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martes, 16 septiembre 2014
12:19
Actualizado a las 

La Razón

Sanidad

La «barra libre» sanitaria para los «sin papeles» cierra el 31 de agosto

  • El próximo 1 de septiembre es la fecha elegida por el Gobierno para poner fin a la «barra libre» de atención sanitaria a la que hasta ahora tenían acceso todos los residentes en nuestro país, independientemente de que su situación fuese legal o irregular.

    Prohibido hacer negocio con los trasplantes

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Los inmigrantes irregulares no podrán acceder a la tarjeta sanitaria
Los inmigrantes irregulares no podrán acceder a la tarjeta sanitaria

Así, según el real decreto de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, al que ha tenido acceso LA RAZÓN antes de su publicación hoy en el BOE, las personas que con anterioridad a esta reforma «tuvieran acceso a la asistencia sanitaria en España, podrán seguir accediendo a la misma hasta el día 31 de agosto de 2012 sin necesidad de acreditar la condición de asegurado».

Sólo urgencias
De esta forma, el Ministerio de Sanidad restringirá a través de una modificación de la Ley de Extranjería la atención médica que reciben los «sin papeles» que viven en nuestro país, así como la de los turistas extranjeros procedentes de países sin convenio sanitario con España –sí lo tienen la mayoría de las naciones europeas, Brasil, Chile, Ecuador, Marruecos, Perú y Túnez–. No obstante, tal y como se especifica en el real decreto, los foráneos «no registrados ni autorizados como residentes en España, recibirán asistencia de urgencia por enfermedad grave o accidente» hasta que reciban el alta médica, así como al «embarazo, parto y posparto», cubriendo así cualquier situación de emergencia. Además, «los extranjeros menores de dieciocho años recibirán asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles». Así, aunque sus padres se encuentren en situación irregular en nuestro país, los menores tendrán garantizada la atención primaria, hospitalaria y las visitas al especialista.

Con esta medida, más de medio millón de inmigrantes perderá la cobertura sanitaria integral de la que ahora disfrutan en España ya que, aunque estén empadronados, esta condición ya no será suficiente para acceder a la tarjeta sanitaria, sino que además será preciso pagar impuestos en nuestro país. Actualmente, 573.712 personas de fuera de la Unión Europea residen en España sin autorización, según informa Ep. Aunque los datos del INE sobre «sin papeles» en nuestro país apuntan a que podrían ser unos 800.000, a estos habría que descontar los menores de edad, que sí seguirían recibiendo atención médica. No obstante, esta cifra podría seguir aumentando en los próximos meses en caso de que siga creciendo el número de extranjeros de fuera de la UE que pierden su trabajo, en línea con la tendencia que vienen registrando los servicios públicos de empleo en los últimos tiempos. Esto sucede porque, al quedarse sin empleo, los inmigrantes ven imposibilitado renovar su permiso de residencia en nuestro país, por lo que automáticamente pasan a perder la condición de «asegurados», indispensable para recibir atención sanitaria gratuita.

En este sentido, el real decreto hace hincapié en el hecho de que la Seguridad Social «comunicara a las administraciones sanitarias competentes [...] la información que obre en sus ficheros y resulte necesaria para verificar en cada momento que se mantienen las condiciones y los requisitos que acrediten el derecho a la asistencia sanitaria». Es decir, los inmigrantes legales que pasen a ser irregulares perderán su tarjeta sanitaria, y por lo tanto las prestaciones.

Además, se impedirá que los ciudadanos de países limítrofes como Portugal o Francia accedan gratuitamente a servicios por los que pagan en su país –consultas, dentista, etc.– por el mero hecho de empadronarse en España.

 

Los jubilados  recuperarán  el dinero adelantado en seis meses
El real decreto de medidas urgentes para la Sanidad que se publica hoy establece que los jubilados que superen los 8 o 18 euros de gasto, según su nivel de renta, tendrán que reclamar el pago de más de sus recetas. Esta función recae en las comunidades autónomas, que deberán gestionar el reembolso en un periodo no superior a los seis meses. Así, los jubilados deberán adelantar un máximo de 48 y 108 euros, en función de sus ingresos.

 

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