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El juez embarga varios pisos a Villar y bloquea sus cuentas

El ex presidente de la RFEF abandonará la prisión si paga 300.000 euros de fianza. No podrá salir de España y deberá estar localizable y comparecer una vez a la semana en el juzgado

  • Villar, al ser detenido
    Villar, al ser detenido

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01 de agosto de 2017. 01:50h

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Ángel María Villar podrá salir de prisión si paga 300.000 euros de fianza en metálico, la cantidad que ayer le impuso el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga el supuesto desvío de fondos de la Federación Española de Fútbol (RFEF). Tras interrogar a una docena de investigados y a varios testigos la pasada semana, el magistrado ha tomado esta decisión –once días después de enviar a la cárcel a Villar– porque no aprecia riesgo de fuga y considera que ya no puede obstaculizar la investigación ni presionar a testigos o imputados. Además, el instructor ha tenido en cuenta que ya se han acordado otras medidas cautelares lo que impediría a Villar «ocultar sus bienes».

Según confirmaron fuentes jurídicas, Pedraz ya ha ordenado, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, el embargo de varias propiedades inmobiliarias del ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol y el bloqueo de algunas de sus cuentas bancarias. Según esas mismas fuentes, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil facilitó al juzgado el listado de propiedades de Villar –que, como adelantó LA RAZÓN, son 14 viviendas, nueve trasteros o garajes, un solar y nueve parcelas– y la Fiscalía Anticorrupción instó el embargo de parte de ese patrimonio y el embargo de cuentas para hacer frente tanto a posibles multas como a una futura responsabilidad civil. Similares órdenes de embargo se han cursado respecto a Gorka Villar –para quien el juez ha fijado una fianza de 150.000 euros– y para el vicepresidente económico de la Federación, Juan Padrón (que igualmente podrá salir de prisión si abona 300.000 euros).

Aunque aún no se ha cuantificado el montante del presunto desvío de fondos de la RFEF, en el auto en el que se acordó la prisión de Villar se cifraba en 51,7 millones de euros el perjuicio causado a las arcas federativas por la rescisión de los contratos con el Grupo Santa Mónica (GSM).

En su resolución, el magistrado obliga a los tres investigados –en caso de recuperar la libertad– a comparecer una vez por semana en el juzgado más próximo a su domicilio. Además, les prohibe salir de España y deberán entregar sus pasaportes y facilitar un teléfono móvil para estar localizados y poder ser llamados ante el juez «en cualquier momento».

Pedraz recuerda también que ya se ha volcado toda la información intervenida en los ordenadores de los investigados, por lo que, aunque salgan de prisión no pueden destruir pruebas. Por otro lado, considera que las medidas de control acordadas minimizan el riesgo de fuga de Villar, su hijo y Padrón.

El instructor también decreta que se levante el secreto de las actuaciones y que se permita acceder a las mismas a los once investigados que aún no han declarado en la Audiencia Nacional por la «operación Soule» (otros 15 ya lo han hecho, lo que eleva a 27 el número de imputados, a los que hay que sumar a 21 empresas de la supuesta trama).

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