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jueves, 21 agosto 2014
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La Razón

Columnistas

Legitimidad democrática

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Stephane Hessel sigue estando de actualidad. Es una persona de 93 años que ha pasado por campos de concentración, que ha sido torturado y que ha combatido el nazismo, y ello le confiere una gran legitimidad a su pensamiento, el cual es utilizado para contextualizar intelectualmente el descontento respecto del sistema democrático. Ahora bien, algunas de sus aseveraciones no pueden pasar inadvertidas. Por ejemplo expresiones tales como «cuando la legalidad democrática choca contra la legitimidad democrática es válido recurrir a la desobediencia civil». El problema de este aserto radica en que la legalidad democrática es reconocible y está definida por el Estado de Derecho, mientras que la legitimidad democrática desapegada de la legalidad acaba en un fuerte subjetivismo, que permite que cada uno pueda tener su propia visión de lo que es la legitimidad democrática. El propio Hessel pide que se combata activamente a los partidos que van en dirección contraria al refuerzo de la democracia y la solidaridad, y se declara simpatizante del partido socialista de su país, presentando de forma tácita  las alternativas al meritado partido como incursos en aquella calificación. Hoy en día se percibe la propagación de una tendencia «contrademocrática», y a su vez el debilitamiento de la política institucionalizada, caracterizada por un desapego electoral. Con ello se está deslizando un peligroso cuestionamiento del principio de las mayorías, planteándose lo que se denomina la «falsa evidencia del principio mayoritario». Hasta ahora, la legitimidad democrática se desprende de la voluntad del pueblo expresada en el sufragio universal: la mayoría otorga el veredicto. Actualmente, se cuestiona, de tal suerte que esa voluntad no es siempre «general», puesto que  la mayoría no es más que una fracción del pueblo. A esto se le une el antiparlamentarismo, la denuncia de los partidos y la crítica del clientelismo, lo que nos coloca ante una crisis de la legitimidad electoral. Ante esto conviene no olvidar que la elección continúa siendo el principio clave, y el pueblo , a través de la mayoría, sigue siendo la fuente de todo poder democrático. Pero hay que reconocer que a veces la elección no garantiza que un gobierno esté al servicio del interés general, y por ello se defiende que el veredicto de las urnas no puede ser la única demostración de legitimidad, y así lo están percibiendo los ciudadanos, para quienes un poder no puede ser considerado plenamente democrático si no se somete a pruebas de control y de validación concurrentes y complementarias a la expresión mayoritaria. Pero este control de la legitimidad democrática paralelo al electoral no puede estar basado en las vías de hecho, en la violencia o en la coacción, dado que ello nos lleva al caos y al definitivo debilitamiento del sistema democrático. Lo ideal sería que el poder se mantuviera a distancia de posturas partidistas y de intereses particulares, y tuviera en cuenta las expresiones plurales del bien común, reconociendo sus singularidades. La solución no son las algaradas ni la coacción, sino la existencia de una sociedad civil más fuerte, siendo básico para ello la educación y la cultura y, sobre todo, el fortalecimiento y desarrollo de instituciones y autoridades independientes, entre las cuales deben estar los Tribunales Constitucionales, para así sujetar el ejercicio del poder a los individuos y a las situaciones particulares. Vencer el malestar hacia la democracia pasa por la regeneración de la política. Pero, no es un buen modo de comenzar atribuyendo a una sola opción, haga lo que haga, la plena legitimidad democrática, negándosela a las demás, aunque obtengan respaldos mayoritarios democráticos. La auténtica solución pasa por apostar por personas que cuando tengan responsabilidad de un quehacer público, a su vez, tengan la mayor integridad moral que sea posible. La moral no es un cúmulo de impedimentos arbitrarios que limitan el disfrute de la vida, constituye un auténtico referente al respeto y entrega hacia los demás. En política, el pluralismo no debe recortar la diversidad de corrientes sino, al contrario alentarlas; pero las sociedades avanzadas, a pesar de defender el irrenunciable derecho a la autonomía individual, cada vez apelan a una categoría superior para que el orden y ciertos valores públicos se mantengan.  Esto es lo que debemos reclamar y, aunque no cabe duda de que en todo quehacer humano, incluido el de la política y responsabilidad pública, siempre existen aspiraciones personales alejadas de la virtud, prefiero a los que, como Cicerón, no reclaman a sus conciudadanos condecoraciones como recompensa a su trabajo, sino que el recuerdo de su gesta los convierta en inmortales «entre todas las recompensas a la virtud... las más magnífica es la gloria... la única que logra conseguir que los ausentes estemos presentes y, aunque muertos, sigamos vivos». Es preferible una democracia imperfecta basada en la regla de la mayoría, que la guerra de legitimidades democráticas en la calle, donde al final el violento se acaba imponiendo.
 

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