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miércoles, 17 septiembre 2014
19:00
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La Razón

Interior

La Asociación Pro Guardia Civil critica los ajustes del Gobierno

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Ante la publicación del Real Decreto Ley de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y aumento de la competitividad y algunas informaciones aparecidas en estos días, APROGC, como Asociación Profesional de guardias civiles que tiene entre sus obligaciones, la defensa de los intereses sociales, económicos y profesionales de sus afiliados, en relación con la grave situación a la que nos han abocado como funcionarios del Estado español, emite el siguiente comunicado:

1.- En APROGC, como no puede ser de otra manera, rechazamos los recortes impuestos por el Gobierno que afectan a los guardias civiles como funcionarios del Estado Español. Entre esos recortes se encuentra la retirada de la paga extraordinaria de Navidad. Los guardias civiles, como el resto de funcionarios, volvemos a ser los que pagamos los platos rotos de una situación en la que nada hemos tenido que ver, y a la que hemos llegado por la inadecuada gestión de una clase política cada vez más alejada de los ciudadanos. Sorprende el llamamiento del Presidente del Gobierno a los representantes del pueblo (Senadores y Diputados) para que se sumen a las medidas de supresión de la paga extraordinaria de Navidad. Hay que recordar que la supresión de la paga extra se une a otras medidas económicas que han castigado la economía de los funcionarios públicos, como la congelación salarial y la subida de sueldos en porcentaje inferior a los índices de precios al consumo, que ha determinado que en los últimos doce años, los guardias civiles hayan perdido más de un 25 % de su poder adquisitivo. El funcionario lo es por méritos propios y justos, ganó su puesto de trabajo con gran esfuerzo personal y de su entorno, y lo ejerce con profesionalidad; no todos pueden presentar esto como aval. Durante los años de bonanza económica nadie se acordó de nosotros pero ahora nos convierten en el chivo expiatorio, alguien en quien apuntar y descargar las culpas y las iras. El funcionario no es ni un vago ni un ladrón; trabaja, paga también sus impuestos, y sirve a la comunidad. El gobernante condena al ciudadano a ser la víctima que pague los platos rotos de administraciones y entidades despilfarradoras, inútiles, desproporcionadas, mal gestionadas y peor supervisadas. Es posible que lo que haga falta sea una reconversión del Estado, reformando la estructura económica, política y territorial para, con la experiencia y errores acumulados, dotarnos de un sistema viable donde el ciudadano pueda vivir libremente y con dignidad. La defensa de los intereses de los guardias civiles nos obligan a hablar de cosas mayores, pero las decisiones del Gobierno no modificando lo que no funciona de nuestro país (y todos los vemos cada día) esclavizan a los ciudadanos, y a los funcionarios, y a los guardias civiles. La Asociación Pro Guardia Civil defiende públicamente a los funcionarios, a todos, y no puede admitir que sean los malos de una película que no es la nuestra.

Este ahorro en las arcas del Estado es el chocolate del loro, pero si esta cantidad fuera vital para sanear el Estado, proponemos una partida equivalente y menos injusta: eliminar completamente las subvenciones a partidos políticos, sindicatos, asociaciones profesionales, fundaciones y cualquier otra organización que deberían financiarse de las cuotas de sus componentes, y no con el dinero de todos los ciudadanos. En el BOE del día 16 de julio, un día después de la entrada en vigor del Real Decreto Ley que anuncia los recortes, se publican las subvenciones que se conceden a los partidos políticos con representación en el Congreso de los Diputados correspondientes al segundo trimestre del año, por un importe total de 16.287.257'19 euros.

2.- Quien en estos momentos tiene la obligación de defender los intereses de los guardias civiles, es el Director General, a quien le exigimos máximo esfuerzo en la defensa de los intereses de los guardias civiles. Este es el momento. Está bien que nos elogie en las ocasiones que ha tenido oportunidad, pero los guardias civiles estamos hartos de palabras y promesas incumplidas por muchos gobiernos. Los guardias civiles somos injustamente tratados en relación a otros Cuerpos Policiales. Tenga presente nuestro Director que los guardias civiles, en la gran mayoría de sus actuaciones profesionales, ponen en juego su vida, y la entregan en muchas ocasiones, por lo que honestamente creemos que los guardias civiles deben tener un tratamiento diferente en alguna de las medidas adoptadas para el conjunto de los funcionarios.

3.- Rechazamos cualquier medida de presión, manifestación, protesta, etc. que la Ley no permite a los guardias civiles y apelamos a otras Asociaciones Profesionales de Guardias Civiles y a Sindicatos Policiales, que incluso han pedido la afiliación de los funcionarios (suponemos que con carácter gratuito, dada la situación económica a la que nos vemos abocados), que dejen de aumentar la crispación de unos funcionarios ya de por sí tratados con injusta dureza por éste y por los anteriores gobiernos de este país. Que dejen de aprovechar este escenario para reivindicaciones que nada tienen que ver con esta situación ni con la defensa de los intereses de los guardias civiles.
 

4.- A pesar de toda esta situación, desde APROGC seguimos haciendo un llamamiento a la profesionalidad e integridad de los guardias civiles, lo que será nuestro mejor argumento para reclamar lo que en justicia nos corresponde. Ya lo hicimos en ocasiones anteriores en la que la situación también era difícil, como en la huelga general del pasado 29 de marzo, y respondieron, por lo que les volvemos a pedir, a pesar del monumental enfado que pesa sobre el ánimo de todos nosotros (que nadie olvide que en APROGC todos somos guardias civiles y por tanto, tan afectados como los demás) que den muestra de lo que los ciudadanos esperan de nosotros: seguiremos defendiendo su libertad y seguridad, de acuerdo con el mandato que la Constitución nos impone. Creemos que hay que mantener la calma y demostrar nuestra integridad y profesionalidad y no aumentar el conflicto social con declaraciones que hacen más por "incitar a las masas" que por transmitir tranquilidad precisamente por quienes tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad ciudadana.
Aunque nos hayan traspasado las culpas de la crisis económica, nosotros no vamos a traspasar nuestra irritación y frustración a los ciudadanos, que nada tienen que ver, y que también están siendo maltratados por la crisis económica, por lo que mantendremos el mismo nivel de servicio a la sociedad.
 

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