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viernes, 31 octubre 2014
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La Razón

Columnistas

De Garzón y Paracuellos por César Vidal

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La tarde del 7 de noviembre de 1936, el cónsul de Noruega, Felix Schlayer, se entrevistó con el consejero de orden público de la junta de defensa de Madrid, un joven socialista, recientemente ingresado en el PCE,  llamado Santiago Carrillo.  Tan sólo unas horas antes, Schlayer había sabido de sacas masivas en las prisiones y temía que los reclusos fueran fusilados. Schlayer percibió en Carrillo «inseguridad» y «falta de sinceridad» cuando le aseguró que nada les sucedería a los detenidos.  No se equivocó.  En el curso de los días siguientes, descubriría horrorizado que los agentes de Carrillo habían estado sacando de las cárceles a millares de civiles, llevándolos hasta enormes fosas comunes en las cercanías de Torrejón y Paracuellos del Jarama, y fusilándolos en masa.  Era gente de cualquier edad y sexo, cuyo único delito fue ser miembros de la clase media, intelectuales, sacerdotes, monjas, niños que estudiaban en colegios religiosos o personas horrorizadas por las acciones del Frente Popular. El número de asesinados ascendió a cinco mil personas, más del doble de las víctimas mortales de Pinochet durante toda su dictadura y más del doble también de los fusilados durante la posguerra por Franco en la provincia de Madrid.  No volvería a repetirse una matanza semejante en Europa hasta que los soviéticos realizaran con la misma técnica los fusilamientos de Katyn a inicios de los años cuarenta.  Los culpables no fueron incontrolados sino personajes e instituciones del gobierno del Frente Popular. La orden para las primeras sacas la recibió la diputada socialista Margarita Nelken de Manuel Muñoz, director general de seguridad del gobierno republicano, masón y miembro de Izquierda Republicana. Sin embargo, el peneuvista Jesús de Galíndez dejó señalado en sus memorias que los asesinatos estuvieron dirigidos por las autoridades encargadas del orden público en Madrid. Igualmente, Gueorgui Dimitrov escribió a Voroshílov, el 30 de julio de 1937, que «cuando los fascistas se acercaban a Madrid, Carrillo, que entonces era gobernador, dio la orden de fusilar a los detenidos». También Stoyán Mínev Stepánov informó a Stalin de que Carrillo era «el responsable de la represión de los fascistas en otoño de 1936».  Todos los crímenes cometidos durante la guerra civil fueron declarados como prescritos en 1969 por el Régimen de Franco y, por si quedaba duda, también se beneficiaron de la  ley de amnistía de 1977.  Precisamente por ello, cuando, durante la Transición, se pretendió iniciar una investigación sobre Paracuellos y Garzón la rechazó, actuó conforme a derecho.
Piénsese lo que se piense de Carrillo, la resolución de Garzón se apoyaba expresamente en la citada ley de 1977.  Precisamente por ello, el que, años después, Garzón despreciara esa misma norma para investigar otros crímenes relacionados con la guerra civil reviste todos los visos de ser una clara prevaricación, la segunda, que sepamos, de su turbulenta carrera judicial. 

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