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martes, 02 septiembre 2014
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La Razón

Reportajes

Se vende la vida de los otros

  • Los Mossos desarticulan una red formada por funcionarios, miembros de las Fuerzas de seguridad y detectives que hacía negocio con información confidencial
     

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La información secreta está muy bien pagada
La información secreta está muy bien pagada

A día de hoy ya se han realizado 46 registros en toda España, se ha detenido o implicado a 135 personas y estas cifras podrían seguir aumentando en los próximos meses, puesto que el caso sigue abierto. Sin embargo, fuentes de la investigación aseguran que, aunque la trama de compraventa de datos confidenciales destapada en España a principios de mayo en el marco de la «Operación Pitiusa» es la mayor «que ha aflorado jamás en España y en Europa, se trata sólo de la punta del iceberg». Y es que el alcance y la cantidad de información que manejaba esta organización dedicada al tráfico de datos personales es incalculable. «Debía llevar años funcionando para llegar a ese volumen».

Se trataba de una tela de araña bien tejida y de la que principalmente formaban parte detectives, funcionarios e intermediarios. Así, un cliente, que podía ser desde un banco que investigaba a sus clientes, una empresa que quería saber más sobre sus empleados o sobre la competencia, hasta un abogado en busca de información que podría resultar determinante en un juicio, acudían a un investigador privado para solicitarle una información totalmente confidencial relativa a terceras personas o empresas. Éste entonces recurría a los llamados intermediarios, los cuales tenían diversos contactos en las administraciones públicas y empresas, principalmente de telefonía, quienes, a cambio de una cuantía económica, les facilitaban la documentación requerida, como declaraciones de la renta, antecedentes policiales, datos de tráfico o del catastro, historiales laborales, extractos telefónicos… Incluso, en ocasiones, esos mismos intermediarios (que normalmente se dedicaban única y exclusivamente a ésto y solían estar especializados en un tipo de información concreta, por lo que estaban todos ellos interrelacionados entre sí) se hacían pasar por doctores para conseguir así expedientes médicos.

30.000 euros
En algunos casos, los propios detectives «puenteaban» a los intermediarios y eran ellos mismos quienes conseguían la información confidencial a través de sus propios contactos. De cualquier forma, cada uno de estos pasos hacia la información deseada suponía una comisión, con lo que finalmente el cliente podía llegar a pagar hasta 30.000 euros por un informe completo. Tal y como aseguran fuentes de la investigación, «la trama manejaba mucho dinero». De hecho, un funcionario podía llegar a sacarse con esta práctica ilícita entre unos 5.000 y 10.000 euros mensuales. Y es que, a modo de ejemplo, sólo del INEM podían salir semanalmente y de forma ilícita los datos de unas 3.000 personas. Los pagos se solían hacer a través de cuentas bancarias de familiares o bien directamente en metálico.
Era tal la impunidad de la que creían gozar los miembros de la trama que no era extraño que se citaran en lugares públicos como parques, bares, o parkings subterráneos para ejecutar los cobros en «cash».

Paralelamente a este entramado donde los funcionarios públicos tenían un papel protagonista, la organización también trabajaba sobre otras dos vertientes. Por un lado, la del espionaje puro y duro, con micrófonos ocultos, escuchas y demás; por otro, la de los «hackers».

En este último supuesto, se ponían en contacto con empleados de empresas informáticas subcontratadas por grandes compañías y multinacionales para que éstos les permitieran el acceso o les facilitaran datos sobre el correo electrónico o los documentos almacenados en el disco duro de empresas competencia del cliente o de los propios empleados del cliente.

Con este panorama, no es extraño que por ahora se haya contabilizado un total de 135 imputados o detenidos, de los cuales cerca de la mitad son de Madrid y Barcelona, donde se concentra la mayor parte de la actividad de los detectives privados, pero también los hay en Santander, Bilbao, Zaragoza, Badajoz, Jaén, Sevilla… La mayoría de ellos, casi medio centenar, serían detectives y habría también una treintena de funcionarios y unos quince agentes de la Guardia Civil, los Mossos d'Esquadra y la Policía Local implicados. El resto serían intermediarios y 15 o 20 clientes, entre los que se encuentra algún integrante de un importante bufete de abogados o miembros de destacadas multinacionales, acusados de cohecho impropio.

El origen de todo
La investigación arrancó en marzo de 2011, cuando alguien advirtió sobre la posibilidad de que un policía local de Santa María de Palautordera (Barcelona) Sergio C. , estuviera sincronizando su función como agente con la de detective privado, algo que no está permitido. A raíz de ahí, se inició un seguimiento al agente y se comprobó que éste hacía vigilancias y otro tipo de actividades propias de la investigación privada. Incluso se le llegó a ver protagonizando intercambio de sobres y documentación.

Con esta información, se requirió una autorización para llevar a cabo escuchas telefónicas y a partir de ahí la Policía Nacional fue tirando del hilo hasta desarticular la organización. Precisamente, a raíz de la investigación a Sergio C., se decidió bautizar la operación con el nombre de «Pitiusa», ya que el policía local destinaba el dinero que conseguía recaudar con esta actividad ilícita a la compra de propiedades en Ibiza.

 

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