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domingo, 28 septiembre 2014
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La Razón

Madrid

Se acabó la fiesta con cargo a los madrileños

  • Botella pedirá la modificación de la Ley de Haciendas Locales para cobrar los eventos patrocinados en la vía pública. Quiere cubrir lo sobrecostes que provocan en los servicios municipales las ocupaciones comerciales de la calle

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Entre los chascarrillos de ayer destacaron  los filósofos «presocráticos» que citó David Ortega y el «cash» que, como a Tita Cervera, le falta la capital según Ángel Pérez. También fue gracioso cuando Lissavetzky calificó a Botella de clon de Gallardón mi
Entre los chascarrillos de ayer destacaron los filósofos «presocráticos» que citó David Ortega y el «cash» que, como a Tita Cervera, le falta la capital según Ángel Pérez. También fue gracioso cuando Lissavetzky calificó a Botella de clon de Gallardón mi

MADRID- La alcaldesa de la capital, Ana Botella, se graduó ayer en su primer Debate sobre el Estado de la Ciudad y lo hizo con nota. Ni corta ni perezosa, la regidora madrileña presentó sobre la mesa la batería de medidas que ha puesto en marcha en estos primeros seis meses de Gobierno municipal, incluyendo varios anuncios de medidas «estrella». Entre ellas la petición al Ejecutivo de Mariano Rajoy de una reforma de la Ley de Bases de Régimen Local y de la Ley de Haciendas Locales que permita a los ayuntamientos compensar de una forma más justa el coste de los servicios municipales generados por la ocupación y explotación del espacio público con fines comerciales, excluyendo por supuesto de esta clasificación, las ocupaciones que se realizan en el ejercicio de derechos fundamentales.

La alcaldesa se refería a eventos como una carrera patrocinada por una marca comercial o un concierto, que pagan una mínima tasa por ocupación de la vía pública –así como la correspondiente fianza en caso de que provoquen desperfectos– la cual no sólo no cubre las horas extras que realizan servicios municipales como Policía, protección civil, limpieza, etc, sino que el dinero recaudado por la tasa no se puede dedicar específicamente a ese gasto extraordinario. «Nada hay más injusto que el que todos los vecinos tengan que sufragar el coste del uso de la ciudad con fines particulares», destacó Ana Botella, que recordó que el año pasado se organizaron en Madrid más de 2.300 actos comerciales en la calle.

Otra de las medidas «estrella» que protagonizaron el debate de ayer está dirigida a los más afectados por la crisis económica. «En estos momentos de especial dificultad, muchas familias madrileñas han visto caer sus ingresos hasta niveles que las sitúan en riesgo de exclusión social y residencial», explicó Botella antes de anunciar que el Ayuntamiento de Madrid pondrá a disposición de entidades y organizaciones dedicadas a la lucha contra la exclusión, 200 viviendas propiedad de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo. Estos hogares estarán disponibles para alquilar, con un precio social de 3 euros el metro cuadrado, hasta un máximo de 200 euros por piso.

Los principales beneficiarios serán las personas que han sido desahuciadas de sus casas o que están en proceso de perderlas; especialmente las familias con todos sus miembros en paro y personas o menores a su cargo, quienes hayan agotados todas su prestaciones por desempleo así como aquellas familias que estén en riego de exclusión según los servicios sociales. Botella vinculó esta medida a otras tomadas al comienzo de su mandato como la bonificación de 60 euros en el pago del IBI a las familias con escasos recursos –que estima que pueda alcanzar a unas 35.000 familias–.

Sin duda, la búsqueda de una administración más eficaz y barata para los madrileños fue el eje de su discurso y de muchas de las demás acciones previstas para las legislatura, como poner la frecuencia de TDT municipal de nuevo en el mercado o el nuevo régimen de contratación que, además de la prueba piloto sobre la limpieza y gestión de zonas verdes en tres distritos, pronto se extenderá a los servicios de señalización, cámaras de control de tráfico o alumbrado público.

Todo ello frente a otros dos debutantes en la bancada de la oposición: David Ortega, de UPyD, y Jaime Lissavetzky, del PSOE, que, junto al veterano Ángel Pérez, de Izquierda Unida, dirigieron sus alocuciones en clave nacional y con la crítica afinada en los planes de ajuste. Sin embargo, las reprobaciones de los grupos políticos no logró hacer mella en el trabajo de la regidora madrileña, máxime cuando los discursos de todos estuvieron salpicados de errores.


El detalle
LAS PETICIONES IMPOSIBLES

- Vender el Palacio de Cibeles.  El portavoz del grupo socialista, Jaime Lissavetzky sugirió que se vendiese la sede municipal, porque eso sí sería «austeridad y eficiencia» y no «lujo, boato, desmesura y derroche». El otrora  secretario de Estado para el Deporte se olvidó de que, en 2006, el Ministerio de Economía y Hacienda  –gobernado por su compañero de partido Pedro Solbes– cedió el Palacio «con destino a su sede institucional, representativa y de uso cultural» y determinaba que la cesión llevaba aparejado ese uso, o se revocaría.
- Construir la villa olímpica.  David Ortega, portavoz de UPyD, criticó que la Villa Olímpica no se ha construido todavía. Olvidaba que Alejandro Blanco, presidente de la candidatura, se comprometió a no construir ninguna infraestructura hasta tener los Juegos.
- Sin políticos en los bancos. El portavoz de UPyD también pidió que sólo hubiese técnicos en las entidades bancarias y no políticos. Aunque desde que Alberto Ruiz-Gallardón era presidente regional, ninguno recibe dieta alguna por pertenecer a los consejos de administración.

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