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sábado, 23 agosto 2014
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Repsol inicia las acciones legales contra Argentina por el caso YPF

  • Comunica a Kirchner que denunciará al país en el Ciadi

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BUENOS AIRES / MADRID- Repsol ha puesto en marcha la maquinaria legal para que, bajo el paraguas del derecho internacional, se obligue a Argentina a resarcirla por la expropiación de su filial YPF. La compañía ha notificado a la presidenta del país americano, Cristina Fernández Kirchner, la existencia de una «controversia» por la expropiación, paso previo para elevar la cuestión al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (Ciadi), dependiente del Banco Mundial. Si las partes no encuentran una solución en un plazo de seis meses, el asunto será resuelto por la vía del arbitraje a través de este organismo.
Con esta notificación se inician formalmente las acciones legales para que se declare ilícita la actuación de Argentina y para que se la condene a restaurar la situación o, en caso contrario, a indemnizar a Repsol por los daños y perjuicios ocasionados. La petrolera valora su participación en YPF en unos 8.170 millones de euros.
Alegando una falta de inversiones en Argentina por parte de la petrolera española, Kirchner anunció en abril la renacionalización de YPF, tras su privatización en 1999. Una maniobra que, según denuncia Repsol, implica «una violación de los compromisos asumidos por Argentina bajo el Acuerdo para la Promoción y la Protección Recíproca de Inversiones entre España y Argentina», afirma la notificación. Estos acuerdos obligan a los estados a cumplir ciertos compromisos para garantizar las inversiones y permiten, en caso de discrepancia, dirimirlas en foros más neutral que los estatales, como el Ciadi.
Repsol considera que Argentina ha violado varias de las reglas que establecen estos acuerdos, como las que marcan que no se puede nacionalizar sus inversiones ni someterlas a medidas discriminatorias, salvo por causas de utilidad pública y con la contraprestación del pago de una indemnización «adecuada y sin demora». La petrolera sostiene que, previo al anuncio de expropiación, se sometió a YPF a diversas medidas para «erosionar o destruir su valor» como, por ejemplo, la confiscación de modo coordinado de concesiones en distintas provincias del país. La energética recuerda que el 16 de abril se hizo efectiva la expropiación de YPF, mediante la «ilegítima» intervención de la compañía y la expulsión de sus directivos, sin observar las medidas de protección establecidas en sus estatutos y antes incluso de la promulgación formal de la Ley de Expropiación.
Además, la expropiación, según la petrolera, es «ilícita» y no ha sido acompañada de ninguna de las garantías exigidas por el tratado, «ni tan siquiera de la que contempla el pago de una indemnización adecuada y sin demora a cualquier medida expropiatoria». En cuanto al hecho de que la nacionalización sólo afecte a las acciones de Repsol, la petrolera considera que pone de manifiesto que se trata de una medida «discriminatoria» y contraria al principio de «paridad de trato».

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