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miércoles, 01 octubre 2014
05:23
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La Razón

Columnistas

Modestia real por José María Marco

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En España, hubo un tiempo en el que se hablaba de Monarquía republicana o de un Rey para los republicanos. Ya superamos esa etapa, y conviene empezar a aclarar los términos, en particular en vista de la última ofensiva de republicanismo protagonizada por el Gobierno socialista, que ha dejado un legado importante, como se ha visto estos días, en parte de la opinión.

En la Monarquía y en la República existe la figura de jefe del Estado. Representa a la Nación en su conjunto, aquello que une a todos los nacionales. Por eso, la institución requiere el máximo respeto. En la República, el jefe de Estado se elige periódicamente: al mismo tiempo que ostenta la representación de la Nación, es también una figura política, con más o menos margen de acción. En la Monarquía, la legitimidad del Monarca es histórica, y la institución (y la persona) que simbolizan la Nación están sustraídos de la política: encarnan a una Nación anterior a las opciones políticas que prevalecen en un determinado momento.

La Monarquía hace explícito, más que la República, el hecho de que la Nación no depende de un plebiscito de la opinión pública. La Nación es una realidad que los nacionales recibimos de nuestros antecesores, que debemos gestionar de la mejor forma posible y que legamos a los que vengan después de nosotros. La Monarquía hace realidad la frase de Edmund Burke según la cual la nación es un pacto entre los muertos, los vivos y los que aún están por nacer. Incluso si dejamos de ser españoles, los futuros españoles nos pedirán cuentas de lo que hemos hecho por España.

El Monarca, como representante de la Nación, tampoco está sometido al plebiscito de los nacionales. Salvo en casos extraordinariamente graves, el cargo no puede ser separado de la persona. Por eso no es de recibo hablar de la abdicación del Rey, como si nos tomáramos en serio la leyenda urbana de la Monarquía republicana.

Como no podía ser menos, la Monarquía española tiene algunas particularidades. El Rey tiene aquí un papel «moderador» según la Constitución. Lo ha ejercido, como es su deber, y al hacerlo entra en un terreno obligadamente discutible. Nuestra historia y nuestra cultura, tan largas y tan complejas, nos deberían permitir tratar con cierta sofisticación esta zona delicada. Por otro lado, los españoles pedimos al Rey que nos represente y defienda nuestros intereses en multitud de ocasiones. La democracia frailuna que últimamente parece haberse adueñado otra vez de los espíritus de algunos de nuestros compatriotas parece exigir que el Rey cumpla ese papel con modestia e igualitarismo. Por mucho que el Rey pida perdón –algo muy digno de elogio, pero que tendrá un precio– ¿de verdad alguien se cree que eso es posible?
 

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