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lunes, 20 octubre 2014
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La Razón

Tribunales

El Gobierno eliminará la elección de jueces del TSJ por los Parlamentos autonómicos

  • Si Blanco va en las listas del PSG y resulta elegido, el ex ministro esquivaría al Supremo y se iría al tribunal gallego

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Si Blanco vuelve a la política gallega, el Supremo dejaría de investigarle por el «caso Campeón»
Si Blanco vuelve a la política gallega, el Supremo dejaría de investigarle por el «caso Campeón»

MADRID- El Gobierno no quiere que existan en los tribunales superiores de Justicia (TSJ) magistrados designados por los parlamentos autonómicos, un factor de politización al que quiere poner coto. Por eso, se propone suprimir tal opción en las salas de lo Civil y Penal de los TSJ, con lo que dejará de existir el magistrado por designación autonómica, según confirmaron a LA RAZÓN fuentes gubernamentales.

Esta modificación se incluiría en la próxima reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la que trabaja el Ministerio de Justicia y donde se reflejará igualmente una modificación sustancial del Consejo General del Poder Judicial, con la que se pretende alejar de cualquier lucha partidista al órgano de gobierno de los jueces.

En la legislación vigente se prevé que en las salas de lo Civil y Penal de los tribunales superiores de Justicia, encargadas de juzgar a los aforados autonómicos –entre otros, los diputados de los parlamentos regionales–, una de cada tres plazas se cubra entre juristas de reconocido prestigio con más de 10 años de ejercicio profesional en la comunidad autónoma en cuestión, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, pero entre una terna elegida por la Asamblea Legislativa, es decir entre tres candidatos que han contado previamente con el «favor» de los principales partidos políticos allí representados.

El CGPJ se puede negar a nombrar a un magistrado de esa terna, tal como ocurrió en 2005, cuando rechazó a los tres candidatos del Parlamento vasco para cubrir una vacante en la Sala del TSJ que en ese momento se encargaba de resolver las cuestiones relacionadas con el «caso Atutxa», aunque posteriormente se inclinó por uno de los candidatos.

El objetivo del Ministerio de Justicia es que la previsión desaparezca de plano, de tal forma que los cuatro magistrados de las salas de lo Civil y Penal sean designados por el mismo sistema, es decir, directamente por el Consejo General del Poder Judicial, primando exclusivamente los requisitos de mérito y capacidad y con las mismas condiciones que para los otros tres magistrados de la Sala. Este cambio no atenta, según las fuentes consultadas, contra las competencias autonómicas recogidas en los respectivos estatutos, dado que éstos se remiten, en lo que afecta a esta materia, a lo que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por tanto, bastaría con modificar el enunciado del artículo 330.4 de esa norma para evitar que los partidos intervengan de forma directa en la elección de un magistrado de la Sala que instruye y juzga a los aforados regionales.

De hecho, al ser cuatro quienes integran la Sala, uno de ellos será siempre el instructor contra cualquier causa que se abra respecto a alguien que tenga ese fuero especial y los otros tres formarán el tribunal de enjuiciamiento. Por tanto, el juez propuesto por el Parlamento autonómico o bien instruye la causa o bien forma parte del tribunal que debe dictar sentencia, con la posibilidad de que el aforado pertenezca al partido que lo avaló.

Esto podría suceder, por ejemplo, si el dirigente socialista José Blanco, imputado por el Tribunal Supremo en el conocido como «caso Campeón», decidiera presentarse a las próximas elecciones autonómicas de Galicia y resultara elegido. En ese mismo momento, la causa se remitiría al Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que sería el competente para continuar con la instrucción. Uno de los integrantes de la Sala de lo Civil y Penal del TSJ fue designado por el CGPJ entre la terna que presentó el Parlamento autonómico y estaba avalado por el PSOE. A ese juez le correspondería instruir la causa, y por tanto, decidir si la archiva o le manda a juicio, o integrar el tribunal enjuiciador.

 

Políticos aforados en el «caso Gürtel», «Campeón» y la «trama de los ERE»
- A un mes escaso de las elecciones del 22 de mayo de 2011, los tres diputados de la Asamblea de Madrid imputados en el «caso Gürtel» entregaron su acta parlamentaria. El ex consejero de Deportes Alberto López Viejo; el ex portavoz adjunto Benjamín Martín y Alfonso Bosch renunciaban así a su condición de aforados.
- El «senador de la sauna», Casimiro Curbelo, dimitió en julio de 2011  para evitar «privilegios» por ser aforado.
-Los diputados Pablo Cobián (PP) y Fernando Blanco (BNG), implicados en el «caso Campeón», perdieron su condición de aforados al dimitir. El ex ministro de Fomento José Blanco anunció su retirada de la política, pero no su acta de diputado, para seguir aforado, en diciembre de 2011.
- La supuesta implicación de Manuel Cháves, Gaspar Zarrías, José Antonio Viera y José Antonio Griñán en el «caso de los ERE» llevaría el proceso al TS y al TSJA por tratarse de aforados.


 

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