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jueves, 23 octubre 2014
14:21
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La Razón

Iberoamérica

El vía crucis de Carromero

  • El régimen prepara las acusaciones para dejar al joven español en prisión

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El régimen cubano continúa con su guerra de propaganda, preparando el terreno para acusar al español Ángel Carromero de subversivo. La televisión estatal cubana emitió durante la noche del viernes un documental en el que denuncia que Carromero y el sueco Jens Aron Modig, implicados en el accidente en el que falleció el disidente Oswaldo Payá, viajaron a Cuba para ayudar a crear una organización juvenil opositora.
Esta trama es, según la televisión pública cubana, «una conexión de políticas anticubanas y agrupaciones de derecha extranjeras que por dinero y coincidencia ideológica se unieron para derrocar la Revolución». El documental sostiene que Carromero y Modig entraron en La Habana el 19 de julio con visado de turistas, pero «violaron el estatus migratorio al involucrarse en actividades para promover la subversión en la isla». El programa incluye un testimonio grabado de Carromero y Modig en el que éstos explican su relación con Annika Rigo, jefa de la sección de relaciones internacionales del Partido Demócrata Cristiano sueco. «La visita del sueco y el español a Cuba fue parte de una operación organizada por Rigo con el objetivo de traer financiamiento al contrarrevolucionario Movimiento Cristiano de Liberación, que presidía Oswaldo Payá», indica. El propio Carromero explica en el vídeo que recibió dinero y un teléfono móvil de una militante del Partido Demócrata Cristiano sueco, la española Cayetana Muriel, para que los entregara en Cuba.
Esta versión ha sido negada por la familia de Oswaldo Payá, que asegura que los dos jóvenes se encontraban de vacaciones. Pese a ello, el régimen parece empeñado en llevar a cabo sus acusaciones. La abogada cubana Laritza Diversent explica a LA RAZÓN desde La Habana, que «la fiscalía podría tardar entre seis meses y un año en presentar cargos, e incluso más, si alega extensiones. De hecho, no hay limitaciones a este respecto y depende de lo que el Ministerio del Interior prorrogue las investigaciones». «Por otra parte, al tratarse de doble homicidio, y si le acusan de subversivo, Carromero podría enfrentar penas de hasta 15 años», agrega. Todas las fuentes consultadas por LA RAZÓN dudan de la fiabilidad de las declaraciones de Carromero, confinado en «100 y Aldabó» uno de los centros de detención donde la Policía política practica sus interrogatorios. Un lugar donde ordenan y mandan funcionarios de la Seguridad del Estado, expertos en interrogatorios con tortura psicológica.
El abogado cubano Camilo Loret de Mola, quien ha defendido presos internos en este centro, explica a este diario que «es un lugar siniestro por la presión que se ejerce sobre los detenidos. Llegan a reconocer delitos que nunca cometieron con la única esperanza de salir... Era nuestro pan de cada día».
Lo mismo dicen ex presos como Antonio Díaz, del Movimiento Cristiano de Liberación, el cual asegura que «el régimen tien una serie de mecanismos que, sin causarte una sola herida física, es capaz de trabajar en tu mente y transmitirte un mensaje de que estás acabado y solo en el mundo».

El infierno de Aldabo
Pero ninguna declaración establecida bajo presión política tiene el estatus de declaración jurada». Y añade: «Nos confinaban en celdas heladas y luego nos pasaban a otras en las que hacía un calor infernal». Por su parte, Luis Enrique Ferrer, ex preso de conciencia, describe: «Siete guardias me arrancaron las ropas de civil y me pusieron la ropa de preso». En este agujero se encuentra Carromero, sin poder ver a su abogado. Tan sólo el cónsul pudo visitarlo en dos ocasiones. Además, tampoco tenemos imágenes de él, en persona. Únicamente ese vídeo que el régimen le obligó a grabar, entonando el mea culpa. Todo indica que el viacrucis de Ángel Carromero será largo.


Otros presos políticos en La Habana
- Alan Gross
Ángel Carromero podría caer en la misma suerte del contratista norteamericano Alan Gross. En 2010, el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular en Cuba le acusó de «trabajar para los servicios secretos de la inteligencia norteamericana» y en 2011 fue condenado a quince años de prisión por «haber actuado contra la independencia y la integridad territorial del Estado cubano».
- Los cuatro mexicanos
Uno de los últimos casos que más reservas han despertado fue el encarcelamiento de cuatro feligreses mexicanos que acudieron a la isla durante la visita de Benedicto XVI, el pasado mes de marzo. El diario oficialista «Granma», publicó un artículo en el que aseguraba que «ocho jóvenes mexicanos viajaron como turistas al territorio cubano, con el objetivo de incitar al pueblo a protestar en las calles y a tomar las iglesias, distribuir volantes y crear desórdenes en las actividades del sumo Pontífice».

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