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sábado, 01 noviembre 2014
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La Razón

Columnistas

Los miserables del «blue gold» por José Clemente

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Uno de los grandes asuntos al que debía hacer frente el PP a su llegada al Gobierno era el de acabar con los reinos de taifas en relación al decimonónico problema del agua. Un bien común de todos los españoles, por no decir el más importante, no podía continuar siendo el motivo central de la llamada «guerra del agua», que pusieron en marcha los socialistas con el acoso y derribo primero de Josep Borrell (proponía la puesta en marcha de trasvases y la conexión de las cuencas), y, después, con la derogación del trasvase del Ebro que mayores apoyos había suscitado desde la época de Indalecio Prieto. Y más, tratándose no sólo de un bien común de interés general, sino de una competencia plena del Estado jamás trasferida a las comunidades autónomas. Por ambas razones, o individualmente por cualquiera de ellas, el agua era y sigue siendo un motivo prioritario en la agenda de todo Gobierno que se precie, al que se le exige, además, su urgente e inaplazable intervención para evitar que dicho problema se eternice. En los primeros cien días del gobierno de Mariano Rajoy, el presidente acometió una serie de medidas que indicaban el buen tono y la buena dirección emprendida para encarar ese espinoso asunto al colocar al frente del negociado a un hombre como Arias Cañete, experto en la materia, conocedor de las distintas sensibilidades e intereses en el mundo del agua y, lo más importante, un hombre declaradamente convencido de que hay agua de sobra para todos y que la misma debe repartirse entre quienes la tienen en abundancia y quienes la necesitan como el aire que respiran. Cañete fijó como fecha para recuperar el consenso entre las cuencas y las comunidades de regantes para elaborar un nuevo Plan Hidrológico Nacional (PHN) el año 2013, es decir, a mitad de legislatura, siempre que no aparecieran nuevos problemas o conflictos que obligaran a su demora. Y es aquí, precisamente aquí, donde se encuentra el nudo gordiano de todo este asunto. Me refiero, claro está, a que las comunidades de regantes más díscolas con el futuro PHN, siguiendo instrucciones de sus respectivos gobiernos autónomos, están frenando «sotto voce» y por debajo de la mesa el nuevo proyecto gubernamental, primero retrasando la elaboración de los planes de cuenca con nuevos estudios para contemplar los llamados «caudales mínimos de paso», y, después, tratando de establecer «reservas hidrológicas», o dicho de otro modo, incluyendo en esos planes de cuenca los sobrantes que deberían ir a otros territorios. Con este subterfugio evitarían los famosos trasvases al tiempo que retrasarían, al menos durante esta legislatura, que el Congreso de los Diputados aprobara el nuevo PHN. Por eso el Gobierno debe ser inflexible con esas comunidades, de modo que se cumpla el plazo previsto sin demora ni justificación alguna. Uno puede entender que se suba la tarifa del agua para riego, como sube la luz, se recortan los salarios o nos apretemos todos el cinturón. Lo que no se entiende es que Murcia la pague más cara que nadie, pese a ser la comunidad más ahorradora y mucha de esa agua se convierta en PIB al acabar su ciclo en producto para la exportación. Es injusto que se nos maltrate por el agua, la paguemos a precio de «blue gold», abastezcamos el 20 por ciento de gasolina de toda España y los miserables nos nieguen después el agua que necesitamos para vivir.

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