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viernes, 22 agosto 2014
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La Razón

Sanidad

Adiós a la «barra libre» sanitaria de los extranjeros

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1.000 millones de euros espera ahorrar el Ejecutivo mediante el control de los abusos de los pacientes europeos en la Sanidad española.
1.000 millones de euros espera ahorrar el Ejecutivo mediante el control de los abusos de los pacientes europeos en la Sanidad española.

Madrid- El Ministerio de Sanidad está dispuesto a acabar con el uso fraudulento que hacen los extranjeros de la sanidad española y que sólo en 2009 generó pérdidas estimadas en 917 millones de euros por el Tribunal de cuentas. En la conferencia de prensa celebrada ayer tras el Consejo de Ministros, Ana Mato anunció su intención de acabar con este problema de raíz, generado en su mayor parte por una mala trasposición de una directiva europea, que prohíbe expresamente desplazarse a otro país para recibir atención sanitaria. La realidad es que cuando un extranjero acude a la sanidad más allá de sus fronteras, el país de destino factura al de origen el coste del servicio. Sin embargo, como España había aprobado toda la directiva, excepto el artículo 7 (el que prohíbe esta práctica), no podía reclamar el pago a los países de origen.

Otra de las vías de agua es la tarjeta sanitaria. Hasta ahora, cualquier inmigrante podía solicitarla sólo con estar empadronado. Además, podía incluir en ella a sus familiares aunque éstos no vivieran en nuestro país. Así, en palabras de Mato, «había personas que incorporaban en su tarjeta a todas las personas de su familia que no viven en nuestro país, que venían a España exclusivamente a recibir atención sanitaria».

2.000 tarjetas europeas
Otra de las prácticas habituales de unos 2.000 extranjeros que pasan largas temporadas en España, sobre todo británicos y alemanes, es obtener la tarjeta sanitaria por residencia y con ella obtener la tarjeta europea. El fraude consistía en que, en las temporadas que pasaban en su país, utilizaban la tarjeta europea obtenida en nuestro país, por lo que el Estado español estaba obligado a pagar por esa atención. «Es un despropósito absoluto y queremos poner coto a esta utilización ilegal de nuestros servicios y a los abusos que se asumen en este campo», lamentó la ministra. Por ello, adelantó que se revisarán los convenios con algunos países, ya que «muchos no reintegran el dinero que deben».

Para materializar los cambios, Ana Mato indicó que se van a endurecer las condiciones para obtener la tarjeta sanitaria, que hace perder al Estado cerca de 500 millones anuales. Para ello, dijo, reformará la ley de extranjería, con el objetivo de que no sólo valga el empadronamiento, sino que se impondrán una serie de requisitos  para tener en cuenta «las personas que de verdad viven en España». La ministra no precisó cuáles son los requisitos, aunque apuntó que serán muy parecidos a los de los españoles que trabajan.

En referencia al copago farmacéutico, Mato confesó que «ésta es una reforma difícil» que «exige sacrificios pero que es equitativa y justa en el momento actual. Es una solución de futuro». Por ello, la ministra añadió que estas reformas son la única alternativa posible «para garantizar la sostenibilidad y viabilidad del sistema sanitario».

Además de este copago (por el que los jubilados pagarán un máximo de entre 8 y 18 euros al mes), otra de las medidas que pondrá en marcha es la cartera común de servicios. Para garantizar su cumplimiento, se ha creado una red de agencias que evaluará los criterios de calidad, eficacia y eficiencia de los medios tecnológicos, así como de los servicios sanitarios y farmacéuticos.

Envases de 100 unidades
Para dar valor a los medicamentos, se comercializarán envases que lleven los fármacos necesarios para el tratamiento que, en el caso de los enfermos crónicos, podrán tener hasta 100 unidades. En cuanto a la central de compras, explicó que puede generar un ahorro de hasta el 50 por ciento de la factura que, en el caso de la vacuna de la gripe, ya ha supuesto un ahorro de seis millones. Finalmente, explicó que uno de los objetivos del pacto sociosanitario es que el trabajo de los servicios sociales y sanitarios se realice de forma conjunta y, por tanto, sea más efectivo. Se creará además un fondo de garantía asistencial para personas que residen en zonas limítrofes en las que hay problemas de solidaridad entre autonomías.

 

El antes y el después
- Hasta ahora la Sanidad española era un coladero para los ciudadanos extranjeros. El principal problema, además del uso fraudulento de la tarjeta sanitaria europea, radica en el hecho de que España no aplicaba el artículo de la directiva europea que prohíbe expresamente desplazarse a otro país para recibir atención sanitaria.
-A partir de ahora se incorporará este artículo al Derecho español, dificultando así el turismo sanitario dentro de nuestras fronteras. Además, se endurecerán los requisitos para empadronarse, de forma que sólo accedan a la Sanidad aquellos que realmente vivan, trabajen o paguen sus impuestos en nuestro país.
 

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