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miércoles, 01 octubre 2014
10:08
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La Razón

Tribunales

El CGPJ aboga por multar a letrados que recurran sin motivos

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MADRID- El Consejo General del Poder Judicial está decidido a poner encima de la mesa del Ministerio de Justicia una serie de propuestas concretas que puedan servir para aligerar la insoportable carga de trabajo que tienen en estos momentos los juzgados y tribunales de nuestro país. Pese a que, en líneas generales, se resuelven más asuntos de los que ingresan, los procedimientos que esperan una resolución no logran disminuir. En el último Pleno del CGPJ ya se adelantaron las líneas generales de ese plan para «la reducción de la litigiosidad», un estudio de más de 50 folios que ya obra en poder de todos los vocales y que ha sido elaborado por los consejeros Antonio Monserrat, Margarita Uría, Ramón Camp y Miguel Collado. El objetivo es que se puedan realizar  aportaciones para llevar un texto definitivo al próximo Pleno, a finales de mes.

Las propuestas recogidas en ese informe, a las que ha tenido acceso LA RAZÓN, se centran en cinco aspectos esenciales: mediación, arbitraje, conciliación, desjudicialización de determinadas faltas o dar más atribuciones a los jueces de paz en esta materia, y, como principal novedad, la de multar a los abogados –y no a los clientes– por reclamaciones que desde un principio se observe que no tienen fundamentos y puedan catalogarse de «frívolas». En relación con este último punto se busca penalizar a quien litiga sin fundamento alguno y conociendo que sus pretensiones no van a ser admitidas, o quien opta por insistir en la vía judicial cuando ha podido lograr un acuerdo previo que evite los juzgados. En ese sentido, se aboga por adecuar la ley a las Reglas Federales del Procedimiento Civil de Estados Unidos, en el que se prevé que, si la parte demandante no acepta la oferta de  la demandada y finalmente la sentencia no le resulta más favorable que la propuesta de acuerdo, deberá abonar las costas causadas con posterioridad a la oferta, pese a haber ganado el pleito.

Como segundo aspecto, se considera positiva la introducción de multas a los abogados que presenten alegaciones o recursos en asuntos que están «groseramente infundados» o que, en realidad, lo que persiguen son fines «espurios», como dilatar injustificadamente el cumplimiento de una resolución.

Otro aspecto relevante es el que alude a medidas a aplicar en determinados procesos antes de acudir a los tribunales, lo cual beneficiaría tanto a los litigantes, que no tendrían que esperar tanto tiempo para obtener una respuesta a sus pretensiones, como a los juzgados, que no verían incrementada su bolsa de asuntos. Con carácter general, se aboga por estudiar la obligatoriedad de acudir a medios alternativos de resolución de conflictos en determinadas áreas (mediación, arbitraje y conciliación). Así, respecto a la mediación, no existen dudas de que influiría en la reducción de asuntos y que la resolución de la controversia sería, además, más rápida y sencilla. En cuanto al arbitraje, se considera un medio muy adecuado para resolver litigios civiles o mercantiles de gran envergadura y con complejidad técnica elevada. Respecto a la conciliación, se aboga por implantarla de manera obligatoria en las áreas Civil y Mercantil, como paso previo a la interposición de cualquier litigio.
 

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