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sábado, 30 agosto 2014
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La Razón

Andalucía

La Guardia Civil: Griñán debió conocer «por lógica» las irregularidades

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El presidente andaluz, José Antonio Griñán, en una imagen de archivo
El presidente andaluz, José Antonio Griñán, en una imagen de archivo

Sevilla- El transcurso de la investigación de los ERE fraudulentos está poniendo al presidente de la Junta en una situación muy delicada por su gestión al frente de la Consejería de Economía y Hacienda entre 2004 y 2009.

La juez instructora, Mercedes Alaya, ha decidido suspender toda la agenda de declaraciones de imputados que estaba prevista tras recepcionar un contundente Informe de la Guardia Civil de más de 300 páginas, al que ha accedido LA RAZÓN, sobre el funcionamiento de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo. Entre el caudal de irregularidades puestas de manifiesto, destaca una que toca de lleno a José Antonio Griñán. Señala la Guardia Civil que, «a juicio policial y dada la importancia de las deficiencias plasmadas en esos informes (los de la Intervención General), que recogen incluso la asunción de obligaciones sin cobertura presupuestaria cercana a los 40 millones de euros, se debe suponer que no sólo porque lo recoja el Decreto 9/1999, sino por la propia lógica e importancia de su contenido, debía ser conocido por el consejero, máxime cuando en palabras del interventor general, IFA/IDEA (el ente encargado de pagar las ayudas sociolaborales) era una entidad reiteradamente incumplidora».

Hay varias claves que son básicas conocer. La Intervención General dependía de la Consejería de Hacienda dirigida por Griñán y emitió reiterados informes a partir de 2005 alertando de que la Junta estaba «prescindiendo de forma total y absoluta del procedimiento administrativo establecido». Esos informes debieron llegar a manos de Griñán, pero su entonces viceconsejera, Carmen Martínez Aguayo –hoy consejera de Hacienda y Administración Pública– se interpuso como parapeto cuando saltó el caso esgrimiendo que no le dio traslado porque no los consideraba lo suficientemente importantes. «No me leo todo lo que llega», llegó a decir en su día.

Sin embargo, el informe de la Guardia Civil subraya que la Intervención General «advertía de forma clara en el propio oficio de remisión que era para su conocimiento y traslado al titular de la Consejería», esto es, Griñán. Queda también en un brete Aguayo, porque lo que señala la Benemérita es que «en todo caso, era responsabilidad de la viceconsejera, como receptor de los informes, haberlos hecho llegar al titular de la Consejería o el haberle comunicado el contenido de los mismos».

En sintonía con el informe no definitivo de la Cámara de Cuentas conocido esta semana, la Intervención lo que debió haber realizado es un «informe de actuación, ya que los responsables de IFA/IDEA no adoptaron de manera reiterada las medidas necesarias para solventar las defiencias observadas, existiendo asimismo un importante menoscabo de fondos públicos». De nuevo esta observación salpica a Griñán. El informe de actuación es el que hubiera encendido las alarmas del fraude. De haberse abierto, la ley señala que el titular de Hacienda –el ex presidente andaluz– debería haber informado al Consejo de Gobierno.

Los miembros del Consejo de Gobierno, no obstante, a juicio de la Guardia Civil, «sí conocieron el sistema utilizado (con dos piezas sustanciales del engranaje que son irregulares: el convenio de julio de 2001 y la fórmula de la transferencia de financiación), participando en mecanismos que lo harían viable, como las ampliaciones presupuestarias que incrementaban el crédito correspondiente a las transferencias de financiación que desde Empleo iban destinadas a IFA/IDEA (el ente pagador)». También se ve en este punto la gestión de Griñán en entredicho porque firmó varias resoluciones que fueron elevadas al Consejo de Gobierno para ampliar los fondos de la partida 31.L, conocida como «fondo de reptiles».

Ni el director general que relevó  al encarcelado Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez; ni el actual director general, Daniel Alberto Rivera; trasladaron el caso «al juzgado o al Ministerio Fiscal a pesar de su gravedad» y de su conocimiento. Apunta la Guardia Civil que de la visita secreta a la Consejería que fue pilotada por el ex consejero Manuel Recio en un fin de semana de noviembre de 2010 cuando estalló el caso, «no se deduce que se destruyera documentación alguna». «Sin embargo, los expedientes reclamados por el juzgado (...) no se mandaron tal cual estaban en la Dirección General de Trabajo, sino una vez completados con distintos documentos que le faltaban a los mismos y que eran reclamados de los distintos organismos que los pudieran tener (...). Al igual que ocurrió esto, y según otras de las manifestaciones tomadas, se sacó de los expedientes documentación que pudiera haber resultado comprometida o de interés para la investigación». A decir de la Guardia Civil, el actual director general de Trabajo imputado «no sólo da continuidad a los acuerdos alcanzados por Guerrero sin formalidad y con una clara y patente falta de procedimiento, sino que además da ‘forma' a los mismos mediante la emisión de una resolución por la que se ordena un pago (...) a Surcolor» a sabiendas de como se actuaba en la etapa de Guerrero.

 

INCUMPLIMIENTO GENERALIZADO
El extenso informe de la Guardia Civil señala en sus conclusiones todo un rosario de irregularidades.

-«Falta de competencia por parte del director director general de Trabajo y Seguridad Social para la concesión de ayudas y subvenciones».
n «Inexistencia de solicitud por parte del interesado, y en consecuencia falta de los documentos que deben acompañar a la misma tales como: importe de la subvención solicitada, actividad a subvencionar...».

-«Inexistencia de justificantes del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la subvención y del gasto total de la actividad subvencionada».

- «Falta de publicidad de las ayudas impidiendo el acceso a las mismas en condiciones de igualdad».

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