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viernes, 19 septiembre 2014
21:47
Actualizado a las 

La Razón

historico

Los ERE le estallan a Griñán a cinco días de las elecciones

  • Otra vez la juez Mercedes Alaya apunta directamente a la posible responsabilidad del presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, en la irregular tramitación de los fondos que servían para pagar prejubilaciones y ayudas arbitrarias a empresas.

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José Antonio Griñán fue consejero de Economía  entre 2004 y 2009
José Antonio Griñán fue consejero de Economía entre 2004 y 2009

Sevilla- En un auto de fecha 10 de noviembre al que ha tenido acceso LA RAZÓN, la instructora reclama «copia compulsada de las autorizaciones que constan del titular de la Consejería de Economía y Hacienda, previas a la aprobación definitiva por parte del Consejo de Gobierno, y relativas a las operaciones de endeudamiento igual o superior a 1.200.000 euros». Aclara la propia instructora que en las fechas a las que se refiere la investigación los titulares de ese departamento han sido José Antonio Griñán –entre 2004 y 2009– y Carmen Martínez Aguayo –entre abril de 2009 y hasta la actualidad–.

La solicitud de Alaya se produce tras una petición de la representación legal del PP, personada en la causa. La juez expone en los razonamientos jurídicos del auto que las ayudas a empresas con cargo al «fondo de reptiles» por un importe igual o superior a 1,2 millones tenían que ser ratificadas por el Consejo de Gobierno. Antes de elevarse a la reunión semanal del Ejecutivo andaluz «será necesario la autorización del titular de la Consejería de Economía y Hacienda». La magistrada enumera hasta 21 casos de empresas que han recibido subvenciones directas –sin publicidad y libre concurrencia– de más de 1,2 millones. Es decir, que en la época en la que el actual presidente andaluz ocupó el departamento de Economía y Hacienda tuvo que emitir 21 autorizaciones previas. Estas formas de conceder ayudas fueron denunciadas por la Intervención por «prescindir de forma total y absoluta del procedimiento administrativo establecido».

Ante la gravedad de que las miras apunten directamente al líder del Ejecutivo, el Gobierno andaluz emitió un comunicado negando que ese requisito –la autorización previa de la Consejería de Economía y Hacienda para subvenciones iguales o superiores a 1,2 millones– exista: «La prescripción legal que se menciona no afecta a los casos investigados ni afecta a la concesión de subvenciones, sino a operaciones de endeudamiento de la agencia IDEA», el ente autónomo que pagaba las ayudas que le ordenaba la Consejería de Empleo. Es decir, que según la Junta, la juez apunta a Griñán en base a unas supuestas autorizaciones que no tenía que emitir y que jamás ha concedido. Atribuye a una «falsa premisa» que parte del PP.

Precisamente los populares andaluces, a través de su secretario general, Antonio Sanz, aseguraron que Griñán y Martínez Aguayo están «absolutamente inhabilitados políticamente» y que han sido «señalados directamente».

Pero la juez no sólo reclama las autorizaciones de ayudas por una suma superior a 1,2 millones. Los compromisos de pago por importe superior a 450.000 euros y hasta la citada cifra debieron aprobarse por el consejo rector del IFA –luego Agencia IDEA–. Por ese organismo han pasado varios consejeros actuales –Antonio Ávila o la referida Carmen Martínez Aguayo– y otros como José Antonio Viera –que lo presidió entre el 25 de enero de 2003 y 24 de abril de 2004–. «Centrándose la presente investigación en la concesión ilícita de ayudas públicas durante más de una década», Alaya pide a la Junta que remita «testimonio o copia íntegra y compulsada de las actas del consejo rector del IFA-Agencia IDEA desde 2001 hasta la actualidad».

Mineros, en el punto de mira
En el auto, la instructora reclama las vidas laborales y códigos de ocupación de 796 trabajadores de la Faja Pirítica de Huelva porque, como publicó LA RAZÓN, hay indicios de que se falsearon  vidas laborales. En este expediente intervino el Gobierno central –con el PP– con un plan de ayudas recogido en un convenio de 11 de septiembre de 2002. Por ese motivo, la titular del juzgado de Instrucción 6 de Sevilla pide a Antonio Sanz y Juan Ignacio Zoido, «como representantes del PP en Andalucía», que aporten ese plan. La representación legal de los populares aclara que no tiene esa documentación y que el juzgado confunde «la Administración General del Estado con un partido político». También pide las ayudas que ha recibido Matsa, la empresa donde trabaja la hija de Chaves.
 

 

Precedentes
1.- Las sospechas
Subvenciones arbitrariasLa juez señala que investiga la «concesión ilícita de ayudas públicas» a través de un ente instrumental: IFA-Agencia IDEA.
2.-Las autorizaciones
Hasta 450.000 euros era responsabilidad del presidente de IFA-IDEA. Para cantidades hasta 1,2 millones, las ayudas pasan por el Consejo Rector. A partir de esa cifra, las tenía que autorizar el Consejo de Gobierno previa aprobación del consejero de Economía.
3.-Trama organizada
La Junta ha entregado a la instructora una posible trama de ayudas que afecta a 18 empresas de la Sierra Norte y que se beneficiaron de 20 millones. La juez ya investigaba al empresario y ex concejal socialista José Enrique Rosendo.
4.- Dirección de Fondos Europeos
El auto también solicita la colaboración de ese centro directivo para investigar el «presunto uso abusivo de fondos públicos».

Vídeos

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