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martes, 02 septiembre 2014
03:52
Actualizado a las 

La Razón

El Editorial

Una Sanidad sostenible

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Uno de los errores más comunes es hablar de Sanidad gratuita cuando, en realidad, se trata de un servicio sufragado por los impuestos de todos los ciudadanos que, con el reparto de la carga fiscal, hacen posible su mantenimiento. En España, el sistema nacional de salud es uno de los que mejores prestaciones ofrece y como tal está considerado fuera de nuestras fronteras. Pero su mantenimiento es caro y cualquier desequilibrio puede ponerlo en peligro. Abusos como el turismo sanitario procedente de países con peores sistemas públicos de salud, o simplemente inexistentes; el consumo irresponsable de medicamentos, o la atención a inmigrantes irregulares que, por su condición de tales, no contribuyen a sufragarlo, son algunos de esos factores desequilibrantes a los que hay que poner remedio. No es una cuestión nueva o que no se haya debatido ya fuera de nuestras fronteras. De hecho, como señala el informe de la profesora Carmen González Enríquez, investigadora del Real Instituto Elcano, al que hoy hacemos referencia en LA RAZÓN, todos los Estados europeos, con la excepción de España, aplican normas limitativas al acceso a la Sanidad pública para los inmigrantes irregulares. En algunos casos, como en los de Suecia y Austria, esos límites implican el cierre completo. El objetivo que se busca con ese tipo de normas es doble: por un lado, se trata de contener los costes sanitarios, cada vez más elevados, y por otro,más importante, de desalentar la inmigración irregular, con sus secuelas de explotación laboral y fraude a la Seguridad Social. El Gobierno español, por lo tanto, no va a hacer otra cosa que no se esté haciendo ya en los protocolos asistenciales del resto de los países de nuestro entorno. Cualquier otra consideración raya en la demagogia, cuando no cae de lleno en la manipulación política. Se trata de no crear falsos conflictos. Es evidente que un cierre completo y absoluto del sistema sanitario oficial a los inmigrantes irregulares, en el que la asistencia se trasfiriese a las organizaciones de carácter filantrópico, puede chocar con los derechos universales de las personas o la protección de la salud pública. Ambos casos están convenientemente previstos en la reforma de la actual normativa. Tanto las urgencias hospitalarias como el tratamiento de las enfermedades de transmisión van a permanecer abiertos para todos, y lo mismo reza en el caso de los menores y de las mujeres embarazadas. El resto deberá ser abonado por el usuario, ya sea personalmente o a través de convenios bilaterales con los países de origen del  inmigrante. Se trata, en definitiva, de corregir una situación que se ha hecho insostenible para el sistema nacional de salud y que ha propiciado no pocos abusos. Pero, como no puede ser de otra forma, a nadie se le dejará morir por falta de asistencia.
 

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