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Messi no evita el banquillo

Combo de fotografías de archivo del futbolista del FC Barcelona Lionel Messi y a su padre, Jorge Horacio Messi
Combo de fotografías de archivo del futbolista del FC Barcelona Lionel Messi y a su padre, Jorge Horacio Messilarazon

El juez ve indicios de criminalidad y, en contra de la Fiscalía, abre juicio oral al jugador como coautor de tres delitos fiscales por los que afronta una petición de condena de 22 meses de cárcel.

Leo Messi se sentará en el banquillo como presunto coautor, junto a su padre Jorge Horacio Messi, de tres delitos fiscales en el IRPF de 2007, 2008 y 2009, una acusación por la que se enfrenta a una condena de 22 meses y medio de prisión. El titular del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Gavá (Barcelona) ha decidido llevar a juicio al jugador del Fútbol Club Barcelona, con la opinión en contra de la Fiscalía, porque la Abogacía del Estado –que representa en el procedimiento los intereses de la Hacienda Pública como perjudicada– sí ve motivos para abrir juicio oral por el supuesto desvío a sociedades de paraísos fiscales de los ingresos del astro argentino por derechos de imagen, evitando así tributar en España 4,1 millones de euros. Será un juez de lo penal de Vilanova y la Geltrú (Barcelona) el encargado de juzgarles, aunque la celebración de la vista oral podría demorarse meses.

En el auto de apertura de juicio oral, el propio magistrado justifica su decisión en que «existen elementos que permiten afirmar» que los hechos por los que están acusados padre e hijo «son constitutivos de varios delitos» y que se aprecian «indicios racionales de criminalidad respecto de ambos». De hecho, recuerda, en las dos ocasiones en las que se ha negado a archivar la causa contra Messi (el 28 de julio y el 3 de octubre de 2014), esas resoluciones han sido «íntegramente confirmadas» por la Audiencia Provincial de Barcelona el pasado junio.

Y es que la Ley de Enjuiciamiento Criminal, explica, le obliga a acordar la apertura de juicio oral contra alguien si cualquiera de las acusaciones así lo solicita (como sucede en este caso con la Abogacía del Estado), «con la sola excepción» de que el magistrado considere que los hechos no son constitutivos de delito o no aprecie indicios suficientes contra el imputado. Algo que no sucede en este procedimiento, deja claro, «respecto ninguno de los acusados». El juez da ahora tres días de plazo a la Fiscalía para que, «si lo estima procedente», presente su escrito de acusación contra Messi.

Pese a que fue la Fiscalía quien se querelló contra Messi y su progenitor, tras pagar éstos a Hacienda cinco millones de euros (la cantidad defraudada más los intereses), el Ministerio Público centró su acusación exclusivamente en Jorge Messi –para quien reclama una pena de 18 meses de cárcel– al entender que el jugador se limitó a seguir las indicaciones de su padre, «en quien confiaba plena y ciegamente», por lo que, aunque estampó su firma en los contratos que pusieron en marcha la estructura opaca, no era consciente de que estuviera cediendo sus derechos de imagen a sociedades instrumentales radicadas en paraísos fiscales. «Firmo lo que me dice mi papá que firme», declaró al juez Leo Messi. «Yo no miro lo que firmo», se excusó.

La Abogacía sí sigue adelante con la acusación para ambos y pide para ellos siete meses y medio de prisión por cada uno de los tres delitos fiscales que les imputa, una multa equivalente a la cuantía defraudada y la imposibilidad de obtener subvenciones o beneficios fiscales durante un año y medio.

El juez no impone ninguna medida cautelar a los dos procesados porque ni la Fiscalía ni los Servicios Jurídicos del Estado lo han solicitado. Y en todo caso, subraya, tampoco cabría acordarlas dada la «colaboración mostrada por ambos» y el hecho de que «han abonado voluntariamente» toda la cuantía supuestamente defraudada. Además, añade, su relevancia pública «dificulta en extremo» el riesgo de fuga y el conocimiento de «las personas y entidades de las que obtienen sus ingresos» reduce en gran medida una posible insolvencia. Y al no reclamarse por ninguna acusación una condena por responsabilidad civil, concluye, tampoco procede imponerles fianza alguna.