrid al Santos por Neymar (que, se queja, no tuvo en cuenta el juez a la hora de archivar la causa) para poner de relieve que el precio que pagó el Barcelona al club brasileño (17,1 millones engordados posteriormente por una decena de contratos supuestamente simulados) «no se corresponde con la realidad», sino que la cantidad era mayor, «más próxima» a la oferta madridista.

Ahora, será la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la que decida si avala el archivo de la causa acordada por el juez De la Mata o si obliga al magistrado a reabrirla para sentar en el banquillo a Neymar y a su padre, al ex presidente Sandro Rosell y al club catalán por corrupción en los negocios y a estos dos últimos, al Santos y a su ex presidente Odilio Rodrigues por un delito de estafa impropia.

En su recurso, el fiscal Perals hace hincapié en que los indicios delictivos se han «reforzado» durante la investigación. El acuerdo entre el jugador y el Barcelona en 2011 por el que Neymar se garantizó el cobro de 40 millones de euros (con una cláusula de indemnización por igual montante en caso de incumplimiento), a condición de fichar por el club azulgrana cuando fuese agente libre en 2014, perjudicó –dice la Fiscalía– al fondo brasileño DIS (que debía cobrar el 40% del precio del traspaso) y, al mismo tiempo, impidió que otros equipos entraran en la puja por el jugador en igualdad de condiciones. Para más inri, a Neymar le quedaban más de seis meses de contrato con el Santos cuando negoció con el Barcelona, por lo que además infringió la normativa FIFA, reseña el representante del Ministerio Público.

«El precio del jugador para el Fútbol Club Barcelona eran 40 millones menos que para el resto de los clubes» (el montante de la cláusula de penalización pactada), a los que habría que sumar, en caso de echarse atrás, los otros diez que Neymar recibió de la entidad culé en diciembre de 2011 en concepto de «préstamo» (como anticipo de su ficha). Esos 50 millones suponían «una importante barrera» para la voluntad del delantero y para otros clubes, «alterando la libre competencia».

Por otro lado, Barcelona y Santos y sus respectivos presidentes en el momento de los hechos estafaron supuestamente a DIS al fijar en 17,1 millones el traspaso y firmar a sus espaldas otros contratos «sin contenido real». En al menos dos de ellos existen «claros indicios» de su carácter simulado: los 7,9 millones pagados por el derecho de adquisición de tres jugadores del Santos (que nunca llegaron a incorporarse al Barcelona) y los 4,5 millones pactados en caso de no celebrar un amistoso entre ambos clubes.

El fiscal resalta que el Barcelona ocultó a la Audiencia Nacional un convenio firmado entre el club y Neymar en mayo de 2013 por el que se obligaban a pagar a medias a DIS en caso de que una sentencia estableciese un precio del traspaso superior al pactado, lo que demostraría, según Perals, que eran conscientes de la estafa.