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sábado, 25 octubre 2014
04:35
Actualizado a las 

La Razón

Seis meses de Gobierno

6 meses decisivos para España

  • > El Gobierno ha tomado decisiones a un ritmo sin precedentes tras llegar al poder en diciembre. > Antes del verano endurecerá el Código Penal contra el fraude laboral y fiscal.  > La Ley de transparencia  y las nuevas tasas judiciales están también en la agenda inmediata

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Madrid - En seis meses de Legislatura el Gobierno ha tenido que tomar decisiones y moverse a un ritmo sin precedentes en la democracia. Y quizás el mejor símbolo de esta situación legislativa excepcional, acorde con una situación económica también excepcional, son los Presupuestos Generales del Estado. Casi al tiempo de acabar la tramitación parlamentaria de los de este ejercicio, con el mayor recorte de gasto público de la democracia, el equipo económico tiene ya que embarcarse en los del siguiente, con la carga añadida de que la Unión Europea exige que se hagan con prospección para los dos próximos años.

En estos seis meses la batalla más importante que ha tenido que librar el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha estado en el exterior, como «administrador» de una hacienda en la que el balance descuadraba en la mayoría de sus capítulos. Su problema es que fuera tienen perfectamente identificadas todas las faltas de España y para arreglarlas necesita tiempo y ayuda externa. «La buena imagen y la confianza en un país se pierden de un día para otro, y recuperarlas puede costar muchos años», explica un veterano diputado, ex colaborador de José María Aznar en su etapa de Gobierno.
 
El principal reto del Ejecutivo es convencer a la comunidad internacional de que una vez encaminada la solución para el sector financiero, todos los demás problemas quedan también encarrilados. No es fácil, como admiten en Moncloa, porque cumplir  con el objetivo de déficit en este escenario de recesión y caída de los ingresos cada vez se está haciendo  más cuesta arriba. Y de eso se ha dado cuenta la propia Comisión Europea cuando abrió la mano a relajarlo a cambio de que España siguiera su catálogo de nuevas «recomendaciones».

El Gobierno está a punto de contar con la cifra de cierre de mitad de ejercicio, que previsiblemente confirmará que el déficit no cuadra tanto como debería cuadrar a estas alturas del año. En julio presentará su techo de gasto (y ahí podrá haber novedades sobre las perspectivas de déficit), y ya en septiembre oficializará el Programa de Estabilidad, que le ha reclamado la UE, y también los nuevos Presupuestos, en los que habrá reformas impositivas y un nuevo importante paquete de ajuste en el gasto público.

Según informaron fuentes solventes a este periódico, la agenda del Gobierno de aquí a septiembre está ya prácticamente cerrada. En unas semanas marcadas por las presiones sin precedente sobre la deuda soberana, y por la complicada negociación con las instituciones comunitarias sobre las condiciones financieras de la ayuda a la banca, en Moncloa venden confianza y tranquilidad. Cierto es que ésa es la imagen que han trasladado hasta en los peores momentos vividos hasta ahora, en los que el nerviosismo sí ha llegado a ser evidente en otros ámbitos del Gobierno. Esa confianza y tranquilidad implica ratificarse en su decisión de mantener su hoja de ruta, con independencia de las presiones de Bruselas y del Fondo Monetario Internacional (FMI) para que el Ejecutivo acelere la subida del IVA o nuevos recortes. Que muchas de esas «recomendaciones» acabarán por ejecutarse no lo niegan, pero la clave está en el manejo de los tiempos.

En los próximos meses se confirmará el resultado de esta estrategia de negociación que responde a una decisión personal de Rajoy de resistir y resistir, igual que hizo en la oposición para manejar cada una de sus batallas más cruciales en clave interna o en su posicionamiento frente a las cuestiones que entonces marcaban la agenda política. Su arma sigue siendo la misma: cuanto más silencio, mejor; y esperar a ver si es el adversario, en este caso la «troika», el que acaba dando un paso en falso o cediendo. «También el tiempo pondrá las cosas en su sitio y dejará ver el balance final de este regateo», comenta un alto cargo del Gobierno. El partido se libra estos días en la negociación sobre el sistema financiero, y la impresión que vende el Ejecutivo es que las condiciones serán "muy favorables", y que, incluso, si después se mejoran los mecanismos y llega a aprobarse la ayuda directa a la banca, tendrán oportunidad de apuntarse a ese nuevo procedimiento.

En medio de todos esos frentes abiertos, la agenda del Gobierno para los Consejos de Ministros de julio incluye la reforma del Código Penal para endurecer la persecución del fraude fiscal y laboral; la aprobación de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, el proyecto estrella de Vicepresidencia, y que también implicará una reforma penal para castigar a los malos gestores; y la ley de nuevas tasas judiciales. En julio el Consejo de Ministros también verá en primera lectura un informe sobre la reforma de la Administración Pública y las duplicidades en el ámbito local, pero el debate fuerte quedará pendiente para septiembre. Y para ese arranque de curso se preparan novedades judiciales en materia de seguridad jurídica y sobre unidad de mercado. En cuanto a la anunciada Ley de Emprendedores, el Ejecutivo sólo precisa que sigue trabajando en ella. También les falta encontrar el momento político, e internacional, oportuno para aprobar la ayuda a la deuda de las comunidades autónomas, que se están quedando sin posibilidades de colocarla en los mercados.

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