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    Alfonso Ussía

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lunes, 21 abril 2014
14:12
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La Razón

Andalucía

La Junta impondrá los recortes por decreto tras el «no» de los sindicatos

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Organizaciones sindicales protestan fuera, al no poder acceder a la reunión de la Mesa General de Negociación del Empleado Público a la que asistió la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo
Organizaciones sindicales protestan fuera, al no poder acceder a la reunión de la Mesa General de Negociación del Empleado Público a la que asistió la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo

SEVILLA- Los sindicatos velan espadas pancarteras tras el fracaso de la reunión extraordinaria de la Mesa General de Negociación del Empleado Público que tuvo lugar ayer para analizar el plan de ajuste de la Junta. Dentro: los  sindicatos CSIF, CC OO, UGT y la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo. Fuera y haciéndose oír con estruendo: organizaciones como Safja, Satse, ANPE o SAE, no presentes en la mesa, pese a haber ganado algunas las últimas elecciones sindicales y tener derecho legal a hacerlo.

Tras constatar el desacuerdo, después de más de tres horas de conversación, Aguayo aseveró que el Gobierno andaluz aprobará el decreto de ajuste «lo antes posible». Fuentes consultadas por LA RAZÓN apuntan que la hoja de ruta pasa por el visto bueno de los viceconsejeros la próxima semana, la aprobación del texto en el Consejo de Gobierno de los martes  19 o 26 y su traslado posterior al Parlamento, donde se tramitará como proyecto de ley.

La propuesta de flexibilización que planteó sin demasiado éxito la consejera contempla que el recorte salarial y de jornada del 15 por ciento anunciado para los interinos, se reduzca hasta el 10.

Incluye, asimismo, una poda del 7,5 por ciento en las retribuciones de los altos cargos como el presidente andaluz José Antonio Griñán, el vicepresidente Diego Valderas, los consejeros, viceconsejeros y directores o secretarios generales, en lugar del 5 previsto. Un gesto que «a todas luces nos parece insuficiente», señala a este periódico el presidente de CSIF-A, José Luis Heredia. «Nosotros hemos reclamado que el sueldo de todos los altos cargos de la Administración se recorte un 30 por ciento, incluidos los de los entes instrumentales», explica para sumar: «Y en el caso de la Administración paralela, creemos que hay que hacer una reducción drástica de los mismos hasta del 50 por ciento». Punto de vista que la Junta no comparte.

Aguayo sí está dispuesta a aceptar  que ningún empleado público cobre menos de mil euros al mes por jornada completa, o el mantenimiento del concepto de paga adicional o equivalente en un importe del 1 por ciento, que se descontará prorrateado en el complemento específico de las nóminas mensuales de enero a diciembre. Una medida que permitirá que, al no desaparecer en su totalidad, se recupere «de manera más fácil» en el futuro, si la  situación económica lo permite.

La titular de Hacienda destacó también la introducción de una cláusula de reversibilidad, insistiendo en el carácter «excepcional y temporal» de las medidas que se adopten ahora en relación al personal del sector público. De hecho, llegó a mencionar finales de 2013 como fecha para comenzar a revertir el proceso.

Estas nuevas propuestas suponen que en vez de los «inamovibles» 777 millones de euros que tenían que ahorrarse  del capítulo I relativo a las nóminas de los trabajadores de la Administración, la disminución será de entre 25 y 30 millones menos.  Una reducción que ya había adelantado IU, socio de coalición de los socialistas, con un desajuste: los portavoces izquierdistas habían estimado que alrededor de 40 millones de los 777 se podían sacar de otras partidas como las vinculadas a los bienes y servicios o las transferencias corrientes. Según Aguayo, ese dinero se obtendrá de «apretar» en el capítulo  II, en especial en los alquileres, donde ya había prevista una reducción del 15 por ciento en el documento de ajuste. Con todo, la consejera quiso dejar sentado que «el total del plan no se verá modificado, como tampoco el objetivo de déficit del 1,5 por ciento». De su mantenimiento depende, a su juicio, «el crédito» de la comunidad autónoma.

Los sindicatos se han quejado de que no ha existido una negociación real y «sustancial» con la Junta de Andalucía. Si en algo están de acuerdo CSIF, CC OO y UGT es en que «el decreto no sólo repercutirá en una merma importante de trabajo, se perderán empleos públicos; sino también en la calidad de servicios básicos como la educación o la sanidad». «Años de lucha desperdiciados», lamenta Heredia. Y señalan dos «responsables» al mismo nivel: «Estamos ante un Gobierno de coalición e IU es tan culpable de los recortes como el PSOE».
 

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