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jueves, 02 octubre 2014
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La Razón

Tribunales

La Guardia Civil apunta a Griñán: «Debió conocer las irregularidades»

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El presidente andaluz, José Antonio Griñán
El presidente andaluz, José Antonio Griñán

Sevilla- El transcurso de la investigación de los ERE fraudulentos está poniendo al presidente de la Junta en una situación muy delicada por su gestión al frente de la Consejería de Economía y Hacienda entre 2004 y 2009.

La jueza instructora, Mercedes Alaya, ha decidido suspender toda la agenda de declaraciones de imputados que estaba prevista tras recepcionar un contundente Informe de la Guardia Civil de más de 300 páginas sobre el funcionamiento de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo. Entre el caudal de irregularidades puestas de manifiesto, destaca una que toca de lleno a José Antonio Griñán. Señala la Guardia Civil que, «a juicio policial y dada la importancia de las deficiencias plasmadas en esos informes (los de la Intervención General), que recogen incluso la asunción de obligaciones sin cobertura presupuestaria cercana a los 40 millones de euros, se debe suponer que no sólo porque lo recoja el Decreto 9/1999, sino por la propia lógica e importancia de su contenido, debía ser conocido por el consejero, máxime cuando en palabras del interventor general, IFA/IDEA (el ente encargado de pagar las ayudas sociolaborales) era una entidad reiteradamente incumplidora».

Hay varias claves que son básicas conocer. La Intervención General dependía de la Consejería de Hacienda dirigida por Griñán y emitió reiterados informes a partir de 2005 alertando de que la Junta estaba «prescindiendo de forma total y absoluta del procedimiento administrativo establecido». Esos informes debieron llegar a manos de Griñán, pero su entonces viceconsejera, Carmen Martínez Aguayo –hoy consejera de Hacienda y Administración Pública– se interpuso como parapeto cuando saltó el caso esgrimiendo que no le dio traslado porque no los consideraba lo suficientemente importantes. «No me leo todo lo que llega», llegó a decir en su día.

Sin embargo, el informe de la Guardia Civil subraya que la Intervención General «advertía de forma clara en el propio oficio de remisión que era para su conocimiento y traslado al titular de la Consejería», esto es, Griñán. Queda también en un brete Aguayo, porque lo que señala la Benemérita es que «en todo caso, era responsabilidad de la viceconsejera, como receptor de los informes, haberlos hecho llegar al titular de la Consejería o el haberle comunicado el contenido de los mismos».

En sintonía con el informe de la Cámara de Cuentas conocido esta semana, la Intervención debió haber realizado un «informe de actuación, ya que los responsables de IFA/IDEA no adoptaron de manera reiterada las medidas necesarias para solventar las deficiencias observadas, existiendo asimismo un importante menoscabo de fondos públicos». De nuevo esta observación salpica a Griñán. El informe de actuación es el que hubiera encendido las alarmas del fraude. De haberse abierto, la Ley señala que el titular de Hacienda –el ex presidente andaluz– tendría que haber informado al Consejo.
 

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