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viernes, 29 agosto 2014
11:58
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La Razón

Murcia

Dos sentencias y una resolución exculpan al alcalde de las acusaciones de Umbra

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INTENTO El fiscal jefe trabajó para demorar la resolución que se iba a sentenciar
INTENTO El fiscal jefe trabajó para demorar la resolución que se iba a sentenciar

MURCIA- Anteayer, el abogado defensor del alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, José María Caballero Salinas, aclaró que el titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia, David Castillejos, ha imputado al primer edil murciano en calidad de imputado por un presunto delito de prevaricación administrativa.

Todo ello se engarza en el transcurso de la denominada «Operación Umbra» que investigan presuntos delitos de malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, cohecho, negociaciones prohibidas a los funcionarios y otros. El origen del caso se inició por medio de una denuncia de la Fiscalía que dentro del Tribunal Superior de la Región de Murcia lidera el fiscal jefe Manuel López Bernal. El cual diseñó el registro de las dependencias de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia el pasado 5 de octubre de 2010.

Sin embargó, las ramificaciones que conectan con «Umbra» se remontan al 3 de abril de 2007, fecha en la que el concejal y portavoz del Grupo Municipal Socialista por aquél entonces, José Manuel Abellán, presentó una denuncia ante el Tribunal de Cuentas por «la supuesta existencia de presuntas irregularidades en la celebración de ciertos convenios urbanísticos del Ayuntamiento de Murcia», según recoge la sentencia de dicho Tribunal con fecha 12 de junio de 2009 a la que ha tenido acceso LA RAZÓN.

Abellán puso el acento en unas presuntas irregularidades cometidas por el Consistorio murciano en la tramitación de seis convenios urbanísticos ubicados en la zona Norte de la capital murciana. Lo primero del asunto que levantó suspicacias dentro del equipo de Gobierno del Ayuntamiento fue el hecho de que el impulsor de la denuncia por supuestas irregularidades fuera uno de los concejales del Partido Socialista que votó favorablemente, según han asegurado a este diario fuentes municipales. Por tanto, no se entendió como el edil Abellán denunció un convenio urbanístico que contó con su voto favorable en el marco del desarrollo de la sesión plenaria del Ayuntamiento de Murcia en la que se aprobó dicho convenio.

Por otra parte, la mencionada sentencia recoge (como se puede observar en el extracto de texto impreso de la imagen superior) que, con fecha 10 de marzo de 2008, la Consejera de Cuentas del Departamento Primero de la Sección de Enjuizamiento, «concedió a las partes el plazo de 10 días para alegar lo que conviniera a su derecho en relación con la posible declaración de no incoación del proceso de reintegro por alcance».

Durante dicho periodo, la representación legal de Abellán no movió ficha y no presentó ninguna alegación al respecto. El que sí lo hizo fue el Ministerio Fiscal, quien «informó de la existencia de Diligencias Preliminares de Investigación Penal en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia y solicitó la suspensión de las actuaciones hasta el momento en que se pudiese tener noticia de las pretensiones penales que pueden aplicarse por estos mismos hechos». Al respecto, fuentes municipales aseguraron a LA RAZÓN que el fiscal López Bernal intentó sin lograrlo ralentizar el dictámen del Tribunal de Cuentas hasta esperar sendas resoluciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de la Región en relación a unas supuestas irregularidades cometidas por el Ayuntamiento por presuntamente ceder para la construcción de la zona Norte más terreno que el permitido. Finalmente, las sentencias de ambos casos volvieron a exculpar al equipo de Gobierno municipal de las acusaciones iniciales. Lo mismo sucedió (como se puede leer en el extracto de texto reflejado en la imagen superior) con la sentencia del Tribunal de Cuentas que refleja que «no existe la más mínima prueba de la responsabilidad contable denunciada» por parte del Ayuntamiento de Murcia. De igual manera, califica de «contraria a los principios de la buena fe» la conducta procesal del recurrente por entender que fue desmesurada.
 

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