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viernes, 21 noviembre 2014
23:20
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La Razón

Sanidad

Sólo las autonomías solventes podrán dar atención sanitaria extra

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La reforma sanitaria
La reforma sanitaria

MADRID- En la España de las autonomías, no todos los ciudadanos reciben la misma asistencia sanitaria en igualdad de condiciones. La realidad es que, a día de hoy, la cartera de servicios –el conjunto de técnicas, tecnologías o procedimientos sanitarios que corren a cargo de la Sanidad Pública– varía sustancialmente de unas comunidades a otras. Es por este motivo que la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, anunciaba el pasado mes de febrero una cartera común para el conjunto del Sistema Nacional de Salud que acabe de una vez por todas con la discriminación existente en la actualidad por razón de residencia. Aunque Mato desgranó la semana pasada en el marco del Consejo Interterritorial de Salud algunos de los detalles de la configuración de esta nueva cartera, LA RAZÓN ha tenido acceso al Real Decreto de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del sistema aprobado por el Gobierno, en el que se especifica cómo será su articulación.

Unificar criterios
De acuerdo a las intenciones de la máxima responsable de Sanidad, todas las comunidades deberán garantizar la financiación y aplicación de una cartera de servicios, cuyas prestaciones deberán acordarse en la próxima reunión entre el Ministerio y los consejeros autonómicos del ramo. No obstante, cada región podrá aprobar una cartera complementaria propia en la que incluya aquellos servicios que no hayan sido contemplados como esenciales por Sanidad, y cuyo coste deberá ser asumido en su totalidad por las comunidades. Para asegurar que las autonomías respeten los designios del Ministerio en lugar de primar sus propias carteras, el Real Decreto incluye una cláusula que obliga a las comunidades a garantizar la «suficiencia financiera de la cartera común», como paso previo a la aprobación de la cartera complementaria. Es decir, las autonomías no podrán proporcionar ninguna prestación sanitaria adicional, a no ser que tengan cubiertos económicamente los servicios básicos que el Ministerio exigirá para todos los residentes en España.

En cuanto a estas prestaciones comunes, habrá que distinguir entre tres modalidades: cartera básica, suplementaria y accesoria. En el primer caso estarán cubiertas de forma completa por la financiación pública todas las «actividades asistenciales de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, así como el transporte sanitario urgente». En la cartera suplementaria se incluirán todas aquellas prestaciones dispensadas de forma ambulatoria y sujetas a aportación del usuario. Es decir, copago.

Además del pago de medicamentos, también entrarán en esta categoría los productos dietéticos –suplementos nutricionales o tratamientos para tratar trastornos del metabolismo, de la deglución o del tránsito, entre otros–, los productos ortoprotésicos –muletas, collarines, sillas de ruedas, calzado especial, etc–, así como el transporte sanitario no urgente –uso de ambulancias para trasladar a pacientes en rehabilitación–. Aunque se contemplan exenciones y topes de gasto similares a los aprobados para los fármacos, en la práctica supondrá fijar un copago para estos servicios a nivel estatal. Eso sí, se hará de manera homogénea para toda España, poniendo así fin a la situación actual, en la que mientras en algunas comunidades autónomas estos servicios se prestaban de forma gratuita, en otras ya se estaba cobrando por ellos.

Por último, la cartera accesoria incluirá todos los «servicios sanitarios que no se consideran esenciales» por Sanidad o de «apoyo para la mejora de las patologías crónicas». Según afirmó la ministra el pasado miércoles, consistirá «básicamente en cremas para las enfermedades de la piel», y también estará sujeta a copago por parte del usuario.  

 

Urgencias y partos para los «sin papeles»
A pesar del endurecimiento de los requisitos de empadronamiento para los extranjeros y el mayor control que el Gobierno ha anunciado para tratar de poner cerco al turismo sanitario en nuestro país, ningún inmigrante que precise atención urgente se verá privado de ella, aunque no tenga papeles. Así, el Real Decreto contempla que «los extranjeros no registrados ni autorizados como residentes en España, recibirán asistencia sanitaria de urgencia por enfermedad grave o accidente» hasta que reciban el alta médica, además de «asistencia al embarazo, parto y postparto». No obstante, habrá una especial consideración para los menores de edad, que podrán recibir asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles.  De esta forma ya no bastará con empadronarse para poder disfrutar de todos los servicios de la Sanidad Pública, sino que, además de residir en nuestro país, los extranjeros tendrán que cotizar en la Seguridad Social y pagar impuestos aquí para tener acceso a la tarjeta sanitaria. 

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