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viernes, 25 abril 2014
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La Razón

Coyuntura

La oposición reprocha a Morales que expropie primero y pague después

  • Denuncian que Red Eléctrica podría ser la única beneficiada de la decisión

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El presidente boliviano, Evo Morales, tras el anuncio de la expropiación
El presidente boliviano, Evo Morales, tras el anuncio de la expropiación

BUENOS AIRES- La noticia de la expropiación de Transportadora de Electricidad (TDE), participada al 99,9% por Red Eléctrica Española (REE), no ha sentado nada bien entre la oposición boliviana. Ayer el diputado de Convergencia Nacional, Luis Felipe Dorado, expresó su deseo de que el Gobierno de Morales «no esté nacionalizando para beneficiar a empresas extranjeras» y criticó que, por ejemplo, en el caso de las petroleras de 2006, «más que una nacionalización, fue una compra» de acciones que, según dijo, benefició más a las firmas extranjeras que al Estado. También lamentó que Morales «use al Ejército» en estos actos y que la expropiación no se deba a una «propuesta técnica», sino a motivos políticos.

El ex presidente Carlos Mesa (2003-2004) también escribió que «lo de las nacionalizaciones no genera el menor entusiasmo. Su utilidad parece aún menor» y que «la presencia militar es una acción innecesaria». «La pregunta es: ¿mejorará eso la provisión de electricidad? ¿El nudo del problema no está acaso en la producción, ya en manos estatales?», cuestionó.

El Movimiento Sin Miedo (MSM), antiguo aliado de Morales, cuestionó que la nacionalización, «más temprano que tarde se traducirá en la compra de acciones», lo que es una expresión del «capitalismo burocrático del Gobierno», dijo a  LA RAZÓN uno de sus dirigentes, Edwin Herrera.
A la hora de fijar el precio, cuyo punto de partida son 30,2 millones de euros según el ministro de Energía, podría ser clave la visita del secretario de Estado español de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Jesús Gracia, a la Paz, prevista para el lunes y martes próximos.

La visita estaba programada desde hace semanas, para repasar con el Gobierno del presidente Evo Morales la cooperación y las inversiones de España, aunque ahora es posible que la sorpresiva expropiación centre buena parte de las conversaciones, agregaron fuentes de la embajada. Las ayudas al desarrollo –España es el primer país donante en Bolivia– pueden ser un elemento importante a la hora de presionar al Gobierno de Morales. Aunque siempre estarán los petrodólares de Hugo Chávez para sustituir los euros españoles.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio Española en Bolivia, José Luis Muñoz, declaró que la expropiación sorpresiva de TDE «genera desconfianza», pero que esa entidad respeta las decisiones y las leyes bolivianas. Agregó que la Cámara, a la que está afiliada la filial de la eléctrica española, espera una «rápida y justa negociación» para el pago de una indemnización adecuada.

Muñoz pidió además al Gobierno de Morales que emita «cuanto antes» una ley de inversiones clara, que permita trabajar con confianza a los inversores, tanto extranjeros como bolivianos, solicitud que también hizo el martes el embajador de España en La Paz, Ramón Santos.

 

Mala señal para la UE
La Comisión Europea está preocupada por el nuevo sobresalto en América Latina y sigue el devenir de los acontecimientos. «Acciones como ésta, forzosamente transmiten una señal negativa a los inversores sobre el clima de negocio y de inversiones en Bolivia», indicó el portavoz comunitario de Comercio, John Clancy. «Confiamos en que las autoridades bolivianas mantengan completamente sus acuerdos de inversión con España y garanticen una rápida y adecuada compensación».

Inquietud en EE UU
EE UU mostró ayer su «preocupación» por la decisión del presidente de Bolivia de expropiar las acciones de Red Eléctrica Española en la empresa Transportadora de Energía, y consideró que empaña el clima de inversión en el país. «Estamos preocupados por la decisión del Gobierno boliviano de nacionalizar TDE, después del anuncio argentino (de expropiar las acciones de la española Repsol en YPF)», dijo el portavoz del Departamento de Estado, Mark Toner.

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