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lunes, 01 septiembre 2014
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La Razón

Afinar el desconcierto autonómico

M Dolores de Cospedal: «La corrección de los desajustes debía haberse realizado hace años»

  • Nace en: Madrid.  Edad:46 años.  Currículum: licenciada en Derecho y abogada del Estado.
    Experiencia: Subsecretaria del Ministerio de Administraciones Públicas y del de Interior. Consejera de Transportes de la Comunidad de Madrid. En 2006 es elegida presidenta regional del PP de Castilla-La Mancha, y, dos años después, secretaria general de los populares. Presidenta de Castilla-La Mancha desde 2011.  Su programa anticrisis: priorizar el empleo y los servicios sociales básicos sobre los gastos innecesarios.

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M. Dolores de Cospedal, presidenta de Castilla-La Mancha
M. Dolores de Cospedal, presidenta de Castilla-La Mancha

–¿Habría que reformar el modelo autonómico?
–Yo no hablaría de reformar el modelo, sino de corregir los excesos que se han producido en él. El Estado de las Autonomías que los españoles nos dimos con la Constitución de 1978 ha sido y es bueno para España, pero el modelo autonómico en ningún caso significa, ni se diseñó, para multiplicar por 17 la estructura administrativa del país.

–¿Apoya devolver competencias?
–La devolución de competencias no es la solución al problema. Además, si las competencias son devueltas con los problemas estructurales o coyunturales que tienen en la actualidad, por la mala gestión y ejecución que han tenido por parte de algunos responsables autonómicos, lo único que estaríamos haciendo es trasladar el problema al Estado, no dárselo arreglado.

–¿Qué reforma plantearía?
–Es necesario eliminar todos aquellos órganos y entidades administrativas  que no sean imprescindibles, y  aplicar medidas concretas y específicas para corregir los problemas y los excesos que se cometieron en su momento.

–¿Cree que ahora es el momento?
–La corrección de los desajustes debería haberse aplicado hace mucho tiempo y quizá ahora no nos veríamos en esta situación. Evidentemente, le toca al PP, como casi siempre ha ocurrido, llevar a cabo las políticas que impulsen la recuperación y el crecimiento. Los ciudadanos nos han dado su confianza para salir de la crisis y así lo haremos.

–¿Podrá cumplir el objetivo de déficit que marcan los nuevos Presupuestos?
–En Castilla-La Mancha hemos puesto en marcha el Plan de Garantía de los Servicios Sociales Básicos, que conlleva la aplicación de medidas de austeridad con el objetivo de corregir ese déficit, y está dando resultados. Nosotros nos encontramos con un déficit a 30 de junio del 6 por ciento, cuando el máximo permitido era del 1,3 por ciento. Hemos sido la comunidad autónoma que ha cerrado el ejercicio 2011 con el déficit más elevado, un 7 por ciento, pero si no hubiéramos puesto en marcha ese plan de austeridad habríamos cerrado el 2011 con un déficit del 12 por ciento. Evidentemente, esta situación no se arregla en unas semanas ni en unos meses, pero nuestros datos revelan que vamos en la buena dirección y así vamos a continuar.

–¿A qué achaca el endeudamiento de las comunidades?
–Se ha producido básicamente por los excesos en la  prestación de servicios y la duplicidad de competencias. Lo que no se debería de haber hecho es gastar alegremente el dinero en infraestructuras administrativas sobredimensionadas, sino mejorar las infraestructuras y servicios específicos de las áreas concretas en las que se debe aplicar la acción del  Gobierno. Como ejemplo, mientras la ciudad de Toledo cuenta con un hospital de los años 60, el anterior Gobierno socialista gastó el dinero público en construir una sede fastuosa para la consejería de Sanidad y una sede para el Servicio de Salud de la región. Dos edificios de Sanidad en la misma ciudad y un hospital antiguo.

–¿Cree que existen duplicidades que se evitar entre CC AA y Estado?
–Sí, por supuesto. Una de las primeras medidas que adoptamos al llegar al Gobierno de Castilla- La Mancha fue suprimir organismos como el Defensor del Pueblo y el Consejo Económico y Social. Es necesario eliminar todas aquellas entidades que no sean absolutamente necesarias para el  normal funcionamiento administrativo. Estos órganos existen en el ámbito estatal, los derechos de  los castellano-manchegos están perfectamente protegidos.

–¿Está a favor de que el Gobierno intervenga a las comunidades que no cumplan?
–Estoy a favor de que el Gobierno de España imponga la disciplina que se autoimpone. De igual modo que el Banco de  España ha de intervenir en entidades que ponen en riesgo el sistema, o que la UE interviene en países que desequilibran la unidad económica.

–¿Por qué los mercados justifican el acoso a España en el modelo autonómico?
–Desgraciadamente, los excesos y los escándalos derivados de la pésima gestión de algunos dirigentes políticos, en sus respectivas comunidades autónomas, han sido de tal magnitud que han saltado a los medios de comunicación extranjeros. Entiendo que los mercados observen estas cuestiones con preocupación, pero creo que el presidente del Gobierno y los responsables de las comunidades  estamos dando y seguiremos transmitiendo un mensaje de responsabilidad y tranquilidad respecto a lo que hacemos.

–¿Después de esta crisis cambiará el modelo de bienestar, tal y como lo conocemos?
–Es evidente que tiene que cambiar el modelo, aunque discrepo en que se asocien los excesos con lo que debería conocerse como bienestar. Lo que ha habido hasta ahora ha sido una cultura del despilfarro en las administraciones públicas, fomentada por los dirigentes autonómicos del PSOE. El verdadero bienestar es aquel que prioriza el empleo y los servicios sociales básicos.

–¿En qué puede ahorrar gasto una comunidad autónoma?
–En Castilla-La Mancha hemos comenzado ahorrando en la propia Administración. Nuestras primeras medidas fueron  reducir el número de altos cargos del Gobierno, de personal eventual, el adelgazamiento de la estructura administrativa y la venta de vehículos e inmuebles oficiales, que resultaban claramente excesivos; porque antes de pedir un esfuerzo a los ciudadanos, que lo están pasando mal y haciendo ejercicios de austeridad, las administraciones tienen la obligación de comenzar el ajuste en sus propias estructuras. Asimismo, hemos tenido que pedir un esfuerzo a los empleados públicos, con una reducción del 3 por ciento de su salario bruto y un aumento de dos horas y media en su jornada laboral.

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