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miércoles, 22 octubre 2014
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La Razón

Autonomías

El Gobierno «tumba» las cuentas de Murcia Andalucía Cataluña País Vasco y Valencia

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Griñán y Valderas, ayer, en la primera reunión del nuevo Gobierno andaluz
Griñán y Valderas, ayer, en la primera reunión del nuevo Gobierno andaluz

Madrid- El Gobierno ya ha hecho una primera revisión de los presupuestos que le han presentado las comunidades para ajustarse este año al objetivo de déficit del 1,5% y ya ha trasladado las primeras advertencias a las autonomías con cuentas menos creíbles. Como dijo Mariano Rajoy el lunes, ahora «son ellas las que tienen que hacer sus deberes». De manera discreta, bajo cuerda, siguen abiertas conversaciones y negociaciones del Ejecutivo con los gobiernos regionales en una situación financiera más precaria para reconducir la situación y evitar en la medida de lo posible el cisma en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se celebrará el próximo día 17 del presente mes.

Andalucía está en la cuerda floja porque ha trasladado a Madrid un ajuste de 2.600 millones de euros sin detallar de dónde va a recortar este importante volumen de gasto público. Desde Hacienda se le ha hecho llegar el mensaje de que tiene que aclarar, una a una, las partidas a las que va a aplicar los recortes si quiere pasar el filtro del CPFF y no colocarse en las puertas de la intervención, al ponerse en marcha todos los mecanismos previos establecidos en la Ley de Estabilidad Presupuestaria. El Gobierno de Griñán está entre la espada y la pared porque, por un lado, debe ajustarse al déficit impuesto por Bruselas si quiere seguir colocando su deuda en los mercados, y necesita de esta opción para sobrevivir financieramente. Pero, por otro lado, está constreñido por la pose política que simboliza el lema de que son posibles otras políticas distintas a las del Gobierno de Rajoy debido, en buena parte, a su dependencia parlamentaria de IU, formación enemiga de la reducción del gasto público y de la austeridad.

Pero Andalucía no es la única comunidad en el alambre. Fuentes gubernamentales confirmaron ayer que también lo está Valencia, que pese a los drásticos ajustes realizados no llega al objetivo. O sigue recortando o no pasará el trámite del CPFF porque sus cifras no cuadran con el déficit del 1,5%. A Murcia también se le están pidiendo explicaciones y correcciones. En los dos casos se trata de autonomías condicionadas por un modelo de gestión basado en el «boom» inmobiliario y de la construcción y, por tanto, en unos ingresos que han caído en picado. Una falta de previsión en la gestión que ahora se está pagando políticamente.

Dentro de esta lista de comunidades cuyos presupuestos están en solfa figura, asimismo, el País Vasco. Aunque favorecida por su sistema foral, los ingresos han caído en ella igual que en el resto de España y el documento que ha presentado a Hacienda no cuadra si  no aplican las medidas aprobadas por el Gobierno de Rajoy en Educación, Sanidad o Universidades.
Precisamente, el lendakari socialista, Patxi López, ha iniciado su carrera electoral hacia las autonómicas sobre la base de marcar distancias políticamente con esos recortes del gasto público apuntados desde Madrid. López está pensando en las autonómicas, a las que llega en una situación bastante precaria por los malos resultados del PSE en las últimas elecciones, pero también tiene la vista puesta en la construcción de su perfil político a nivel nacional, que, por cierto, poco tiene que ver con su desgastada imagen en el País Vasco. Su problema es que esos discursos de diferenciación con Rajoy no le permiten cerrar el círculo de sus ingresos y de sus gastos de acuerdo con el 1,5% de déficit que le exige la UE, y para hacerlo no tiene más salida que rectificar y hacer uso del margen que le otorga la reforma en la legislación básica aprobada por el Consejo de Ministros. Es decir, recortar en becas y en otras partidas muy sensibles para la opinión pública.

Y dudas presupuestarias sigue habiendo también sobre Cataluña por la partida de 200 millones de euros que ha incluido en su ajuste, de acuerdo con los supuestos ingresos del Estado que le reconoce el Estatut, aun a sabiendas de que el Gobierno de Rajoy no se los va a dar por una explicación tan sencilla como la de que no hay dinero para hacer ese pago. Dicen en el Ejecutivo que están confiados porque el consejero de Economía catalán, Andreu Mas-Colell, es un «político sensato» que ya les ha reconocido que él tiene que hacer un discurso político, pero que sabe que Cataluña tiene que someterse a las reglas si quiere sobrevivir financieramente. Por tanto, en Moncloa siguen convencidos de que esos 200 millones figurarán nominalmente, pero saldrán de otros recortes en otras partidas para que Cataluña llegue al déficit del 1,5% sin contabilizarlos efectivamente como ingresos.

Sobre las demás comunidades los interventores del Estado no están encontrando agujeros relevantes que hagan increíbles sus presupuestos, ni siquiera en casos tan delicados como el de Castilla-La Mancha, que partía de una situación precaria en extremo dado el déficit oculto con el que se encontró el equipo de María Dolores de Cospedal al llegar al poder. En cualquier caso, el día 17, en el CPFF, se votarán los presupuestos de todas las comunidades, como si fuera un ECOFIN a la española. Y el Gobierno ha decidido convocar otro cónclave en una semana para dar así un último margen de tiempo a aquellas comunidades que no superen el trámite. A partir de ahí, si las que hoy están en cuestión siguen sin hacer sus deberes, se pondrán en marcha los mecanismos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que concluyen en la intervención. De cara a la confianza de mercados e inversores, al Gobierno no le va mal que tenga que actuar sobre alguna autonomía porque eso le daría credibilidad en el exterior. Aunque en clave doméstica reconocen que casos como el de Cataluña plantearían un problema político de enorme envergadura.

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