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miércoles, 03 septiembre 2014
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La Razón

Finanzas

España ha recaudado desde el año 2007 60000 millones de euros menos

  • Montoro detalló ya en el Consejo de Política Fiscal de mayo a las comunidades la dramática situación de las arcas públicas ante la caída de ingresos por la crisis

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El ministro Montoro, tras intervenir en el Congreso
El ministro Montoro, tras intervenir en el Congreso

MADRID- Las autonomías están desesperadas. Prácticamente no cuentan con liquidez para realizar pagos no presupuestados ni para afrontar imprevistos. Y, además, se enfrentan de aquí a finales de año con vencimientos de deuda por un importe escalofriante de 15.000 millones de euros. Las sucesivas actas de las reuniones del Consejo de Política Fiscal y Financiera celebradas este año ponen de manifiesto la angustia de las consejerías de Hacienda a la hora de cuadrar sus números para cumplir el objetivo de déficit recortando todo tipo de gastos. Angustia que se ha traducido en fuertes tensiones como en el encuentro del pasado jueves. Uno de los epicentros del problema es la dramática caída de la recaudación tributaria sufrida por todas las administraciones como consecuencia del desplome del consumo y del cierre masivo de empresas.

En la reunión del Consejo, celebrada 17 de mayo y previa a la del pasado jueves, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ofreció la cifra maldita a sus homólogos autonómicos: España cuenta con 60.000 millones menos –seis puntos de decrecimiento– por este concepto desde el origen de la crisis, en 2007. «Esto nos ha llevado a que tengamos un problema de financiación en términos de lo que significan los ingresos sobre el nivel de PIB; nos hemos quedado en un rango en el que no hay muchos países en el mundo desarrollado, es un rango del 35%. Por tanto, todos tenemos un problema de ingresos tributarios. Por eso decía que la prioridad es salir de la crisis y recuperarnos y a partir de ello, trabajar en términos de lo que debe ser esa financiación autonómica, pero el problema es que si no subes este nivel no sé de qué estamos hablando porque, insisto, ha bajado seis puntos del PIB». La descriptiva declaración de Montoro fue el corolario de un encuentro en el que todos y cada uno de los consejeros autonómicos describieron el arduo esfuerzo de sus territorios para encontrar nuevos nichos de ahorro con los que cuadrar sus números.

Las ocho con «tarjeta amarilla»
La consejera de Hacienda andaluza, Carmen Martínez Aguayo, se enfrentó con el Gobierno por 500 millones de euros, tras recortar ya 2.700 millones. Después de un tira y afloja, la cantidad en liza quedó fijada en 222 millones. La Junta ofreció incrementar el ahorro en gasto en 300 millones que no estaban incluidos en el plan económico financiero. ¿Cómo? «Mediante inversiones que no se van a acometer o que se van a reprogramar», explicó Martínez Aguayo.
El catalán Andreu Mas-Colell detalló el tercer ajuste desde 2011 y los sectores afectados: sanidad, educación y salarios públicos. Hacienda cifra el importe global del ajuste en 4.451 millones de euros. 

El ajuste que presentó la Comunidad Valenciana tampoco se quedó atrás. José Manuel Vela lo cifró en 2.260 millones, de los que 1.143 procederán de la reducción de gastos y 1.116 millones de ingresos. Además, avanzó la supresión de la carrera profesional en Sanidad y los sexenios docente, y la reducción de la jornada laboral de los interinos.

Por su parte, el extremeño Antonio Fernández remarcó que para lograr el objetivo de recortar 549 millones «hemos acudido a todas las medidas posibles». Entre ellas, la rebaja del salario de los altos cargos y la amortización del 50% de los puestos de libre designación.

Aragón anunció un ahorro de 50 millones en telefonía en cuatro años. Su consejero, José Luis Saz Casado, se adelantó la rebaja de los «moscosos» pluses vacacionales y ampliación del horario de los funcionarios, así como la supresión de todos los alquileres que se pagaban y medidas de ahorro energético.

La reactivación del impuesto sobre el patrimonio y el aumento del impuesto sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente, centró las propuestas del murciano Juan Bernal Roldán, quien además anunció la venta de patrimonio por valor de 150 millones, un ahorro de 93 millones en Sanidad y la reducción del sueldo de los altos cargos.

Castilla-La Mancha expuso sus planes –racionalización del gasto público y la colaboración público-privada–, pero su consejero, Arturo Romatí, remarcó la dificultad de la tarea, al partir en 2011 de un déficit de 2.789 millones. La consejera riojana, Concepción Arruga, también  confió en ahorrar 44,8 millones.

Pese a estos planes, ninguna de estas ocho comunidades pasó el corte y en el Consejo del pasado jueves fueron amonestadas por Montoro, que les sacó la «tarjeta amarilla» por no avanzar en la consecución del objetivo del 1,5% de déficit para el presente ejercicio. 

Las que se acercan al 1,5% de déficit
Se salvaron Asturias, cuyo consejero presumió de superávit; Cantabria, con ajustes en la Administración, Sanidad y Educación; Canarias, con un plan de ahorro de 800 millones, el 12% del presupuesto; Madrid, con medidas de contención del gasto farmacéutico, subida de tarifas del transporte, reducción de subvenciones y venta de inmuebles; Castilla y León, con un plan de 590 millones; Baleares, con un ahorro estimado de 350 millones; Navarra, cuyo consejero enumeró las medidas impositivas; y Galicia, con el objetivo de contener el gasto por importe de 150 millones, un ahorro en empleo público de 80 millones, y otro en gasto sanitario de 90 millones.
 

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