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lunes, 28 julio 2014
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La Razón

Andalucía

La Junta se «venga» de los regantes que denunciaron irregularidades

  • Amenaza con un proceso de reintegro de la subvención tras llevar el caso a la Fiscalía

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El consejero de Agricultura, Luis Planas, en el último Pleno del Parlamento
El consejero de Agricultura, Luis Planas, en el último Pleno del Parlamento

SEVILLA- La Comunidad de Regantes de las Marismas denunció el pasado viernes ante la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente las presiones que ha sufrido por parte de cargos de la Administración regional para tapar las presuntas irregularidades cometidas en el proceso de modernización de regadíos de su comunidad y que han puesto en conocimiento de la Fiscalía de Sevilla, del Ministerio de Agricultura y de la Oficina contra el Fraude de la Unión Europea (OLAF). En un escrito remitido al departamento que dirige Luis Planas y al que ha tenido acceso este periódico, señalan que tras solicitar de manera infructuosa varias reuniones con la anterior dirección general de regadíos, el 26 de septiembre de 2011 les atendió el Jefe de Servicio, que les conminó para solventar los problemas a «que se haga obra, engañando a los regantes si es necesario».

Este trámite se produce después de que el mismo jefe de servicio les notificara el 4 de junio que iba a iniciar la tramitación de una propuesta de resolución por pérdida  de la subvención de 40 millones de euros concedida por el Instituto Andaluz de Reforma Agraria en 2004 tras incumplir el plazo de ejecución de obras, que, tras la concesión de una prórroga, expiró –argumenta– el 30 de mayo de 2012.

Se da la circunstancia de que la notificación está fechada el 4 de junio, día en el que este periódico informó de que el presidente de los comuneros había trasladado al Ministerio Público presuntas irregularidades detectadas durante el proceso de modernización de regadíos. Además, la comunidad de regantes alega que casi dos meses antes –el 27 de abril–, dirigió una carta a la dirección general de regadíos en la que solicitaba una ampliación del plazo otorgado para la finalización de las obras. El motivo: la imposibilidad de llegar a un acuerdo con la primera empresa adjudicataria –Befesa– y la necesidad de adaptarse al nuevo cronograma presentado por la empresa de ingeniería Ayesa, que tras un examen pericial detectó graves deficiencias. Reclamaban «una ampliación suficiente del plazo otorgado para la finalización de las obras de modernización», que, según los cálculos, sería el que sigue: tres meses para la redacción de un nuevo proyecto; otros tres para su publicación, licitación y adjudicación; y dos años para finalizar correctamente los trabajos.

Esta petición ni tan siquiera ha sido contestada por la Consejería de Agricultura, que ha reaccionado con la amenaza de iniciar un proceso de reintegro, que ocasionaría el abandono del proyecto y un largo proceso judicial. En este sentido, hay que recordar que un dictamen del despacho de abogados de Manuel Clavero Arévalo ve responsabilidad en la Administración andaluza, ya que en todo el proceso ha contado con una persona que ha inspeccionado las obras y ha firmado las certificaciones, dándose la circunstancia de que se ha dado el visto bueno a unidades de obra que no se habían ejecutado: es decir, se ha pagado dinero por actuaciones inexistentes. Un informe de la ingeniería Ayesa ha detectado 6,6 millones  aprobados por la Junta y que la dirección de obra constata que no se ejecutaron, a los que hay que añadir 1,1 millones correspondientes a la última de las certificaciones, la número 39.

La directiva de los comuneros advierte a los responsables actuales de la Consejería que «la retirada de la subvención dejaría en la más completa ruina a los agricultores, hundiendo el sector agrario de esta comarca, que se enfrentaría a los 60 millones de euros que le reclama Befesa, más aproximadamente 36 millones de reintegro de las subvenciones, más 23 millones del préstamo que hay que devolver a la Caixa, en total, más de 119 millones incluyendo otros gastos incurridos y por devengar (...) con el conflicto económico, jurídico y social que va a suponer para la comarca y para el campo andaluz». Los más de 900 regantes que componen la comunidad pertenecen a los términos municipales de Los Palacios y Villafranca –todos los partidos del Ayuntamiento apoyaron su causa el viernes–, Utrera, Las Cabezas de San Juan y Dos Hermanas.


DOS POSTURAS ENFRENTADAS
- LO QUE DICE LA JUNTA
Alega incumplimiento de plazos y reclama el dinero

- «Una vez concluido el plazo en la Resolución sin que su comunidad de regantes haya aportado justificación alguna ni haya informado de la licitación del proyecto que mencionaba en su solicitud de prórroga y previo a la tramitación de una propuesta de resolución por pérdida de la ayuda del expediente en cuestión, de conformidad con lo establecido en el artículo 84 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, se le concede un plazo de 15 días para que alegue lo que considere oportuno para la defensa de los intereses de su comunidad».

- LO QUE DICEN LOS REGANTES
Pide que se investigue el posible pago de comisiones

- «Las conclusiones del informe técnico de Ayesa, las del dictamen del profesor Don Manuel Clavero Arévalo, la actitud de la Consejería de Agricultura y las amenazas del representante de Befesa sobre la existencia de pagos de comisiones a personas que han intervenido en las obras del proyecto de modernización, han llevado a la actual Junta de Gobierno a tomar la decisión de poner en conocimiento de la Fiscalía de Sevilla todos los hechos. Además de la Oficina de Lucha contra el Fraude la Unión Europea, el Ministerio de Agricultura y ante la Policía Judicial».

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