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sábado, 01 noviembre 2014
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La Razón

Andalucía

La Junta paga 12 millones tras una denuncia por «pirateo» informático

  • Admite el uso irregular de licencias en sus ordenadores

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El consejero de Economía, Innovación y Ciencia, Antonio Ávila, en una reciente comparecencia pública
El consejero de Economía, Innovación y Ciencia, Antonio Ávila, en una reciente comparecencia pública

SEVILLA- La Consejería de Economía, Innovación y Ciencia admite que piratea licencias de software en sus instalaciones. Tras la reclamación de Microsoft Corporation, la Junta ha reconocido este fraude y abonará a la compañía 12 millones de euros. El acuerdo ha sido remitido al Consejo Consultivo para su aprobación. El PP denunció ayer este hecho como muestra del deficiente funcionamiento de la Administración autonómica.
El pasado 26 de marzo, la sociedad presentó una reclamación de responsabilidad patrimonial en la Consejería de Economía «por uso irregular de licencias» en la que solicitaba una indemnización de 12 millones. Antes, ya había advertido de esta circunstancia. Una inspección interna de los responsables del departamento que dirige Antonio Ávila corroboró «la existencia de licencias de Microsoft sin la correspondiente autorización de uso».
Economía encargó a su sociedad instrumental Sadesi –empresa pública que se encarga de gestionar la red de telecomunicaciones y los servicios telemáticos de la Junta– un inventario de los productos de Microsoft que se utilizaban en la Junta sin haber pagado previamente por ellos. Tras la denuncia, la Secretaría General de Innovación y Sociedad de la Información reconoció «el uso no controlado por parte de la Administración de una serie de licencias».
Un análisis de la propia Junta concluyó que con las copias piratas habían dejado de pagar de manera ilegal entre 12 y 27 millones de euros –sin IVA–. La cantidad solicitada por la compañía entraba en el umbral mínimo calculado por la Junta ya que éste había incluido un descuento del 35 por ciento sobre los productos ofertados.
El 3 de mayo, la Junta emitió una resolución estimatoria de la reclamación de la empresa y de mutuo acuerdo firmaron un convenio remitido al Consultivo para su aprobación, extremo que así se ha producido. La conclusión del expediente es que con este pago se solventa una posterior reclamación que pondría «en riesgo» el funcionamiento diario de la Administración.

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