MADRID- Hace ya dos semanas que el Gobierno sentenció que había hecho sus deberes en materia de ajuste y de reducción del gasto público y que la pelota estaba en el tejado de Bruselas y del Banco Central Europeo (BCE). Dos semanas en las que las tensiones sobre nuestra deuda soberana no han dejado de agravarse (ayer la prima de riesgo superó la cota histórica, e insostenible, de los 500 puntos) y en las que desde el Ejecutivo tampoco han dejado de lanzar gritos de auxilio a las instituciones comunitarias. 

Ayer, en otro lunes «negro», el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, compareció en rueda de prensa para explicarse y para defender sus decisiones. La única noticia positiva, de las pocas desde que comenzó la legislatura, es que el próximo viernes empezarán a cobrar los proveedores con facturas pendientes a cargo de la Administración pública.

Tras el Comité Ejecutivo de su partido, Rajoy descartó tajantemente que la banca española vaya a necesitar ser rescatada. Sin matices, como «el a día de hoy» con el que acompañó la pasada semana la negativa a que esa posibilidad esté encima de la mesa. «No va a haber ningún rescate de la banca española», sentenció. Ese rescate obligaría al Gobierno a reclamarlo expresamente a Bruselas y, a cambio, firmar un memorándum con condiciones. El Ejecutivo español es partidario de que se modifique el Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera para que los bancos puedan acudir directamente a él, sin tener que implicar a los gobiernos.

Rajoy también defendió con firmeza la gestión de la nacionalización de Bankia, que justificó en dos objetivos: garantizar los ahorros de todos los depositantes y sanear la entidad y recuperar la confianza de los inversores para privatizarla y recuperar la inversión del Estado. Ratificó que este saneamiento no afectará al déficit ni obligará a hacer más recortes, pero no dio detalles sobre el procedimiento que utilizará el Gobierno para inyectar el dinero público que recibirá la entidad. «Aún no está cerrado», indicó.

En defensa de la decisión de su Gobierno destacó que operaciones de este tipo ya se han hecho en otro países hace tres o cuatro años –«estamos haciendo lo que no se ha hecho antes»–, y que «no es la primera vez que se mete dinero público en una entidad financiera» española, citando el caso de Caixa  Cataluña y Nova Caixa Galicia.

«Ahora habrá que meter dinero público, vamos a ver cuánto dinero público. [...] Pero la alternativa era no hacer nada, es decir, era quebrar. Y, por tanto, lo que hacemos, si se me permite la expresión, es coger el toro por los cuernos», manifestó. El presidente, como ya anticipó la vicepresidenta, remitió la investigación sobre Bankia a la subcomisión parlamentaria que se creó en la pasada legislatura para hacer un seguimiento del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). También descartó que la incertidumbre sobre nuestro sistema financiero o las dificultades de Bankia estén contribuyendo a que la prima de riesgo se haya disparado por encima de lo que financieramente puede asumir un país, según advierten los expertos. Su explicación a esta presión está en las dudas sobre el futuro del euro y en la situación de Grecia.

Rajoy confirmó, asimismo, que el Gobierno no dejará caer a ninguna comunidad, como tampoco a ninguna institución financiera, porque «caería el país». Pero al igual que en el caso de Bankia, tampoco precisó cuál será el mecanismo con el que el Estado las ayudará a sostener su deuda. Rajoy ratificó que está convencido de que está haciendo lo que debe y en que sus medidas necesitan su tiempo, pero acabarán dando su resultado.

Preguntado expresamente por la entrevista que el viernes mantuvo con el líder socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, se limitó a indicar que  fue «bien». «Espero que no me tenga que rectificar, que hay un acuerdo sustancial en los temas generales». El jueves se verá  si es así en la votación de la nueva reforma financiera.