BARCELONA– Las comisiones de investigación en el Parlament suelen levantar cierta expectativa por conocer los detalles de casos polémicos como las irregularidades en el Palau de la Música o la descoordinación en el mortal incendio de Horta de Sant Joan. Pero la sensación generalizada cuando finalizan es que se han cerrado en falso, sin esclarecer verdaderamente todas las sombras de duda y sin conclusiones muy ambiciosas. Esto mismo podría ocurrir con la comisión de investigación sobre la actuación y la gestión de las entidades financieras ubicadas en Cataluña, la cual pondrá en marcha el Parlament dentro de pocas semanas.

ICV, ERC, Ciutadans y Solidaritat sumaron ayer sus fuerzas para forzar la creación de esta comisión y lo hicieron sin hallar la oposición de los grandes partidos, CiU, PSC y PP. La cuestión es qué que se va a investigar exactamente y quiénes van a comparecer. La presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, anunció que su grupo pedirá la comparecencia «de los miembros del actual Govern y del anterior Govern –con José Montilla a la cabeza–, así como la de los responsables de las cajas catalanas que han recibido ayudas públicas». «Los catalanes tienen derecho a saber qué ha pasado con las cajas que han recibido ayudas públicas de los impuestos de todos», dijo.

La postura del PSC
En la misma línea se pronunció el primer secretario del PSC, Pere Navarro, que se mostró partidario de que la investigación se limite a las beneficiarias de fondos públicos. Navarro criticó la forma con que han actuado los grupos minoritarios porque, en su opinión, lo han hecho «deprisa y corriendo, tendiendo más al espectáculo que a la investigación». «Una comisión así no se crea en un día en los pasillos del Parlament, no han buscado el consenso y por eso no la hemos firmado», afirmó.

CiU, por su parte, teme que la comisión sólo sirva para generar «más desprestigio e incertidumbre» en torno a las cajas. «Sorprende la sobregesticulación de algunas fuerzas políticas que intenta acelerar (puede que por un sentimiento de  culpa) un proceso como la comisión de investigación, que no sabemos que nos aportará en la diagnosis del problema ni en las soluciones», afirmó su portavoz parlamentario, Jordi Turull.

Los promotores de la comisión subrayaron en su petición para forzar la investigación que las entidades financieras «han contribuido de forma decisiva» a la crisis inmobiliaria. Pero sus suspicacias no acaban aquí, ya que también les acusan de haber comercializado «productos financieros de riesgo como las participaciones preferentes (inversiones de tipo perpetuo, ni depósitos ni acciones, con una liquidez muy reducida)».

A todo esto hay que añadir otros asuntos polémicos protagonizados por las cajas como operaciones de crédito e inversiones de alto riesgo, así como las elevadas indemnizaciones a varios de sus directivos.
 
Si la ronda de comparecientes se limita a las cajas que han recibido dinero público, las entidades que estarían en el punto de mira son Unnim, CatalunyaCaixa y Bankia (donde se integró Caixa Laietana).

La comisión en el Parlament será la primera que se haga en toda España, tal y como destacó el presidente de Ciutadans, Albert Rivera.