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lunes, 28 julio 2014
03:30
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La Razón

Sevilla

«No podemos iniciar la ciudad judicial por mucha voluntad política que haya»

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Emilio de Llera volvió a la que hasta que tomó posesión de su cargo como consejero
Emilio de Llera volvió a la que hasta que tomó posesión de su cargo como consejero

Sevilla- Fue casi lo primero que dijo el consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, al tomar posesión: «La Ciudad de la Justicia es de ciencia ficción». El Supremo ya ha dado vía libre para su construcción en los Gordales, pero todo indica que De Llera será el séptimo responsable de la Administración andaluza que incumpla con la promesa de hacer el ente judicial, con la salvedad de que, prácticamente, ha descartado su construcción desde el principio, asegurando, incluso, que «está enterrada».

De Llera visitó institucionalmente, por primera vez, el que hasta hace algo más de un mes era su lugar de trabajo: la Audiencia. El consejero conoce de primera mano las necesidades de la Justicia en Sevilla. Tras reunirse con el representante del Poder Judicial en Andalucía Occidental, Antonio Reinoso; el presidente de la Audiencia, Damián Álvarez; la fiscal jefe, María José Segarra; el juez decano, Francisco Guerrero; la secretaria coordinadora, María José Góngora; y el director del Instituto de Medicina Legal, Jesús Parejo, se puso «a disposición de los operadores jurídicos» y prometió «diálogo claro y directo». El compromiso pasa por «mejorar todo lo que podamos y hasta donde podamos». En estos parámetros, no entra el ente judicial.
Los problemas con el Estado como titular de la parcela; la falta de definición de la Junta para cortar de raíz el colapso judicial en la capital; y, ahora, la falta de financiación mantienen a Sevilla sin unas infraestructuras acordes a su peso político y poblacional. Para evitar –por si fuera necesario– falsas ilusiones, De Llera añadió que, para cualquier mejora, «hay que ver el plan de ajuste y el presupuesto». «Hay cosas que cuestan más y otras, menos». La Ciudad de la Justicia cuesta mucho.

La Administración admite «las grandes dificultades actuales para impulsar dicho proyecto en estos momentos» y, ahora, ve «necesario apostar por la colaboración público-privada para financiar la ejecución de la infraestructura judicial». La vía para llegar a un acuerdo con un promotor, al no haber visos ni a medio plazo de abordar el proyecto, es otra de las nuevas incógnitas de la Ciudad de la Justicia. ¿Acaso cobrar una entrada como en el mirador de «las setas»? ¿Un alquiler? ¿Una permuta? Todo entra dentro del tratado de «ciencia-ficción» del proyecto judicial.

De Llera confesó que «hoy no podemos empezar a hacerla (la Ciudad de la Justicia) por mucha voluntad política que haya». El alto cargo de la Junta descartó, incluso, la vía que propone el alcalde, Juan Ignacio Zoido. «Por mucho que se busque financiación público-privada», no es posible. El consejero sí aprovechó para mandar un recado al regidor. «Aún no he oído lo que tiene que decir el alcalde. Estoy esperando que me pida cita para vernos y ver cuál es el lugar más idóneo», indicó, sin concretar si ahora la Junta aceptaría el planteamiento de Zoido –respaldado por el Colegio de Abogados– de aprovechar las instalaciones existentes en el Prado, construir un nuevo edificio anexo y conectar todos los edificios por túnel. Oficialmente, De Llera está «a la espera de sentarse a hablar con el alcalde para abordar el futuro de la Ciudad de la Justicia, pero hasta la fecha» no ha recibido «respuesta a su oferta de diálogo para consensuar el proyecto».

La Consejería recordó que los Gordales es «la principal opción defendida por la Junta y que ya contó con el apoyo unánime en pleno de todos los grupos municipales en 2008» y habló de la Ciudad de la Justicia como «un proyecto irrenunciable para dotar a la ciudad en un futuro de una sede judicial moderna y acorde con sus necesidades presentes y futuras». Algo parecido dijo  la consejera del ramo Carmen Hermosín. Era el año 2000. En 2003, alcanzó un preacuerdo con Monteseirín para construir en los Gordales. Después, se han barajado ubicaciones como el Puerto, Bellavista, la Cartuja o Villanueva del Pítamo. La última fecha ofrecida para iniciar las obras –con Pizarro de consejero– fue 2014. Entretanto, el edificio puente de la Buhaira está alquilado por unos ocho millones hasta este año –fecha en la que, cuando se arrendó, se pensaba que estarían las obras– y cada año más de utilización de la sede «provisional» supone –salvo renegociación– 2,7 millones más de gastos. Pagan los ciudadanos, conviene recordarlo.

 

Abucheos y críticas en la vuelta «a casa» del consejero
Emilio de Llera volvió a la que hasta que tomó posesión de su cargo como consejero era su casa, laboralmente hablando. El titular de Justicia e Interior de la Junta fue recibido con un sonoro abucheo por unas 200 personas, en protesta por los recortes en el sector. De Llera manifestó que «los funcionarios se han equivocado de lugar, tenían que haber ido a la Moncloa». A pesar de que la Junta posee las competencias judiciales, achacó los «ajustes» a los «recortes del Gobierno central». «No nos equivoquemos», llegó a apostillar. Según De Llera, la Junta ajusta y el Gobierno recorta. Los funcionarios no ven la diferencia. A final de mes, cobran menos, trabajan más y pagan mayores impuestos. «Siempre pagamos los mismos», rezaba una de las pancartas.
 

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