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martes, 29 julio 2014
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La Razón

Interior

El TC avala a Sortu días antes de su renovación

  • El Pleno anula, gracias a los seis magistrados «progresistas» que dieron el visto bueno a Bildu, la sentencia del Supremo que impidió a la formación inscribirse como partido. Cinco magistrados se oponen al fallo al argumentar, como la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que es un instrumento de ETA y que su rechazo a la violencia es un ardid

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La bandera de España que coronaba el Ayuntamiento de San Sebastián, gobernado por Bildu, y que ayer fue retirada
La bandera de España que coronaba el Ayuntamiento de San Sebastián, gobernado por Bildu, y que ayer fue retirada

Madrid- Sortu ya tiene vía libre para presentarse a las próximas elecciones vascas. A sólo unos días de que se aborde su renovación, el Tribunal Constitucional (TC) rehabilitó ayer políticamente a la formación abertzale 15 meses después de que el Tribunal Supremo (TS) la apartase de las urnas por considerarla una marioneta de los terroristas.

Como en el caso de la polémica sentencia sobre Bildu, la resolución que da vía libre a Sortu se acordó por un estrechísimo margen, gracias al voto de seis magistrados «progresistas», incluido el de su presidente, Pascual Sala. Los cinco integrantes del Pleno elegidos a propuesta de PP y el también «progresista» Manuel Aragón (que ya se alineó con el sector «conservador» en las controvertidas sentencias sobre el Estatut y Bildu) votaron en contra y tres de ellos –el propio Aragón y los magistrados Javier Delgado y Ramón Rodríguez Arribas– han anunciado votos particulares.

 Sólo el hecho de que no se haya cubierto la vacante de Roberto García-Calvo (fallecido hace cuatro años) ha evitado que la resolución tuviese que salir adelante con el voto de calidad del presidente del TC.

Hasta última hora, tal y como informó ayer LA RAZÓN, los magistrados que han avalado la ponencia de la «progresista» Elisa Pérez Vera (ver gráfico) han intentado sumar a su causa más apoyos para no dar, de nuevo, una imagen de fractura. Pero no ha sido posible, por lo que la «foto-finish» de la votación ha sido la misma que en el «caso Bildu» (aunque entonces se produjo sobre la vulneración del derecho de sufragio pasivo).

Pautas para el futuro
Aunque fuentes del TC indicaron que los magistrados «no han entrado en la valoración de la prueba» (como sucedió con Bildu con los informes policiales y los documentos incautados a ETA), la resolución sí enumerará los comportamientos que acarrearían en el futuro la ilegalización de Sortu, unas pautas que facilitarán la supervisión de la Fiscalía y la Abogacía del Estado para evitar que la formación abertzale burle la ley una vez pasado el filtro del Constitucional.

En la decisión del TC (cuya sentencia se conocerá en su integridad en los próximos días) ha pesado sobremanera el «inequívoco» rechazo a la violencia recogido en los estatutos de Sortu, una declaración que para la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que se oponían a la demanda de amparo de Sortu, era meramente cosmética. Pero el Alto Tribunal considera que la resolución del Supremo que apartó de la carrera electoral a la formación abertzale vulneró el derecho de asociación de los recurrentes, por lo que declara nulo el auto de la Sala del 61 de 30 de marzo de 2011, reconociendo el derecho de Sortu a inscribirse como partido político sin más dilación.

«Estrategia de engaño»
Ese auto del Supremo también fue polémico, pues frente a los nueve magistrados que lo avalaron, otros siete votaron en contra, y sus argumentos fueron esgrimidos precisamente por el abogado de Sortu, Iñigo Iruin, en su demanda de amparo ante el TC, al igual que la resolución del Alto Tribunal sobre Bildu.

La Sala del 61 concluyó que el rechazo de la violencia de Sortu formaba parte de una «estrategia de engaño» orquestada por ETA para burlar la ilegalización y conseguir estar presente en las instituciones a través de esa «técnica de desdoblamiento». Para el Alto Tribunal no había dudas de que fue la banda terrorista la que había «gestado, alentado y tutelado la estrategia de Batasuna de crear un nuevo partido político».

Los siete magistrados de la Sala del 61 que firmaron el voto particular (entre ellos Juan Antonio Xiol Ríos, que a partir de hoy será presidente en funciones del Supremo si finalmente Carlos Dívar presenta su dimisión) calificaron sin embargo la decisión de sus compañeros de «ilegalización preventiva.
 

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