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jueves, 17 abril 2014
20:56
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La Razón

Columnistas

Recortes a los funcionarios por José Clemente

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La madrugada del lunes a martes será difícil de olvidar por algunos de los dirigentes de la Generalitat catalana que forman ese «think tank» más cercano al presidente Artur Mas. Encerrados a cal y canto junto el jefe del ejecutivo catalán dieron mil vueltas del derecho y del revés a las cuentas que Mas iba a presentar a primera hora del martes a los medios de comunicación sobre el nuevo Plan de Reequilibrio -el tercero en menos de un año-, y cuyo objetivo no era otro que dichos números no fueran finalmente rechazados en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) prevista para mañana jueves. Mas y Colell, su consejero económico, acabaron por entender que debían recortar cerca de dos mil millones de euros si querían pasar la prueba de fuego, por eso no escatimaron en tijera aunque entre los retales se cayeran partidas de esas consideradas como «señas de identidad». Lo contrario era la intervención de las cuentas de la Generalitat por parte del Gobierno y el descrédito para su autogobierno, especialmente a ojos del resto de socios comunitarios de la Unión Europea.

Esta reunión del ejecutivo catalán no iba a suponer el único nubarrón que amenazara la soleada mañana del martes, pues horas más tarde se reunían en el Palacio de San Telmo y con idéntico propósito el presidente andaluz, José Antonio Griñan, y sus socios de IU para reajustar las cuentas de Andalucía previas a la reunión del CPFF. Y muy a pesar de sus principios y, sobre todo de su corazón, el orden es el que corresponde, ya que lo de los principios está cada vez más en desuso, se vieron obligados para cruzar el alambre a meter un «tijeretazo» de cerca de tres mil millones, y lo más grave, y aquí viene lo del corazón, esta vez con cargo a las nóminas de los miles de funcionarios y enchufados de la Junta de Andalucía. El vicepresidente de la Junta y líder de IU, Diego Valderas, se veía obligado casi sin haberse quitado el uniforme de la campaña electoral a aceptar que fueran sus votantes, es decir, los funcionarios, los que debían asumir la mayor parte de ese recorte, entre otras razones porque «aún siguen teniendo trabajo». ¡Curiosa dicotomía ésta de que los funcionarios puedan ser sacrificados en unas comunidades, mientras que en otras son absolutamente intocables! Estaremos al tanto de cómo digieren los sindicatos murcianos ese salmón podrido. O los del 15-M, que siguen luchando por defender un Estado de Bienestar que lograron sus padres. O el profesorado, que se manifestará contra los recortes inexistentes el próximo día 22.

Contrariamente a lo ocurrido en la Generalitat o en el Palacio de San Telmo, en Murcia la actividad política discurría dentro de la más absoluta normalidad. Nada de reuniones de última hora y a toda prisa para cumplir con lo que todos sabían, que es reducir el déficit al 1,5 por ciento, de un 4,3 con que se cerró 2011. Cierto es que a favor de la deuda murciana juega el hecho de ser una de las más bajas de toda España, y aunque su déficit sea el tercero después de Castilla-La Mancha y Extremadura, los informes de Fedea y del BBVA la incluyen entre las comunidades solventes que superarán la difícil prueba del nueve.

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